El grave problema de la desigualdad

1 10 2016

Indicadores socioeconómicos de Nicaragua correspondientes a 2014 reflejan que en el país la esperanza de vida al nacer es de 74.9 años; el nivel de escolaridad es de 6 años de estudios; la desigualdad de distribución del ingreso, medida con el coeficiente de Gini que asigna el valor cero a la igualdad absoluta y 100 a la desigualdad absoluta, es igual a 0.48; y el índice de pobreza es igual a 29.6% de la población total del país.

En un año electoral como es 2016 en Nicaragua, las promesas de los candidatos a  los partidos políticos en la contienda electoral no apuntan a resolver las tres tradicionales quejas de la población, como son la pobreza, el desempleo y la carestía de la vida, que podrían ser resumidos en un solo problema: la inequidad de la distribución del ingreso.

La tasa de crecimiento económico de Nicaragua, que se sitúa entre 5% y 6% anual desde el año pasado, es aún insuficiente para resolver los problemas microeconómicos de la población, por la insuficiencia de políticas públicas que reduzcan la alta subutilización de la fuerza laboral, promuevan la formalización de la economía, fortalezcan la competitividad empresarial y aumenten la productividad de la economía.

La producción de bienes y servicios, y por ende el ingreso, aumenta, pero la desigualdad de la distribución del ingreso no se redujo sino que aumentó entre 2009 y 2014. Esta desigualdad perjudica a la economía, no ayuda a acelerar el crecimiento económico, deteriora la formalidad del empleo y no genera riqueza.

Si hay más desigualdad en la distribución del ingreso, es decir, si el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso sube, los que poseen más ingresos obtienen mayores oportunidades económicas que lo que tienen menos. Los políticos no deberían concentrarse exclusivamente en reducir la pobreza, sino también en mejorar la situación de los que tienen menores ingresos para que puedan gastar en educación y formación profesional. De acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, con todos sus ingresos el 41% de las familias no puede adquirir todos los 23 alimentos básicos, el 62% de las familias no puede obtener todos los 53 productos de la canasta de consumo básico y el 85% de las familias no puede optar a la compra de una vivienda de interés social, con la tasa de interés subsidiada por el Estado.

El profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, en su libro “El precio de la desigualdad” concluye que “Trasladar el dinero de la parte de abajo a la de arriba reduce el consumo, porque los individuos con rentas más altas consumen un porcentaje menor de sus ingresos que los individuos con rentas más bajas: los de arriba ahorran entre el 15% y el 25% de sus ingresos; los de abajo gastan todos sus ingresos”, y que “A mayor desigualdad y mayor poder de los ricos, menor propensión a la inversión pública en infraestructuras, gasto social y educativo”.

La función básica del Estado es ayudar y proteger a los pobres. Hay que reconocer que en Nicaragua se redujo el índice de pobreza desde 50.3% en 1993 a 45.8% en 2001, volvió a subir a 48.3% en 2005 y cayó hasta 29.6% en 2014. La pobreza se redujo 39% entre 2005 y 2014 no obstante la Gran Recesión mundial de 2008-2009 que, con la incertidumbre global y el desplome de los precios internacionales de las materias primas, provocó la caída de 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua en 2009.

La pobreza ha disminuido porque los inversionistas, especialmente los extranjeros, han tenido confianza en el país. Sin embargo, hacen falta reformas estructurales en la educación y el mercado laboral, porque la atracción inversionista no debería ser una función de bajos salarios reales, como argumentan algunos economistas locales sin meditar que con esa afirmación están oficializando la pobreza, sino una función de una mayor productividad de la economía y una mejor competitividad empresarial. La concentración del ingreso en pocas manos debilita la democracia, porque aumenta la informalidad del mercado y disminuye la productividad de la economía.

Al subir al poder en 2007, el presidente Daniel Ortega decidió reducir la pobreza extrema, y la redujo 53% entre 2005 y 2014 al pasar el índice de pobreza extrema de 17.2% a 8.3% gracias al gasto social y al 40% del crédito petrolero de Venezuela, pero la desigualdad de la distribución del ingreso se elevó 2 centésimas en un quinquenio al registrar los valores de 0.46 en 2009 y 0.48 en 2014, según datos de las dos últimas encuestas de medición de nivel vida. Todavía falta mucho que hacer en la redistribución fiscal, a pesar que la participación de la tributación directa en el total de impuestos recaudados por el gobierno central se elevó de 29% a 38% en los últimos diez años.

Enfrentar el problema de la desigualdad de la distribución del ingreso debería ser el tema central del debate político en el ámbito económico en un año electoral, pero también existen otras desigualdades tales como las de género, de respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, de acceso y tutelaje de la justicia, de acceso a la tecnología y al crédito, entre otras. La igualdad es una cuestión no sólo económica, sino eminentemente política. Lamentablemente, en nuestro país los políticos suelen sentirse sobre la ley y sobre las demás personas, lo cual sólo se puede explicar por una escasa cultura y ética política, especialmente la de aquéllos que son soberbios y prepotentes.

 


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