Los riesgos de la iniciativa “Nica Act”

18 09 2016

El riesgo político de Nicaragua continúa elevándose por las presiones de un grupo de congresistas estadounidenses que impulsan la iniciativa de “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, con el propósito de condicionar los préstamos de instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BID), el Banco Mundial (BM/IDA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobados para Nicaragua.

Las razones que han inspirado un nuevo boicot financiero para el país, similar al que fue aplicado por Estados Unidos junto con el boicot comercial que estuvo vigente entre mayo de 1985 y abril de 1990, son la falta de observación nacional e internacional en la elección presidencial del 6 de noviembre próximo; la solución de la Corte Suprema de Justicia sobre el litigio de las cuatro facciones del Partido Liberal Independiente (PLI), que duró 5 años; la sustitución de los diputados del PLI por sus suplentes, que fue solicitada legalmente por el actual representante de dicho partido; y la preocupación por la relación cercana de Nicaragua con Rusia, principalmente con la adquisición de equipamiento militar.

Esos argumentos fueron retomados de las quejas de un reducido grupo de políticos criollos, ante su incapacidad de entenderse entre ellos mismos, de unirse con los partidos políticos opositores, de presentar una estrategia alternativa a la que tiene la alianza política en el poder, y de atraer al electorado para escoger al futuro presidente de Nicaragua por su bajo nivel de preferencia entre la población, según las últimas encuestas nacionales.

La década de los 80 del siglo pasado en Nicaragua es muy distinta a la década de los 10 del siglo presente que vive el país. No hay guerra y la seguridad física es una de las mejores entre los países latinoamericanos, la producción no se desploma sino que aumenta, no hay hiperinflación sino una inflación moderada, el país no está severamente endeudado con los acreedores externos del sector público, el déficit fiscal como porcentaje del producto interno bruto (PIB) no es de dos dígitos sino cercano a cero, y la dolarización extraoficial de la economía ha marginado al córdoba en el mercado local. Sin embargo, persisten problemas estructurales importantes, tales como un bajo nivel de escolaridad promedio nacional que asegura sólo la primaria, una baja productividad, poca competitividad empresarial, un gran mercado informal, un alto déficit comercial externo y una inversión pública insuficiente para mejorar y ampliar la infraestructura económica del país.

Durante el trienio 2013-2015, el monto promedio anual de los préstamos externos destinados exclusivamente para la ejecución de programas y proyectos del sector público de Nicaragua fue igual a 340 millones de dólares, en el cual la participación de los desembolsos provenientes de las instituciones financieras multilaterales, en orden de importancia, fue la siguiente: BID (52.1%), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, 27.4%),  BM/IDA (10.2%), Banco Europeo de Inversiones (BEI, 4.0%), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 1.2%) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 1.0%). Sólo el BID y el BM/IDA participan con el 62.3% en los desembolsos de préstamos externos.

El FMI no estaría sujeto al proyecto de ley antes mencionado, conocido también como “Nica Act”, porque actualmente dicha organismo no facilita préstamos para apoyo a balanza de pagos del país, o sea, para el fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN). En la actualidad, no existe compromiso de cooperación financiera del FMI debido a que el cuarto programa de ajuste económico y reformas estructurales suscrito con Nicaragua expiró en diciembre de 2012 y no se suscribió un nuevo programa económico por decisión del Gobierno de Nicaragua.

En el caso de que Estados Unidos aprobara la “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, sólo se paralizaría el financiamiento del BID y del BM/IDA destinado principalmente a los siguientes sectores u objetivos: ordenamiento de la propiedad; mejora de la productividad; fortalecimiento de energía eléctrica, educación, salud, vivienda, transporte y agua potable; el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; el fomento de la actividad agropecuaria sostenible; la modernización del sistema de administración fiscal; y el mejoramiento de la infraestructura y de las telecomunicaciones en la Costa Caribe.

