El fantasma de la “NICA Act”

25 06 2017

Aunque el fantasma de la iniciativa “NICA Act” ha comenzado a flotar sobre el escenario de la economía nicaragüense, la estabilidad macroeconómica se ha fortalecido en el transcurso de este año gracias a la cooperación internacional recibida por el sector público y a la contracción de la cantidad de dinero que circula en el mercado local.

Esa iniciativa de ley que presentó la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen en julio de 2016 y de nuevo presentada por ella en la Cámara de Representantes en abril recién pasado, alterará más el balance del sector privado que el del sector público, debido a que los riesgos económicos se concentran más en la incertidumbre de los agentes económicos del sector privado, tanto inversionistas como consumidores, que en la indisponibilidad de recursos externos del sector público para financiar su gasto de inversión.

El efecto más grave de dicha iniciativa sería un declive de la inversión extranjera directa, principalmente la proveniente de los países con economías avanzadas, que en la actualidad se ha convertido en la principal fuente de recursos externos del país al relegar a un segundo plano la afluencia de las remesas familiares desde el año de 2011. La susodicha iniciativa también afectará el gasto de consumo de los estratos de la población de altos ingresos, que generalmente ahorra en momentos políticos críticos.

Entre los principales efectos que ya se observan entre los agentes económicos del sector privado del país, se puede distinguir la poca confianza inversionista financiera en la adquisición de Letras Estandarizadas subastadas semanalmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN), no obstante esa conducta comenzó a generarse desde mayo de 2016 con el desplome del volumen de crudo suministrado con el crédito petrolero de Venezuela. Estos recursos crediticios también fueron impactados por las caídas tanto del precio internacional del crudo como del porcentaje del préstamo sobre el valor de la factura de cada embarque de hidrocarburos, todo lo cual se tradujo en una desaceleración de los depósitos en la instituciones bancarias del país.

Esta desconfianza de inversionistas financieros se puede ejemplificar con el hecho de que desde enero hasta el 21 de junio de este año el 81% del monto de las colocaciones de Letras del BCN corresponde a plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, a pesar que la tasa de rendimiento de dichas Letras a un año plazo aumentó de 4.571% en mayo de 2016 a 5.25% en marzo de 2017.

La reducción del crédito petrolero de Venezuela también impactó la política monetaria al reducirse la liquidez en córdobas de la economía, porque desprotegió la posición de las reservas internacionales del país. El BCN se vio forzado a contraer la base monetaria, al reducir el saldo de emisión de dinero y al mantener un gran excedente de encaje en córdobas que los grupos financieros depositan en el BCN, con el propósito de desacelerar la demanda de importaciones de bienes y servicios y, consecuentemente, proteger las reservas internacionales. El anuncio de la iniciativa “NICA Act” también contribuyó a acelerar estos procesos, porque entre sus objetivos se encuentra la oposición de los directores estadounidenses en instituciones financieras internacionales a cualquier préstamo que solicite Nicaragua.

Desde mayo de 2016 se presentó una fuerte desaceleración del crecimiento interanual del saldo total mensual de los depósitos en córdobas en el sistema financiero nacional. Adicionalmente, la tasa de encaje efectiva catorcenal sobre los depósitos en córdobas se redujo, al pasar de 27.0% en 2015 a 22.0% en 2016 y a 21.3% en el transcurso del primer semestre de 2017, pero manteniéndose siempre por encima de la tasa de encaje legal o requerida que es 15%.

Por consiguiente, el multiplicador del dinero, que es igual al recíproco de la tasa de encaje, se ha mantenido en un nivel bajo, porque la tasa de encaje efectiva siempre ha sido mayor que la tasa de encaje legal. Por ejemplo, con la tasa de encaje legal catorcenal el multiplicador sería 6.7, y con la tasa de encaje efectiva fue igual a 3.7 en 2015, 4.6 en 2016 y 4.7 en el primer semestre de 2017. Este bajo multiplicador del dinero, aunado con las colocaciones de Letras de cortísimo plazo del BCN, también ayudó a explicar la desaceleración de la oferta de dinero y de demanda interna de bienes y servicios finales, es decir, de los gastos de consumo e inversión. Los bancos “crean” dinero cuando hacen préstamos y “destruyen” dinero cuando recuperan préstamos, pero además hay que tener en cuenta que casi el 80% de las empresas no cuentan con registros contables.

Mientras tanto, en la acera del sector público se inició el blindaje de las reservas internacionales brutas del BCN desde el cuarto trimestre del año pasado, al contratarse préstamos para la ejecución de proyectos de inversión por más de US$500 millones en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el transcurso de este año, el sector público ha recibido donaciones y préstamos externos “atados” a programas y proyectos por US$169 millones y ha comprado divisas al sector privado por un monto neto de US$30 millones, pero ha pagado US$100 millones en intereses y amortizaciones a los acreedores externos y, de acuerdo con el balance de divisas del BCN, se registró una disminución del saldo de encaje en moneda extranjera de US$19 millones.

En resumen, se ha fortalecido la estabilidad macroeconómica del país al elevarse entre diciembre de 2016 y junio de 2017 la condicionalidad del saldo de las reservas internacionales brutas del BCN con respecto a la base monetaria de 2.46 veces a 2.95 veces, así como la condicionalidad de las reservas internacionales brutas en meses de importaciones de bienes CIF, al pasar de 4.99 a 5.20 respectivamente. El costo de la estabilidad del tipo de cambio y de una presión inflacionaria baja y estable ha sido una desaceleración del crecimiento económico del país.

La confianza inversionista y la confianza de los consumidores son clave para mitigar los impactos de la “NICA Act”, pero esto exige el consenso de los partidos políticos para iniciar los procesos que conduzcan a una mayor transparencia electoral, al fortalecimiento democrático, a la independencia de los Poderes del Estado, al fortalecimiento del imperio de la ley, a la reducción de la corrupción y al respeto de los derechos humanos.

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