El acceso a la justicia es un derecho humano

1 03 2018

Ocho años, desde agosto de 2008, se mantuvo inapropiadamente escudado en la inmunidad que le confería su cargo de servidor público y fue protegido por altos cargos del Poder Legislativo, entre los que figuran Wilfredo Navarro, Alba Luz Palacios y los miembros de dos juntas directivas de ese Poder del Estado durante el período 2008-2016.

Un año y seis meses, desde el 2 de septiembre de 2016, sin inmunidad cuando fue expulsado de la Asamblea Nacional, hasta hoy continúa siendo protegido por algunos servidores públicos del Poder Judicial, específicamente los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García; el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su carácter de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas; y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial – Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia-, magistrados  Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián.

Me refiero al ciudadano impune Eduardo Montealegre, violador de los derechos humanos, quien me injurió y calumnió en forma escrita en medios públicos al tildarme como defraudador del Estado de Nicaragua el 31 de julio de 2008 y el 11 de febrero de 2011, quien además está acusado por la Fiscalía General de la República por ser coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, y por haber cometido los delitos de fraude y de tráfico de influencias en el caso de la emisión y reestructuración de los Certificados Negociables de Inversión (CENIs) por las quiebras bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001, y en el caso de las subastas de los activos de los bancos liquidados, que provocaron un gran daño al patrimonio nacional.

En suma, 9 años y 6 meses han transcurrido desde que el querellado Eduardo Montelaegre cometió sus presuntos delitos no sólo contra mí, sino también contra mi familia, pero al gozar de la protección de dos Poderes del Estado me veo obligado a continuar denunciando sus presuntos delitos y exigiendo a las autoridades nacionales que no continúen violando mis derechos al debido proceso, ni cometiendo negligencias en el cumplimiento de sus funciones, ni causando retardación de justicia, ni perpetuando la denegación de justicia en mi contra, ni guardando silencio después de que se superaron las fallas del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua, que fue el argumento presentado por los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García para suspender las dos audiencias iniciales, por mi acusación personal contra Eduardo Montealegre, que habían sido programadas para el 2 de septiembre de 2016.

Eduardo Montealegre siempre continuará escuchando mis reclamos a los servidores públicos que lo protegen, porque nadie, mucho menos un presunto delincuente como él, puede estar por encima de la ley. Espero que nuestros servidores del Poder Judicial acaten el imperio de la ley, respeten a los ciudadanos y tengan ética profesional.

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