Por consiguiente, entre las consecuencias principales para Nicaragua por la aprobación de la iniciativa “Nica Act”, se destacarían las siguientes: el empobrecimiento de la población rural, al paralizarse la ejecución de proyectos de inversión pública vinculados con la reducción de la pobreza; un menor dinamismo de la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector privado, al reducirse la facilitación de la inversión pública en infraestructura económica; la desaceleración del crecimiento económico; la mora en el pago de la deuda pública externa con el BID y el BM/IDA; la reducción del gasto de consumo público y el desempleo en la actividad del Gobierno Central; el debilitamiento de la posición de las reservas internacionales oficiales; el incumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad del tipo de cambio oficial y de una baja presión inflacionaria; la ampliación de la brecha cambiaria entre el mercado oficial y el mercado financiero, que provocaría una fuga de capitales; y el deterioro de los indicadores sociales del país.

De las cinco quejas arriba mencionadas y presentadas por un reducido grupo de opositores políticos en el exterior, sólo la primera podría ser considerada como cierta porque el 80% de los nicaragüenses se manifestó, a través de varias encuestas nacionales, a favor de la observación nacional e internacional en las elecciones presidenciales.

Por otro lado, el litigio del PLI, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia porque las facciones de ese partido político no se pusieron de acuerdo para resolverlo, tuvo el inconveniente de ser extemporáneo al darse cinco meses antes de las elecciones, ya que si se hubiese resuelto 2015 no habría tenido tanto eco; el transfuguismo político, ahora sancionado con las reformas de la Constitución Política de la República de Nicaragua establecidas en 2014, fue aplicado para que sustituyeran a los propietarios con los suplentes de los curules pertenecientes a la extinta Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (BAPLI); y las relaciones soberanas de Nicaragua con Rusia no pueden verse con la lupa de la guerra fría, porque ésta ya no existe.

Aunque Nicaragua colabora con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular, la razón más importante que se podría tener en cuenta para que los legisladores estadounidenses no aprueben la “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua” es de carácter geopolítico: evitar que el Triángulo del Norte se convierta en el Rectángulo del Norte.


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3 responses

18 09 2016
Hans

Así es doctor Avendaño, el problema es que la llamada oposición política del país, uno; no tienen un dialogo que les ayude a mermar sus asperezas, dos; creyeron que irse a quejar donde su papá USA era la solución y tercero (y más grave de los tres) creen que el gobierno va a retroceder con cualquier acto de los Estados Unidos porque les hará un daño al gobierno cuando el daño se lo hacen ellos (la llamada oposición) a toda la sociedad nicaragüense (al irse a quejar a los Estados Unidos), en vez de buscar una forma en como no se dañe el bienestar de la población y se resuelvan sus problemas. Concuerdo completamente con usted el problema no es la resolución de la CSJ sino que no se pueden y/o quieren poner de acuerdo, ahogándose en un vaso de agua y haciendo más grande el problema de origen que es la falta de dialogo y consenso entre ellos mismo.

18 09 2016
Jose

Se precipitaron algunas decisiones políticas que en el mediano plazo pueden tener repercusiones con la aprobación de la Ley de Condicionalidad de inversión. Lamentablemente el impacto negativo se sentirá en la población vulnerable del país. Los empleados del gobierno central. De hecho los índices de pobreza y extrema pobreza se van a incrementar. Existen algunas medidas o planes para mitigar el impacto?. Esto sería un bloqueo económico y creo que la población va a resentir la aplicación de estas medidas a menos que se consigan dichos recursos con otras fuentes

19 09 2016
nestoravendao

Frente a un bloqueo financiero, el Presidente de la República tendría que anunciar un programa económico de emergencia a la Nación. Dada la escasa cultura y ética política que se ha observado desde antaño en el país, siempre han existido políticos criollos que se van a quejar a Washington, en vez de buscar las soluciones civilizadas en Nicaragua. Comparto su afirmación que las personas pobres serían las más afectadas si el Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley Nica Act.

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