El FMI y su propuesta de política fiscal para Nicaragua

9 07 2017

El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó tres riesgos que elevarían el gasto público de Nicaragua, como son la caída del financiamiento petrolero de Venezuela que deja sin financiamiento la reducción de la pobreza extrema, el problema financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que podría elevar la deuda pública interna, y la aprobación de la “NICA Act” que aumentaría los costos del financiamiento externo.

En momentos de crisis, ya sea por choques económicos o políticos externos o internos, la política fiscal es la más proclive a ser enmendada o reformada, presionando por la ampliación de la base tributaria y la consecución de recursos destinados al presupuesto nacional, el fortalecimiento de la administración tributaria, la mejor calidad del gasto público y la contención y disminución del déficit fiscal.

En la declaración final de la Consulta de Artículo IV de 2017, el FMI propone al gobierno de Nicaragua garantizar un déficit del sector público consolidado -es decir, el déficit del gobierno central, las alcaldías municipales, los entes autónomos y las empresas públicas- que no sea mayor del 2% del producto interno bruto (PIB), con el argumento de imprimir una “mayor transparencia y credibilidad de la política fiscal”.

Con esa postura, el FMI redujo en 1 punto porcentual el límite máximo tradicional del desequilibrio fiscal, lo cual podría ser una respuesta a las posibles limitaciones financieras o de la capacidad de endeudamiento del sector público del país, tales como el limitado aprovechamiento del mercado financiero internacional dada la capacidad de pago, o el incipiente desarrollo del sistema financiero local.

Sin embargo, el sector público del país ya se atrincheró frente a la amenaza de la suspensión de la contratación de préstamos multilaterales financiados con recursos estadounidenses, que está contemplada en la iniciativa “NICA Act”, porque el gobierno dispone de suficientes recursos ya contratados con las tres instituciones financieras multilaterales más importantes que apoyan la ejecución de la cartera de proyectos de inversión pública, como son, en orden de importancia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial (BM/IDA). Desde el tercer trimestre del año pasado, Nicaragua emprendió en el BCIE una vigorosa contratación de préstamos no concesionales (que elevarán el costo de la deuda pública) destinados principalmente a la inversión en infraestructura económica, que a la fecha oscila alrededor de US$600 millones no concesionales.

Para enfrentar los tres riesgos del gasto público arriba mencionados, el FMI propone crear en dos años unos amortiguadores o colchones fiscales con un tamaño de 1.6% del PIB, mediante la eliminación de exoneraciones y exenciones fiscales, la racionalización de los subsidios y la puesta en práctica de la legislación tributaria internacional.

Una observación sobre estos consejos del FMI es que los colchones fiscales se confeccionan en tiempos de bonanza o en tiempos sin crisis. De los tres riesgos mencionados por el FMI, la reducción de la cooperación petrolera venezolana ya se concretó; otro, el de la insostenibilidad financiera del INSS ya está previsto o se está gestando; y el tercero, el de la “NICA Act” ya está en camino de ser aprobada en el Congreso de Estados Unidos.

Otra observación sobre el colchón fiscal es que su tamaño de 1.6% del PIB, es decir, US$240 millones en dos años, es insuficiente para enfrentar los riesgos que se podrían derivar de la incertidumbre inversionista privada, principalmente la extranjera directa (IED) que se origina en los países de economía avanzada y que representa el 47% del flujo bruto total de la IED acumulado en el período 1991-2016.

Señala el FMI que, además del alto nivel de evasión tributaria, están exentos del impuesto de valor agregado (IVA) los 53 productos de la canasta de consumo básica, libros, revistas, periódicos, medicinas y, por la Constitución, las universidades, las organizaciones religiosas y empresas sin fines de lucro, y según la Ley de Concertación Tributaria (LCT) aún están exentos los bienes intermedios (materias primas) y de capital de origen importado demandados por las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal.

El FMI sólo propuso mantener el IVA sobre pocos productos básicos que son más consumidos por los pobres, tales como arroz, frijol y maíz, y aplicar una tasa del IVA más baja, 5% en vez del 15%, a ciertos productos (sin identificar) de la canasta de consumo básico. Sin embargo, el FMI obvió que, de acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de VIDA (EMNV), el 62% de las familias nicaragüenses con todos sus ingresos no puede adquirir todos los 53 productos de la canasta de consumo básico, aunque reconoció que “los salarios en Nicaragua siguen siendo los más competitivos de toda Centroamérica”, por ser los más bajos en la región. La competitividad empresarial se logra con más y mejor educación técnica, transferencia de crédito y tecnología, y mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica.

Finalmente, el FMI propone complementar la reducción de las exenciones del IVA con un gasto público más focalizado entre los pobres. Lo que se necesita es una reforma integral del gasto gubernamental, que conduzca a una reducción del consumo público que asegure una política fiscal anticíclica y, si es posible, facilitar, junto al aumento de los ingresos, parte del ahorro presupuestario con el fin de proveer un mayor espacio fiscal al gasto de inversión pública.

El crecimiento económico de Nicaragua, que ha transitado en un rango de 5% a 6% en los últimos tres años incluyendo el que está en curso, aún es insuficiente y menor que el requerido para disminuir el subempleo, el desempleo y la pobreza, debido a la baja productividad de la economía. Junto a una mejor educación y a la creación de puestos de trabajo decentes, se requieren no sólo medidas fiscales sino también monetarias, cambiarias, financieras y estructurales que refuercen el desempeño económico y social del país.

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