El Contrato APP, un instrumento para el desarrollo económico del país

9 10 2016

Entre 2007 y 2015 ingresó a Nicaragua el 76% del flujo bruto de inversión extranjera (IED) que comenzó a registrarse desde el año de 1991 y en 2015 el 45% del gasto de inversión fija del sector privado correspondió a los inversionistas extranjeros. Además, del monto de US$10,960 millones de IED acumulada entre en el período 1991-2015, de acuerdo con estimaciones de COPADES sobre la base de los datos oficiales del país, los tres primeros países participantes en la IED son Estados Unidos con 19.2%, México con 14.2% y Canadá con 9.6%. En suma, Norteamérica participa con el 43%.

Es obvio que el actual crecimiento económico de Nicaragua, que ya arribó al estadio de 5% a 6% anual, se fundamenta principalmente en la inversión extranjera directa, facilitada por la inversión pública en infraestructura económica que es financiada principalmente por tres instituciones multilaterales como son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de integración Económica y el Banco Mundial. En 2015, el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) fue destinado al gasto de inversión. En este escenario inversionista nacional, se aprobó recientemente la Ley de Asociación Público Privada (APP), que por sus siglas me recuerda al Área Propiedad del Pueblo de la década de los ochenta del siglo pasado.

Esta Ley APP promueve y reglamenta la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura económica y servicios públicos, por ejemplo, red vial, electrificación, suministro de agua potable y servicio de alcantarillado, comunicaciones, puertos y aeropuertos, entre otros. Esta ley también reglamenta la actuación de los servidores públicos, principalmente los de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que podrán presentar proyectos de instituciones públicas contratantes con la modalidad en APP, y de los inversionistas privados domésticos y extranjeros. El MHCP mantendrá el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los proyectos que sean auto sostenibles, por ejemplo, una carretera, se distinguirán por el cobro del peaje del inversionista privado a los usuarios de la carretera, que le permita al inversionista recuperar el costo del proyecto y obtener una rentabilidad adecuada.

Por otro lado, los proyectos que no sean auto sostenibles, por ejemplo, el suministro de agua potable en zonas rurales dispersas, serán subvencionados por el Estado de Nicaragua, ya sea con transferencias del presupuesto nacional o con garantías del MHCP, para garantizar su sostenibilidad económica durante la vigencia del contrato, con o sin pago de los usuarios del servicio que preste el proyecto.

El participante privado en un Contrato APP deberá cumplir con las obligaciones, los niveles de servicio y las especificaciones técnicas del contrato; realizar pagos establecidos a favor del Estado en función de los beneficios de la operación del proyecto; facilitar las inspecciones y auditorías; entregar a la DGIP y a la institución contratante los estados financieros auditados; cumplir con las leyes del país, especialmente laborales, ambientales y tributarias; y responder por las pérdidas o los deterioros de los bienes del Estado.

Los proyectos que sean desarrollados con la modalidad APP estarán alineados con los objetivos de desarrollo del país y tendrán estudios de prefactibilidad y factibilidad realizados por la institución contratante, así como de análisis económico para ser clasificado como APP, de protección ambiental y de sostenibilidad y riesgo fiscal.

Sin embargo, la iniciativa privada podrá proponer estudios de prefactibilidad a la DGIP en un concurso anual, los cuales serán enviados a la institución contratante para su evaluación y pronunciamiento sobre el interés nacional de la iniciativa privada. En caso de que sea necesario, se realizará la declaración de utilidad pública o interés social de bienes o derechos, acorde con el Decreto 229, Ley de Expropiación, del 9 de marzo de 1976.

Los proyectos APP serán licitados públicamente y la comisión evaluadora estará integrada por dos representantes de la DGIP, un representante de la Presidencia de la República y dos representantes de la institución contratante, que no podrán abstenerse de votar. Además, sin cargo alguno para el Estado, la institución contratante podrá desistir del proyecto antes de la firma del contrato, y también podrá cancelarlo antes de que sea aprobado por la Asamblea Nacional o si ésta rechazara la iniciativa de Ley de Contrato APP.

El Contrato APP especificará los bienes que se mantendrán como propiedad del Estado y los que serán de propiedad del participante privado y, por regla general, este último sólo será compensado por la inversión y los gastos de explotación necesarios para cumplir el contrato, y también podrá solicitar compensación por actos imprevistos de la autoridad pública que aumenten el costo del cumplimiento del Contrato o reduzcan la suma prevista de beneficios de su ejecución.

Una comisión recibirá la obra al finalizar el Contrato APP, que estará compuesta por dos representantes del MHCP y dos representantes nombrados por la institución contratante, y una comisión liquidadora, compuesta también por dos representantes del MHCP y dos representantes nombrados por la institución contratante, liquidará el Contrato APP y establecerá los pagos o cobros que deban hacerse al participante privado.

Con esta nueva ley se promoverá la ejecución de proyectos de infraestructura económica contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). La vía de la inversión garantiza el crecimiento económico, con la creación de puestos de trabajo decentes caracterizados por niveles de conocimientos técnicos, transferencia y uso de la tecnología, seguridad social y pago de impuestos, sobre la base del mejoramiento y de la ampliación de la infraestructura económica del país. En síntesis, reducir el gran subempleo y construir el mercado formal.


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