Sólo una reforma estructural de la economía de Nicaragua en 2016

6 12 2015

Presentación1

En un año electoral, conseguir la aprobación del mayor número de votantes obliga al responsable de la política económica a disminuir la tasa de inflación y la tasa de desempleo, las cuales no deben ser muy altas. Más inflación implica menos desempleo y más desempleo implica menos inflación, pero a largo plazo los formuladores de la política económica tienen que decidir por una tasa de inflación casi nula o convivir con una tasa de inflación positiva.

Es obvio que en Nicaragua se ha decidido por minimizar tanto el nivel de precios como la tasa de inflación, pero a la población votante le desagrada el elevado desempleo, mejor dicho, el elevado nivel de subempleados y la alta tasa de subempleo que también influye en el malestar de la población.

Con base en datos oficiales, en Nicaragua la inflación no es problema porque la tasa de inflación interanual en noviembre, es decir, de noviembre de 2014 a noviembre de 2015, es apenas de 1.8% y, además, en 2016 la tendencia del precio del barril de petróleo WTI es declinante por su excesiva oferta y sus altos inventarios en las economías avanzadas, mientras que la tasa de desempleo abierto tampoco es un problema porque en 2014 era igual a 6.8% de la población económicamente activa y porque en 2015 observamos un crecimiento económico levemente superior al 5%, mayor que el registrado en 2014. Sin embargo, el subempleo es el principal problema del mercado laboral, porque afecta aproximadamente al 50% del total de personas ocupadas debido a la creciente informalidad del mercado que ha pasado de 64% en 2006 a 80% en 2012.

Las reformas estructurales de la economía desaparecen del escenario económico en un año electoral, con el propósito de evitar la incomodidad y la fuga de votantes para el partido político en el poder. Sería un grave error político que en un año preelectoral y, peor aún, en un año electoral que el responsable de la política económica proponga al Presidente de la República reformar la política monetaria para “recordobizar” o “desdolarizar” la economía, o la política cambiaria para promover el aumento del volumen de las exportaciones y reducir el grave déficit comercial externo del país, o establecer la coordinación de una apropiada política financiera para que la tasa de interés juegue efectivamente su papel en el mercado.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2016, el Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y la Dirección General de Ingresos (DGI), iniciará la regulación de los precios de transferencia entre residentes y no residentes, y zonas francas y residentes, sobre la base del modelo centroamericano aprobado el 21 de febrero de 2007 por los ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. De acuerdo con la Ley de Concertación Tributaria (LCT) aplicada desde enero de 2013, las operaciones que se realicen entre partes relacionadas, así como las adquisiciones  o  transmisiones  gratuitas,  serán  valoradas  de  acuerdo  con  el principio de libre competencia.

El “precio de transferencia” es el precio que pactan dos empresas que están vinculadas o relacionadas, que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona, y ese precio no siempre se basa en la ley de oferta y demanda porque una empresa puede vender su producto más caro o más barato, de tal forma que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos gravables.

El método de los precios de transferencia usado por algunas empresas trata de medir la eficiencia de las divisiones de la empresa, y el valor que registra cada una de esas divisiones puede ser el del mercado, o el fijado por la gerencia general tomando en cuenta las otras divisiones de la empresa, o el de la participación de los costos en que incurre cada división empresarial en el costo total del producto.

Otro ejemplo en el mercado internacional es el de una empresa transnacional que tenga divisiones en otros países con menores tasas impositivas, con el fin de transferir la tributación del país con una mayor presión tributaria –donde se encuentra la casa matriz- hacia otro país que tiene una menor tasa tributaria –el domicilio fiscal donde se realiza la venta del producto o paraísos fiscales-, por lo cual la mayor parte de las utilidades estaría siendo gravada con una menor cantidad de impuestos. Los productos después son revendidos en mercados donde se gravan más las utilidades empresariales.

Para contrarrestar el riesgo de esa evasión de impuestos, la iniciativa de la LCT señala que el valor  de las operaciones entre partes relacionadas, entiéndase entre empresas o entre divisiones de empresas, se valorarán con el precio que habrían acordado partes independientes en operaciones de mercado en condiciones de libre competencia, y menciona cinco métodos de formación de precios: el método del precio comparable no controlado,  el método del costo adicionado, el método del precio de reventa, el método de la distribución de utilidades y el método de las utilidades netas comparables.

Los últimos dos métodos se aplicarían por complejidad de operaciones o por falta de información, y en su reglamento se incluirán fórmulas para ciertas actividades económicas basadas en indicadores que determinen valores mínimos de renta neta aceptados por DGI. La DGI también podrá establecer un procedimiento para solicitar un Acuerdo de Precios por Anticipado, que sería determinado en el reglamento.

Con esta reforma estructural, la única que se implementará en 2016, el Estado de Nicaragua pretende reducir la erosión a la base tributaria por medio de la manipulación de precios entre las empresas relacionadas en el exterior y el territorio nicaragüense. De acuerdo con el Presupuesto General de la República, en el próximo año la presión o la carga tributaria, o sea, la relación Impuestos del Gobierno Central/PIB, se eleva 6 décimas porcentuales del PIB hasta el nivel de 16.2%, o sea, de cada C$100 en concepto de producción de bienes y servicios en el país, el Estado se apodera de C$16.20 en concepto de impuestos, y dicha carga debe estar influenciada por la supervisión de los precios de transferencia.


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