El riesgo-país de Nicaragua se elevó en junio de 2016

26 06 2016

Con tres recientes conflictos políticos observados en este mes, más políticos opositores que académicos han argumentado que habrán consecuencias económicas para el país.

Debido a la expulsión de dos funcionarios estadounidenses que llegaron al país a facilitar los procesos de certificación de las empresas que exportan a Estados Unidos, incluyendo a las del régimen de zona franca, ya se afectó la competitividad de las empresas radicadas en el país que exportan bienes hacia Estados Unidos, principal socio comercial que en 2015 adquirió el 37% del valor total de las exportaciones domésticas de bienes FOB de Nicaragua. Se requiere que las autoridades gubernamentales correspondientes resuelvan rápidamente este conflicto con sus homólogos estadounidenses para agilizar los trámites de exportación de las empresas.

Los otros dos conflictos no muestran afectaciones a la economía nacional, es decir, no trascienden de la esfera política, pero sí han elevado el riesgo-país de Nicaragua en 2016.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió el litigio judicial de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) afectó a Eduardo Montealegre Rivas y no al PLI. Si las cuatro facciones de este partido político se hubieran unificado con la conducción de su representante legal, Dr. Pedro Eulogio Reyes Vallejos, es bastante seguro que la Coalición Nacional por la Democracia dirigida por Eduardo Montealegre hubiese tenido una gran influencia en el perfil del PLI. Sin embargo, no sólo el dirigente sino también los integrantes de dicha Coalición y también sus diputados en la Asamblea Nacional no mostraron interés para reunirse con las nuevas autoridades legales del PLI.

Quienes se han opuesto a esta sentencia de la CSJ manifestaron que la economía nacional se vendría abajo por un recorte de la cooperación internacional, especialmente de origen multilateral. en un momento en que el crédito petrolero de Venezuela se ha reducido no sólo por el desplome de los precios del crudo y sus derivados sino también por las ingentes necesidades del pueblo venezolano.

La cooperación externa destinada al sector público de Nicaragua que podría estar sujeta a reducciones provocadas por conflictos políticos fue totalmente eliminada en 2009, debido a las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de 2008.

Desapareció el apoyo presupuestario que osciló entre US$70 millones y US$80 millones en el bienio 2007-2008, en el que se distinguían donaciones de Finlandia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Comunidad Europea, y préstamos de Alemania, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Este apoyo presupuestario, que no estaba asignado a proyectos específicos, consistía en divisas líquidas de libre disponibilidad, muy flexibles en su uso, para apoyar la estrategia de reducción de la pobreza y la mejora de la economía. En mayo de 2009 se agregó la suspensión de una donación de US$64 millones proveniente de la Cuenta Reto del Milenio, paradigma de la cooperación de Estados Unidos.

Otro financiamiento externo que no existe desde diciembre de 2011 es el préstamo trienal de US$123 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaba relacionado con el Programa Servicio de Crédito Ampliado (SCA) 2007-2010, el cual fue extendido un año más. A partir de 2012, sin haberse suscrito un quinto programa de ajuste económico y de reformas estructurales, el FMI pasó a ser un consejero de confianza del Gobierno de Nicaragua. En marzo de este año, el FMI anunció el cierre de la oficina de su representante residente en el país el próximo 31 de julio, debido al éxito que ha tenido Nicaragua en la estabilidad de su macroeconomía y en su crecimiento económico.

El monto anual de la cooperación externa que recibe el sector público de Nicaragua ha oscilado entre US$505 millones y US$530 millones en el trienio 2013-2015, en su mayor parte, el 85%, en concepto de préstamos de divisas líquidas “atadas” a programas y proyectos del sector público. Los principales prestamistas son el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (AIF/BM), que han declarado que Nicaragua cumple todos los requisitos y usa eficientemente los recursos prestados. Cabe recordar que en marzo de 2012, la ex Secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sra. Hillary Clinton, ordenó la supervisión de los desembolsos de los préstamos del BID y del BM para Nicaragua, pero no pasó a más.

Lo cuestionable o discutible en cuanto a la sentencia de la CSJ es que fue emitida cinco meses antes de las elecciones presidenciales, un ejemplo más de retardación de la justicia en el país, lo cual ha provocado más ruido que exacerbación política a lo interno y, como ha sido una práctica usual de la oposición, denuncias en el exterior de un nuevo movimiento político “Ciudadanos por la libertad”, pero que no implican supuestos recortes de la cooperación internacional, mucho menos un embargo financiero multilateral, que conllevaría el error geopolítico de transformar el triángulo norte de Centroamérica en un rectángulo norte del istmo centroamericano.

El conflicto político de que no habrá observación internacional y, parece ser, ni nacional, sí podría tener consecuencias políticas desde el exterior, porque tomando en cuenta los resultados de la encuesta de M&R realizada entre el 25 de febrero y el 6 de marzo de este año el 83.2% de la población está de acuerdo con la observación nacional y el 77.5% de la población está de acuerdo con la observación internacional, para garantizar transparencia, credibilidad y confianza en el proceso electoral, legitimarlo y evitar el fraude. El riesgo extremo por el rechazo oficial de la observación electoral podría ser el desprestigio de las elecciones y la falta de legitimidad del candidato electo a Presidente de la República.

Otra encuesta de opinión, la de CID Gallup presentada el 25 de mayo recién pasado, resaltó que si en ese día fueran las elecciones, el Presidente Daniel Ortega ganaría a la oposición con un 57%, mientras que sus oponentes, Luis Callejas del PLI apenas obtendría 2% y Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 1%, y el 39% dejó la papeleta simulada en blanco, y aclaró que, dado que los candidatos de la oposición son nuevos, estos números pueden cambiar entre ese día y el 6 de noviembre. Además, el 45% de los entrevistados aprobó totalmente la gestión presidencial del líder sandinista (en septiembre de 2015 era 66%); el 38% algo la aprueba y el 17% no supo responder.

El candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Comandante Daniel Ortega, tiene bastante holgura para ser reelecto el próximo 6 de noviembre no sólo por el desempeño económico del país, que se ha basado tanto en la inversión extranjera directa como en la deuda privada externa del suministro petrolero de Venezuela, sino también por una oposición política incapaz de unirse y sin una estrategia alternativa a la que él dirige desde hace 10 años.


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