Las empresas no funcionan como los partidos políticos

10 07 2016

Los economistas somos expertos en hacer supuestos para determinar las repercusiones de las políticas económicas o de los pronósticos económicos. Como ocurre en el país, en un año de elecciones presidenciales la abundancia de supuestos y especulaciones también abundan en el ámbito partidario, especialmente cuando los candidatos a ocupar la primera magistratura presentan sus promesas sin demostrar cómo lograrán concretarlas.

En Nicaragua se ha observado el fenómeno que los partidos políticos responden a un líder, como si fueran una empresa. Una empresa sobrevive en el mercado si su producto, al ser comprado, maximiza los ingresos, con más razón si esa empresa es de competencia imperfecta, o sea, un monopolio o un oligopolio que , maximiza sus utilidades al fijar el precio de su producto fuera del libre juego de la oferta y la demanda. Un partido político, si logra capturar la mayor cantidad de votos con una estrategia y un plan atractivo para los ciudadanos, maximiza su estancia en el poder y, consecuentemente, maximiza su rédito político.

Si estableciéramos el supuesto que el funcionamiento y la evaluación de un partido político fuera similar al de una empresa, gran parte de los líderes políticos ya hubiesen sido cambiados desde hace bastante tiempo por las bases partidarias. Pero esto no ocurre, porque los partidos políticos no pertenecen a las bases, sino a una persona o a una familia o, en el mejor de los casos, a un reducido número de políticos, los mismos políticos de antaño.

Tras el fracaso de la unidad opositora, varios de esos líderes hubiesen sido relevados hace tiempo sin ninguna gratificación, con más razón si se desempeñaran en cargos de los poderes del Estado al recibir jugosas remuneraciones. En cambio, un gerente de una empresa que ha fracasado, recibe atractivas compensaciones por los años de servicio al desempeñarse en un cargo de confianza.

El gerente fija en su contrato la millonaria cifra para sus beneficiarios en caso de que sea despedido o relevado del control de la empresa. Un ejemplo reciente es el de la quiebra de la banca de inversión de Wall Street y sólo 12 altos ejecutivos que dirigían esos bancos fueron expulsados en septiembre de 2008, pero se fueron con indemnizaciones de más de 500 millones de dólares y los contribuyentes estadounidenses tuvieron que rescatar a los inversionistas financieros de esos bancos.

El ex presidente de la Fed, Ben Bernanke, a quien le tocó lidiar con esa crisis financiera, la peor desde la Gran Depresión, en su libro The Courage to Act dejó claro que esperaba que se hubieran exigido responsabilidades a los autores de los abusos y que algún ejecutivo de Wall Street debería haber acabado en la cárcel. Las grandes firmas del sector financiero fueron sancionadas tras la crisis con decenas de miles de millones de dólares por la manera en la que estructuraron y ofrecieron a los inversionistas los activos de deuda hipotecaria que tenían en balance, que resultaron ser insolventes. “Mi preferencia es que se hubiera investigado más las acciones de los individuos porque es obvio que todo lo que se hizo ilegalmente no fue por una entidad abstracta”, opinó Bernanke. Esta práctica no existe en el mundo de los políticos.

Los políticos fracasados no han contribuido a maximizar la tasa interna de retorno del bienestar social. En el país, son portadores de anuncios de debacles, apuestan a que la economía se desploma con el retiro de la cooperación oficial al sector público a sabiendas que esos recursos ya no juegan un papel muy relevante desde 2009 y que la condición macroeconómica del país se ha fortalecido, azuzan la tranquilidad de la población e imaginan que su agrupación partidaria subirá al poder como la espuma si se deteriora el nivel de vida de la población. Si el barco se hundiese, nos hundimos todos, pero esos políticos tienen la capacidad de saltar del barco a tiempo para ponerse a salvo.

Los políticos fracasados adoptan posiciones mesiánicas, que hacen recordar la frase del Rey Sol de Francia, Luis XIV, “L’État, c’est moi”, “El Estado soy yo”, dando a entender que tienen todo el poder público en su persona, que es el poder en persona, una idea medieval que no tiene cabida en la democracia. O hacen recordar la de su sucesor, Luis XV, quien displicentemente dijo “Aprés moi, le déluge”, “Después de mí, el diluvio”, cuando anticipan violentos acontecimientos sin importar lo que ocurriera porque ya estarían fuera del barco.

En conclusión, un gerente de una empresa no es igual a un presidente de un partido político. La impunidad de los banqueros parece ser que es más sólida que la impunidad de los políticos. En Nicaragua existe el caso del rescate de los depositantes de cuatro bancos comerciales que fueron quebrados en el bienio 2000-2001, que no ha caducado porque la Fiscalía General de la República acusó a 39 funcionarios públicos, la mitad de ellos ocupaban cargos en el Banco Central de Nicaragua (BCN). Sin embargo, uno de 39 acusados, que en ese entonces era ministro de Hacienda y Crédito Público y ahora es un diputado que no ejerce su cargo, recurrió inapropiadamente a su inmunidad que le confiere el cargo, no se presentó al llamado del juez y paralizó el juicio.

Y con ese antecedente, es insólito que ese político que no se desempeña en su cargo público, que cometió un presunto delito en el pasado y que es más banquero que político, aspiró a ser candidato a presidente de la República. Mientras tanto, los contribuyentes continuamos pagando los US$500 millones que costaron las liquidaciones bancarias y los abusos de los servidores públicos cuando rescataron a los depositantes de los cuatro bancos liquidados, reestructuraron el pago de esa deuda y subastaron los activos de esos cuatro bancos.

Definitivamente, creo que un banquero no puede ser presidente de un país donde el 41% de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas. Y en el hipotético caso que llegara a serlo, tendríamos un caso clínico colectivo.

 


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