Sin ruido electoral y sin propuestas atractivas de parte de los candidatos

16 10 2016

No se escuchan propuestas de parte de los candidatos a presidente de la República en una temporada atípica sin ruido electoral, que busquen la solución de los problemas fundamentales de la población, los cuales se pueden resumir en la exclusión y la desigualdad de la distribución del ingreso dadas las tres preocupaciones más sentidas por los nicaragüenses: el desempleo, la pobreza y la carestía de la vida.

El problema de la exclusión social se puede ejemplificar con la educación y la salud de la población y con la seguridad social de los trabajadores.

En Nicaragua aún no se logra destinar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto de educación pública, por lo cual crece la brecha entre el presupuesto ideal y el gasto real en educación pública. De acuerdo con datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, la tasa de analfabetismo de la población de 5 años y más de edad es 16.4% y la de la población entre 15 y 24 años de edad es 5.1%.

En el país todavía no se cumple el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener un paquete “mínimo” de cincuenta dólares por habitante en gastos de salud y, además, de acuerdo con la VI EMNV 2014, el 6.5% de los hogares nicaragüenses no tiene acceso a los servicios de salud, por lo cual siempre existe una brecha entre el presupuesto mínimo y el presupuesto anual en salud pública.

El 76% de los ocupados no tiene seguridad social, por lo cual el peso de la economía informal del país es importante –el 80% de las personas ocupadas trabaja en empresas que no tienen registros contables- y la productividad de la economía es muy baja –apenas 3 mil ochocientos sesenta dólares de 2006 por persona ocupada incluyendo a los subempleados- y su usual comportamiento anual es disminuir, estancarse o aumentar a lo sumo unas pocas décimas porcentuales a lo largo de los últimos veinte años.  Por supuesto que estos problemas estructurales de la informalidad del mercado y de la baja productividad  se resuelven con más inversión, tanto pública como privada.

La exclusión, por lo tanto, se da por las vías del Estado y del Mercado. Por la vía del Estado, a través de presupuestos públicos insuficientes para elevar el nivel promedio de escolaridad y asegurar la salud primaria y preventiva, es decir, la contratación de más enfermeras, y la salud curativa, o sea, la contratación de más médicos. Esta situación reclama una reforma del gasto público, no obstante la persistencia del estribillo político de la rigidez de los egresos presupuestarios.

Es fácil demostrar que el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública ha sido y es el principal gasto presupuestario. Antes fue la pesada carga de la deuda pública externa, ya reducida por dos iniciativas como lo fueron la dirigida a los países pobres muy endeudados del mundo, impulsada por el Grupo de los 7 (G-7), y la de reducción de la deuda multilateral, promovida por el entonces Secretario del Tesoro británico, Gordon Brown. Hoy es la severa carga del pago de la deuda pública interna, que se maximizó con el pago de las confiscaciones de la propiedad privada realizada en la década de los ochenta y el complot financiero contra el Estado de Nicaragua con las liquidaciones de cuatro bancos comerciales en el bienio 2000-2001, la reestructuración de esa deuda y las subastas de los activos de los bancos liquidados.

Por la vía del Mercado, la exclusión se observa con la alta tasa de subempleo que se aproxima al 50% de la población ocupada en el país. La generación de empleo decente se logra también por la vía de la inversión, en este caso mayoritariamente privada, pero se requiere del mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica, que corresponde principalmente a la inversión pública, y también de la inclusión social por parte del Estado.

En cuanto a la pobreza, se ha logrado una reducción notable del índice de pobreza extrema y del índice de pobreza general. La probabilidad de ser pobre extremo en Nicaragua disminuyó de 17.2% en 2005 a 8.3% en 2016, mientras que la probabilidad de ser pobre se redujo de 48.3% a 29.6% entre dichos años. A lo anterior se agrega la existencia de una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, al elevarse el coeficiente de Gini de dicha distribución de 0.46 en 2009 a  0.48 en 2014.

Sin embargo, el 41% de las familias nicaragüenses no satisface sus necesidades básicas, según los datos de la VI EMNV 2014, lo cual se confirma con:

  • el índice de hacinamiento es más elevado en áreas urbanas (11.5%) que en áreas rurales (9.3%);
  • el índice de servicios insuficientes de fuentes de agua y disposición de excretas adecuadas es más alto en las áreas rurales (14.2%) que en las áreas urbanas (4.3%);
  • el índice de vivienda inadecuada es más alto en las áreas urbanas (13.3%) que en las áreas rurales (7.1%);
  • el índice de dependencia económica, es decir, si dos o más personas dependen por cada ocupado y además el jefe de dicho hogar tiene una escolaridad máxima de primaria incompleta, es más alto en las áreas rurales (30.4%) que en las áreas urbanas (23.4%); y
  • el índice de baja educación, o sea, cuando hay al menos un niño de seis a catorce años que no asista a la escuela, es más alto en las áreas rurales (16.8%) que en las áreas urbanas (3.7%).

También habría que tomar en cuenta los problemas acuciantes de los hogares nicaragüenses reportados en la VI EMNV 2014: el 11.3% está hacinado, el 13.2% no tiene acceso a la energía eléctrica, el 32.5% no tiene acceso al agua potable, el 63.0% no tiene acceso al servicio de alcantarillado urbano, el 51.0% usa leña para cocinar y el 51.6% no tiene  acceso al servicio de recolección de basura.

Frente a un menú de restricciones que enfrentan los hogares nicaragüenses, los políticos que aspiran a la presidencia de la República deberían apuntar a la solución de los problemas fundamentales de la población, que sin lugar a dudas son la falta de educación, de salud y de empleo. Pero estarían obligados a demostrar cómo harían efectivas sus promesas electorales para reducir la exclusión social de los nicaragüenses.


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