Hay que reducir el riesgo político y evitar el aumento de los riesgos económicos y financieros

22 04 2018

A los riesgos sobre la economía del país, nueve externos y cuatro internos que identificamos para este año, se ha sumado la crisis política interna detonada por la reforma de la ley de seguridad social, que ya afectó la imagen del país y la seguridad física de nuestra nación. Sólo el diálogo propiciará la paz y el entendimiento entre los nicaragüenses. Si la violencia continúa, se robustecerá el caos social.

En septiembre de 2017, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) no pronosticó un auge económico fuerte para Nicaragua, sino que marcó una tasa de crecimiento de 4.4% para la producción de bienes y servicios en 2018, mientras que el Banco Central de Nicaragua (BCN) proyectó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real en el inveterado rango anual [4.5%, 5.0%].

Con lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua, ese pronóstico de COPADES y esa proyección del BCN tendrán que disminuir. ¿Cuánto? No sabemos. En COPADES no previmos los impactos de una reforma de la ley de seguridad social que no tomara en cuenta las observaciones de los agentes económicos que no están representados en las asociaciones de productores ni en los sindicatos -por ejemplo, los trabajadores que tienen seguro facultativo- y, por otro lado, las opiniones de los  pensionados -el jubilado Mario Urtecho, de Ahuacalí, Managua, se preguntaba en un artículo público “desde cuándo las jubiladas salen preñadas” al referirse a la deducción del 5% de las pensiones para cubrir gastos de enfermedad y maternidad-.

Los servidores públicos que participaron en la formulación de la reforma de la seguridad social, que es de interés soberano para los nicaragüenses, tampoco convocaron a las universidades, centros de pensamiento, expertos en seguridad social, economistas, sociólogos, entre otros.

El impacto de esta reforma, que es casi exclusivamente recaudatoria, incrementará los costos de producción en las empresas del sector formal de la economía -al subir gradualmente la tasa de cotización de los empleadores de 19.0% a 22.5%- y, por otro lado, al reducir el poder adquisitivo de los asalariados que cotizan la seguridad social -al subir de una sola vez la tasa de cotización de los empleados de 6.25% a 7.0%, y eliminar el techo salarial sobre el que cae la tasa de cotización -.

También disminuirá el poder adquisitivo de los jubilados, al reducir el monto de la pensión a los futuros jubilados y al deducir el 5% del monto de todas las pensiones por invalidez, vejez e incapacidad para financiar los gastos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en concepto de enfermedad y maternidad-.

Se puede concluir que estas medidas agravarán los problemas microeconómicos de los empresarios y de los consumidores, no obstante que la macroeconomía de Nicaragua está muy bien, pero es muy frágil.

Los aumentos de los costos de producción restarán competitividad a las empresas. Los productos que exporta Nicaragua serán menos demandados en los mercados internacionales, porque sus precios serán mayores al ser comparados con los precios de los mismos productos fabricados en otros países.

El aumento de los costos de producción también afectará a las empresas que destinan sus productos al consumo y a la inversión en el mercado local, porque los precios de los mismos productos de origen importado serán menos caros y de mejor calidad.

¿Cómo enfrentarán las empresas las alzas de los costos de producción? Hay tres opciones: eliminar puestos de trabajo, o aumentar precios o una combinación de las dos anteriores. Es muy probable que se observe la tercera opción, por lo que se incrementarán el desempleo abierto, el subempleo y los precios al consumidor. Se deteriora la confianza de los consumidores. Sólo el 40% de las familias nicaragüenses, con todos sus ingresos, puede adquirir los 53 productos de consumo básico y otros bienes y servicios, pero pocas familias pueden ahorrar.

A manera de ejemplo, sobre la base de datos del período 2006-2017, con el supuesto de que las empresas optaran por la primera opción, las personas afectadas por el desempleo abierto -o sea, las personas que no generan ingresos- y las personas afectadas por el desempleo equivalente vinculado con el subempleo -es decir, las personas que trabajan menos de ocho horas diarias- se incrementarían en 52,000 en el segundo semestre de 2018, 106,000 en 2019 y 27,000 en 2010. En otras palabras, el aumento en puntos porcentuales de la tasa de desocupación global sería 1.42 en 2018, 2.76 en 2019 y 0.68 en 2020.

El mayor riesgo político, que se está manifestando con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, el desorden social, la inestabilidad de las reglas y la potencialidad del conflicto social, ahuyentará a la inversión privada nicaragüense y extranjera, y desacelerará el crecimiento de la producción de bienes y servicios, ya afectado por la descalibrada política monetaria restrictiva del BCN. Se deteriorará la confianza de los productores.

Por todas estas implicaciones de la reforma de la ley de seguridad social aprobada el 18 de abril recién pasado, sugiero al Presidente Daniel Ortega que la retire del diario oficial La Gaceta porque ha reabierto la mesa del diálogo gubernamental-empresarial con el fin de que se encuentre una mejor forma consensuada del acuerdo sobre el INSS.

Hago propicia esta ocasión para sugerir a los servidores públicos que se presenten en esa mesa que la inviabilidad financiera de la seguridad social podría ser contrarrestada principalmente con la reducción de los gastos administrativos del INSS y el traslado del pago de las pensiones reducidas y especiales al Presupuesto General de la República. La reducción del déficit del INSS requiere de una reforma de su gasto corriente, es decir, de las remuneraciones y de la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento burocrático, y de una revisión de su gasto de inversión, del cual el 57% corresponde a participaciones en empresas y el 26% se concentra en préstamos.

También aconsejo al Presidente Daniel Ortega que exija a los servidores públicos, especialmente a sus asesores económicos y a los altos cargos del gabinete económico, que las formulaciones de política económica y de reforma estructural de la economía le sean presentadas con sus impactos o efectos para facilitar la toma de decisiones presidenciales y, consecuentemente, se pueda garantizar el bienestar o minimizar el malestar de la población y, además, asegurar la estabilidad social, que es tan o más importante que la estabilidad macroeconómica.

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