Un enfoque de políticas públicas sobre la pobreza del país

19 06 2016

Presentación1

Siempre he tenido una opinión desfavorable sobre la medición de la pobreza en función del gasto de consumo por persona, sin importar cómo se financia ese gasto como lo establece la metodología del Banco Mundial, porque ese consumo, en unos casos sólo de alimentos para los pobres extremos o indigentes, y en otros casos de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, vestuario, transporte, educación y salud para los pobres, puede ser financiado con recursos que no son generados por las personas o las familias, sino a través de donaciones internacionales, transferencias estatales, remesas y premios de la lotería, entre otras fuentes de ingreso.

En octubre de 2015, especialistas del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y del Banco Mundial presentaron en el Banco Central de Nicaragua (BCN) un informe breve sobre la pobreza de Nicaragua en 2014, con base en los resultados de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV), concluyendo que el 29.6% de la población era pobre, es decir, la probabilidad de ser pobre en Nicaragua era igual a 30% en ese año.

En la presentación de los resultados de la EMNV sólo se mencionaron tres de las cinco Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población, otra metodología para la medición de la pobreza, que fueron el hacinamiento, los servicios insuficientes y la baja educación. Los funcionarios de ambas instituciones no se refirieron a la dependencia económica ni a la vivienda inadecuada, que son las necesidades más insatisfechas de la población en el mismo orden, de acuerdo con la base de datos de la EMNV disponible en la página web del INIDE, de la cual se desprenden todos los datos que se presentan a continuación.

Con base en la metodología de las NBI, en 2014 el 41% de 1,432,200 hogares nicaragüense es pobre y el tamaño promedio nacional de un hogar, según la EMNV, es igual a 4.34 personas; en otras palabras, 2,561,461 nicaragüenses no satisfacen sus necesidades básicas. Los pobres conocen bien su situación, pero la mayoría de los economistas tratamos de resolver la pobreza con una jerga que no es entendida por los pobres y la mayoría de los políticos, con sus ineludibles excepciones, no conocen la pobreza.

¿Cuáles son esas necesidades básicas insatisfechas y cómo impactan a la población del país? ¿Cuál sería el perfil de las políticas públicas para reducirlas?

El hacinamiento se manifiesta en el 11.5% de los hogares urbanos, con 4 o más personas por cuarto para dormir, y en el 9.3% de los hogares rurales, con 5 o más personas por cuarto para dormir. El índice de hacinamiento nacional es  10.6%, o sea, 152,438 hogares están hacinados. Por consiguiente, es necesario ampliar la oferta de viviendas de interés social y facilitarlas no sólo con financiamiento a tasas de interés bajas sino también con el trabajo de las familias necesitadas bajo la dirección de ingenieros de instituciones públicas. La principal restricción en la solución de este problema es que 1,100,065 familias u hogares no son sujetas de crédito en el sistema financiero nacional, porque tienen un ingreso promedio mensual equivalente a US$301, resultante de un rango de [US$48, US$612] correspondiente a los primeros 75 percentiles de la población del país.

Los servicios insuficientes afectan más a la población rural que a la población urbana. El 85.8% de 574,719 hogares rurales no tiene inodoro o letrina y obtiene el agua de un río o un ojo de agua, mientras que el 4.3% de 857,481 hogares urbanos no posee inodoro o letrina o agua conectada a la red pública dentro o fuera de la vivienda. Se requieren más proyectos de inversión pública para el suministro de agua potable en las áreas rurales, al menos en áreas que tengan el potencial o las condiciones geográficas adecuadas, lo cual también demanda proyectos de reforestación y, con el concurso de la población rural, impulsar la construcción masiva de letrinas y sumideros con el propósito de disminuir el índice nacional de servicios insuficientes de 8.3%.

Una vivienda se considera adecuada si tiene dos combinaciones de materiales aceptables para pared-techo-piso, y con la presencia de un material aceptable o ninguno se considera inadecuada. A manera de ejemplo, una vivienda inadecuada tendría el suelo como piso, las paredes de ripios o cartón, o el techo de plástico. Según la EMNV de 2014, son inadecuadas el 13.3% de las viviendas urbanas, o sea, 113,819 viviendas, y el 7.1% de las viviendas rurales, o sea, 40,646 viviendas, de tal forma que el 10.8% de viviendas del país son inadecuadas.

En los hogares urbanos y rurales hay 373,010 niños de 7 años a 14 años de edad que no asisten a la escuela, es decir, el 9.5% de 3,936,982 niños en el rango de las edades antes señaladas y ese valor porcentual es el índice de baja educación, el cual expresa que nuestra niñez no recibe enseñanza primaria o secundaria. Cabe agregar que los datos de la EMNV ayudan a estimar que la tasa de analfabetismo de la población de personas de 5 años y más de edad es igual a 16.4%, y el nivel de escolaridad promedio nacional es 6.2 años de estudio.  Siempre hemos propuesto que la política pública en educación estaría dirigida a la ampliación de la calidad y la cobertura de la educación primaria, secundaria y técnica, esta última necesaria para la formación de la fuerza laboral, con el fin de apoyar el incremento de la productividad y la creación de empleos de calidad.

Con un jefe de hogar que tiene una escolaridad máxima de primaria incompleta, el 30.4% de la población rural tiene tres personas por cada ocupado y el 23.4% de la población urbana tiene más de 2 personas por cada ocupado, de tal forma que el índice de dependencia económica del país es igual a 26.3% de la población total del país. Mejor educación y un mayor nivel de escolaridad promedio nacional es el objetivo de la política pública para reducir la dependencia económica. Para una mejor educación, se requiere, disminuir el empirismo y una mayor capacitación de los maestros no empíricos, que implícitamente conlleva a aumentar su nivel salarial, y por lo tanto, aumentar el presupuesto para educación.

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De acuerdo con la EMNV de 2014, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso de Nicaragua se elevó de 0.46 en 2009 a 0.48 en 2014, pero no todos pueden ver el aumento de esta brecha porque la clase media disminuye y, simultáneamente, también se reduce la pobreza. En 2014, el 20% de la población de mayores ingresos del país capturó el 53.9% del ingreso total, mientras que el 20% de la población de menores ingresos sólo captó el 4.6% del ingreso total. Esto ayuda a ejemplificar que el índice de la desigualdad obstaculiza la reducción de la pobreza, no medida por los niveles de consumo como lo hace el Banco Mundial, sino por los niveles de ingreso de la población.

Nadie es pobre porque quiera serlo. La clave para reducir la desigualdad del ingreso, que puede provocar miedo a los que tienen más, es la educación y se necesita tener la voluntad política y la capacidad administrativa para establecer políticas sociales redistributivas que sean efectivas para toda la población. La actual administración pública ha logrado disminuir la pobreza extrema, pero hay que reconocer que la desigualdad y la falta de educación impiden a los pobres financiar sus proyectos productivos para convertirse en personas no pobres.

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