Evitemos las emociones después del 6 de noviembre

30 10 2016

Si en el mercado cambiario no hay lugar para las especulaciones con el precio del dólar en este año electoral, incluso con la amenaza de la iniciativa de ley Nica Act pendiente de aprobación en el Senado del Congreso Estados Unidos, también se puede afirmar que en el mercado político tampoco hay especulaciones sobre quién será el ganador de los comicios nacionales el 6 de noviembre próximo.

La actual campaña electoral es muy atípica, sin el ambiente de una fiesta cívica como debería ser la elección del candidato que dirigirá los destinos de la Nación en los próximos cinco años. Las encuestas, tanto la nacional de M&R Consultores como la extranjera de Cid Gallup, dan por ganador al presidente Daniel Ortega. La oposición, representada por cinco partidos políticos en esta contienda electoral, ha olvidado el famoso estribillo político que la única encuesta es la del día de las elecciones, porque sus representantes y miembros, incluyendo aquéllos que no participan en las elecciones y hacen un llamado a no votar, vuelven a encontrarse desunidos, sin capacidad de entenderse dentro de cada agrupación y entre los diversos grupos, y cada quien tirando por su lado sin una estrategia alternativa para resolver el problema de que la microeconomía está bastante mal.

Las bondades macroeconómicas del país se han mantenido pese a la reducción del crédito petrolero anual de Venezuela, que osciló alrededor de US$560 millones en el trienio 2011-2013 y cayó hasta US$300 millones en 2015 y será menor en 2016, y esto ha sido más impactante que la amenaza de la suspensión de préstamos anuales de US$250 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF).

Con la reducción del crédito petrolero, el riesgo económico y financiero de la economía nicaragüense se concentró principalmente en la vulnerabilidad de la posición de las reservas internacionales oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), es decir, ha puesto en riesgo la estabilidad macroeconómica del país dejando a entrever su fragilidad, mientras que el riesgo político se manifestó en la disminución del financiamiento de proyectos sociales desde US$160 millones en el bienio 2012-2013 hasta US$93 millones en 2015 y será menor en 2016. Por estas razones, el BCN desaceleró el crecimiento de la oferta de dinero para evitar una mayor demanda de divisas.

La afectación a la producción por la reducción del crédito venezolano no fue alarmante, porque el crecimiento económico de Nicaragua ya se apoderó del estadio de crecimiento anual de entre 5% y 6% a partir de 2015.

Por otro lado, una suspensión de los préstamos del BID y del BIRF afectaría el financiamiento concesional de los proyectos de inversión pública, especialmente de infraestructura económica y social, con las consecuencias de una menor atracción de inversión extranjera directa y de la desaceleración del crecimiento económico.

Como lo previó COPADES hace un mes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está haciendo una mayor presencia como una fuente financiera alterna de los proyectos de inversión del sector público del país con la aprobación de US$380 millones en este año para infraestructura económica y social. Estos recursos, que no son concesionales, facilitan la afluencia de la inversión extranjera directa debido principalmente a la  mejora y ampliación de la red vial y el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado.

La pregunta más importante ahora es qué ocurrirá en Nicaragua después del 6 de noviembre de 2016.

Para los economistas no es razonable especular, lo que les obliga a distinguirse por el planteamiento de premisas y riesgos que conduzcan a predicciones realistas en el corto plazo y por sugerir recomendaciones a las autoridades políticas para evitar un mayor deterioro en el nivel de vida de la población. Como ya es conocido por las encuestas que se realizan en el país, la población nicaragüense continúa afectada por tres problemas que no han variado desde hace muchos años, el subempleo, la carestía de la vida y la pobreza, es decir, por la exclusión y la desigualdad de la distribución del ingreso que ayudan a demostrar por qué la microeconomía está bastante mal.

Después del 6 de noviembre próximo, el presidente Daniel Ortega tiene la gran responsabilidad de conducir un diálogo político nacional que trasciende el reclamo de un proceso electoral transparente y justo. Ese diálogo es propicio para continuar el desarrollo democrático, respetar y fortalecer el imperio de la ley, reducir la corrupción y sancionar las violaciones a los derechos humanos. El desarrollo de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones públicas y del Estado de Derecho son fundamentales para acelerar el crecimiento económico y la disminución de la pobreza, como también lo son la educación, la transferencia de tecnología y el acceso al crédito a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas, así como el planteamiento de políticas públicas que conduzcan a reducir la desigualdad de la distribución del ingreso nacional.


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