Persiste el obstruccionismo del Poder Judicial

4 06 2018

Desde hace 21 meses, continúo denunciando el obstruccionismo del Poder Judicial a mi acceso a la justicia por la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre, quien violó mis derechos humanos al injuriarme y calumniarme públicamente en una forma irresponsable en medios de comunicación pública al tildarme como un defraudador del Estado de Nicaragua desde el 31 de julio de 2008. Dicho sea de paso, la Asamblea Nacional lo mantuvo protegido de mi acusación personal durante 8 años.

Los jueces locales de lo Penal de la Circunscripción Managua María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su carácter de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, magistrados Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Marvin Aguilar y Virgilio Gurdián, también violan mis derechos humanos con su obstrucción a mi acceso a la justicia, así como también los obstruyeron los miembros de dos juntas directivas de la Asamblea Nacional, principalmente los ex primeros secretarios Wilfredo Navarro y Alba Palacios.

Como es de conocimiento público, documenté apropiadamente la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre, el inmune más privilegiado, el impune más famoso y el violador de derechos humanos más connotado de Nicaragua, para denunciarlo en las instancias de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria.

Aunque desistí de mi acusación porque los servidores públicos del Poder Judicial arriba mencionados nunca contestaron mis solicitudes de reanudación de los dos juicios ni mis reiteradas quejas de retardación de justicia, no renuncié a mi acusación porque siempre he tenido la confianza  en que se me hará justicia por todos los daños morales y económicos que ha provocado Eduardo Montealegre, no sólo a mí sino también a los miembros de mi familia, lo cual demostraré también en una forma apropiada.

La Ley debe estar al servicio de la Justicia y nadie en nuestro país puede estar por encima de la Ley.

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