La necesidad del ajuste y de las reformas estructurales de la economía de Nicaragua

20 01 2019

Un ajuste económico tiende a ser exitoso si se asegura la reducción del exceso de la demanda interna o de la absorción, es decir, el total de los gastos de consumo (C) e inversión (I), sobre la producción interna de bienes y servicios, o sea, el producto interno bruto (PIB), con especial énfasis de cumplimiento en el ámbito de las finanzas públicas. El recorte del gasto público debería contribuir efectivamente a reducir el exceso de la demanda interna. En el fondo, el objetivo primordial es disminuir las importaciones (M) y aumentar las exportaciones (X).

El ajuste económico, que es una tarea de corto plazo, también es posible si se dispone de un monto adecuado de recursos financieros externos que facilite el apoyo a la balanza de pagos no sólo en el corto plazo sino también en el largo plazo, lo cual deja a entrever el objetivo prioritario de elevar la oferta exportable y garantizar la libre convertibilidad del córdoba.

La reducción de la absorción (C + I), en el caso de la economía de Nicaragua, debería dirigirse por el lado del consumo, principalmente el del sector gubernamental o público, y en menor intensidad por el lado de la inversión tanto pública como privada, lo cual facilitaría la disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones. C e I incluyen los gastos de consumo e inversión del sector privado, o de los hogares, y del sector público o del gobierno general, es decir, del gobierno central y de las alcaldías.

Sobre la base de los datos oficiales de 2018, incluidos en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022, y tomando en cuenta la identidad keynesiana se puede identificar el exceso de la demanda interna sobre la producción interna (en millones de dólares):

PIB ≡  C + I + (X – M)

13296 ≡  12008 + 3323 + (5320 – 7355)

El exceso de demanda interna sobre la producción interna [(C + I) – PIB], que no es nada más que el ahorro externo que financia el déficit comercial de bienes y servicios no factoriales con el exterior (M-X), se representa como

(C + I) – PIB ≡  (M – X)

(12008 + 3323) – 13296 ≡ 2035

Dos mil treinta cinco millones de dólares es el monto del exceso de la demanda interna sobre la producción interna, o del ahorro del Resto del Mundo facilitado a Nicaragua para financiar el déficit de la cuenta de bienes y servicios de la balanza de pagos; en otras palabras, el exceso de los gastos de consumo e inversión representa el 15.3% del valor de la producción interna de bienes y servicios.

Aumentar dichos gastos con un menor acceso del país a los recursos externos sólo producirá inflación. Si la ayuda externa neta (de las amortizaciones de la deuda externa) se reduce, las importaciones también se reducen y las exportaciones tendría que aumentar y, consecuentemente, la absorción o la demanda interna forzosamente tiene que reducirse, a menos que la producción aumente.

Considerando la presencia de la incertidumbre política y la desconfianza de los agentes económicos, porque no se visualiza una solución pacífica y negociada de los problemas políticos y, además, los riesgos políticos externos de la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos, será bastante difícil continuar manteniendo en 2019 ese exceso de 15.3% del consumo y la inversión sobre la producción de bienes y servicios.

Esta situación demandará un ajuste económico, que equivale a decir una reducción del consumo y de la inversión por la caída previsible del ahorro externo, principalmente de los recursos provenientes de la inversión extranjera directa y de la cooperación multilateral. Surgirán preguntas sobre cuáles serían los gastos que deberán reducirse en el Presupuesto General de la República, cuáles serían las actividades económicas que observarían una reducción del crédito y cuál sería la evolución de las tasas de interés y de las tasas tributarias.

Sin embargo, aún con la actual política monetaria contractiva, no se podría devaluar el córdoba debido a la prevalencia de la cláusula de mantenimiento de valor y de los mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial, pero en el hipotético caso de que esos mecanismos desaparecieran, una devaluación en el mercado oficial reduciría el exceso de la demanda interna debido a la reducción del poder adquisitivo de los salarios y, siempre y cuando, no se ajuste “hacia arriba” el gasto público nominal o en precios corrientes para mantener “constante” el gasto publico real previsto antes del momento de la devaluación.

Por otro lado, entre las reformas estructurales de la economía nicaragüense, que es una política de largo plazo, saltan a la vista las siguientes: la reducción del riesgo y de la incertidumbre de los inversionistas; la tributaria, con la eliminación de exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos, la del gasto público para promover promover el ahorrro y crear gradualmente un mayor espacio a la inversión del sector público; la reducción de la inequidad de la distribución del ingreso, con el ánimo de favorecer la inclusión tanto del estado como del mercado; la seguridad social para garantizar su viabilidad financiera; la mejora de la productividad de la economía y de la competitividad empresarial para promover un crecimiento económico sostenible; la normalización del pliego tarifario del consumo de energía eléctrica para contribuir a la disminución de los costos de producción; promover la inclusión financiera y fortalecer el sistema financiero nacional teniendo en cuenta las regulaciones prudenciales de Basilea III y la aplicación apropiada de las pruebas de estrés financiero; y la dolarización oficial o la recordobización de la economía para normalizar la política monetaria del país.

Finalmente, algunas recomendaciones de políticas públicas que merecen cierta atención de parte de todos los agentes económicos y sociales del país: protección del medio ambiente, educación, transferencia de tecnología, fortalecimiento institucional del sector público, mejora de la administración de justicia, aplicación efectiva de las leyes, solución a los nuevos problemas de la propiedad, restablecimiento de una banca efectiva de fomento de la producción y, por supuesto, la responsabilidad social del empresario.

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