La transparencia es la enemiga natural de la corrupción

21 01 2018

Según el informe 2016 de Transparencia Internacional, en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) Nicaragua (en el sitio 26) es el tercer país más corrupto de América Latina, sólo por debajo de Haití (sitio 20) y Venezuela (sitio 17). En el mundo, el nivel de percepción de corrupción en el sector público ubicó a Nicaragua en el puesto 145 de un total de 176 países.

Las fuentes de Transparencia Internacional para elaborar la percepción de la corrupción en el mundo son las encuestas y los indicadores para medir la corrupción alrededor del mundo y, además, informes de instituciones internacionales entre las que figuran Foro Económico Internacional, International Country Risk Guide, Economist Intelligence Unit, World Justice Project y Banco Mundial.

Los efectos de la corrupción son devastadores. La desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, la ampliación de la desigualdad de la distribución del ingreso, la inseguridad jurídica de los inversionistas, la caída de la inversión, el mayor tamaño de la economía informal, el menor crecimiento económico, las desviaciones de los recursos públicos, la disminución del pago de los impuestos, la reducción de la eficiencia del gasto del presupuesto nacional, el descuido gubernamental a los grupos poblacionales más necesitados, la imposibilidad de reducir la pobreza, la puesta en duda de la transparencia y eficacia de la justicia, y la impunidad son, entre otros, ejemplos de los efectos de la corrupción.

Siempre he señalado que la lucha contra la corrupción en el sector público se dirige desde arriba hacia abajo, es decir, desde las más altas esferas gubernamentales, y nunca desde abajo hacia arriba, o sea, nunca con las decisiones unilaterales de cada una de las entidades públicas.

Para que la lucha contra la corrupción sea efectiva en el país, debería existir, primero, una voluntad política y una decisión vigorosa contra la corrupción; segundo, una estrategia anti corrupción, con sus políticas y medidas, dirigida desde la presidencia de la República; y tercero, una buena gobernabilidad, o sea, una alta capacidad gubernamental para resolver los problemas políticos, económicos, sociales y administrativos del país con la mayor transparencia posible y la creciente participación de la población.

La transparencia es la enemiga natural de la corrupción. Sin transparencia se fortalece la corrupción, pero es necesario que la prevención de la corrupción sea respaldada por la aplicación de la ley, por el imperio de la ley, así como por los derechos a la libre expresión y a la existencia de medios de comunicación independientes.

El acceso a la información no debería ser violentada por los servidores públicos, que limitan o impiden el acceso a la información, sin la posibilidad legal que los nicaragüenses puedan apelar para que se eliminen esos límites y obstáculos. La más alta autoridad gubernamental del país, acorde con la ley, debe garantizar el libre acceso a la información y erradicar la mala costumbre actual de los servidores públicos de exigir que la solicitud de la información se presente en forma escrita incluyendo el motivo por el cual se solicita. Los servidores públicos deberían ser sancionados por la ley por no entregar la información, que es pública y no es propiedad exclusiva de las instituciones, mucho menos de los servidores públicos. La información pertenece al pueblo.

En la lucha contra la corrupción, a los ciudadanos les compete denunciar las sospechas y las certezas de corrupción y los abusos no sólo en la administración pública sino también en el sector privado. Con este propósito, son fundamentales tanto las declaraciones de bienes antes y después de que una persona ejerza un alto cargo público como los informes de rendición de cuentas en la administración pública, debidamente supervisados y publicados por la Contraloría General de la República, porque fortalecen la transparencia.

Sin embargo, en nuestro medio ambiente se percibe que las denuncias de estos tipos de actos presentan un grave riesgo para los denunciantes, tales como las represalias, el despido de trabajo, la degradación de la dignidad personal, las injurias y las calumnias, por lo cual las políticas anti corrupción deberían contemplar la investigación de los atropellos que sufren los denunciantes de la corrupción.

La transparencia también es necesaria en los nombramientos y la carrera de los altos cargos de la administración gubernamental, porque se debería evitar el favoritismo, el nepotismo, el secretismo, la parcialidad y la falta de idoneidad del candidato a ocupar el alto cargo.

Otro hecho que se observa en nuestro país es el mal uso de la inmunidad que confieren los altos cargos de los Poderes del Estado y de las instituciones públicas a los servidores públicos que los ocupan, entre ellos principalmente magistrados, diputados y ministros.

El servidor público denunciado como corrupto se escuda en la inmunidad y se burla de la ley, del juez y de la nación, y busca la protección de los políticos con el inveterado argumento de la “politización de la denuncia o de la acusación” y, en esta forma, se pone a salvo de su enjuiciamiento penal y obstaculiza la lucha contra la corrupción. En estos casos, la inmunidad promueve la corrupción, por lo cual sería conveniente que las autoridades reflexionen en la reducción del número de beneficiarios de la inmunidad y en que los procedimientos de la suspensión de la inmunidad sean más sencillos y transparentes. También es conveniente que los ciudadanos se reflexionen en la anulación del dogma de que los políticos se protegen entre ellos mismos.

Aún no observamos en nuestro país que un servidor público, denunciado por actos de corrupción o de violación de los derechos humanos, en forma voluntaria se despoje de su inmunidad y se someta a la investigación, el encausamiento y el enjuiciamiento. En esta forma, el corrupto público se convierte en un impune. Combatir la corrupción de alto nivel es también combatir la impunidad.

Un servidor público no es un servido por el público, sino que trabaja para el pueblo y no para sus intereses personales. Los servidores públicos que ocupan los altos cargos de la administración pública no sólo deben tener capacidad y preparación académica requerida, sino también mostrar ética y una gran responsabilidad.

Decíamos al inicio que la transparencia es la enemiga natural de la corrupción, pero también es necesario agregar que la transparencia es el requisito fundamental para mejorar la democracia.

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One response

22 01 2018
Jose

Excelente analisis y es el ejemplo vivo que tenemos en nicaragua. Decir verdades es ser politico de oposicion. Es lo que dice el gobierno de turno. Es vergonzoso ocupar cualquier lugar de corrupto mas con un gobierno que autodenomina cristiano y socialista. Los indicadores habla por si solos de la gestion de este gobierno y como ciudadanos tenemos responsabilidades de revertir el camino escabrozo por donde nos estan conduciendo.

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