El espectáculo tributario de 2014

31 08 2014

Presentación1

Desde hace más de una semana, políticos, economistas y algunos sociólogos han explicado el porqué del menor monto de impuestos recaudado por el Gobierno Central en el transcurso de este año, que provocó una reforma presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional en la semana que pasó.

Los impuestos no se han contraído, sino que crecen menos de lo esperado. Para explicar la desaceleración tributaria se escuchan opiniones inverosímiles para los economistas, como la que argumentó el ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, que confundió la política con la economía al atribuírsela a los sismos de abril recién pasado y a la sequía que impactó a la siembra de primera del actual ciclo agrícola.

Otro argumento es el mal diseño de la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que fue señalado por el economista Adelmo Sandino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y también por Julio Francisco Báez, experto reconocido en Derecho Tributario, quien además agregó el problema de una mayor inequidad de la ley por sus “exoneraciones y privilegios fiscales”. Comparto parcialmente estas opiniones, porque la LCT no aseguró un aumento importante de la recaudación de impuestos a partir de su fecha de implementación, el 1 de enero de 2014, al concentrase en los primeros años casi exclusivamente en el impuesto a la renta (IR) del capital (que comenzó a ser aplicado el 1 de enero de 2010 y se profundiza desde 2014) y de las ganancias y pérdidas de capital.

El aumento importante de los ingresos tributarios se experimentará a partir de 2016. Con el fin de reducir la evasión en el pago del IR de las actividades económicas, la LCT estipuló que a partir del 1 enero de 2016 el Estado supervisará los precios de transferencia, es decir, los precios que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona y, a partir del 1 de enero de 2017, el Estado reducirá gradualmente las exoneraciones del pago del IVA aplicando las tasas de 0% en 2016, 5% en 2017, 10% en 2018 y 15% en 2019 a las compras de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos de los productores agropecuarios y de las MIPYME´s industrial y pesquera, siempre y cuando los productores no presenten proyectos para mejorar la productividad, las exportaciones, los empleos y la absorción de nuevas tecnologías. Además, en la búsqueda de la armonización tributaria directa con el resto de países centroamericanos, se reducirá la alícuota del IR del trabajo y de las actividades económicas en 1 punto porcentual por año entre 2016 y 2020; por ejemplo, la tasa máxima actual de 30% del IR será de 25% en 2020.

Sin embargo, la inequidad de la carga tributaria fue aumentada por la LCT, al incorporarse el impuesto al valor agregado (IVA) en la compra de alimentos de mejor calidad, tales como el arroz con calidad 80/20 o con empaques menores de 50 libras de cualquier calidad, los azúcares especiales, el café molido con mezcla superior a 80/20, y los aceites de olivo, de maíz, de ajonjolí y de girasol, pero desgravó el impuesto selectivo de consumo a 496 partidas del sistema arancelario centroamericano, entre las que se distinguen la orquídeas, gladiolas, coles, espárragos, hongos, arvejas, maíz dulce, mezcla de hortalizas, garbanzos, dátiles, higos, fresas, ciruelas, mezcla de frutas, té verde, té negro, curry, salmones, arenques, anchoas, cangrejos, arroz pre cocido, peras, cerezas, líquidos para sistemas hidráulicos, bañeras, duchas, lavabos, alfombras y yates. Esto último provocó la caída de los impuestos selectivos de consumo, cuestión en que coincido con mi colega Adolfo Acevedo. Ocurrió algo contradictorio: mientras se gravaba el consumo de alimentos de mejor calidad producidos en el país, se liberaba del ISC el consumo de alimentos importados.

La desaceleración del crecimiento económico, así como una menor tasa de inflación, conducen a una menor recaudación tributaria. Cabe preguntarnos por qué el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el MHCP, de acuerdo con datos del Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2014-2017, proyectaron para 2014, con los supuestos macroeconómicos de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 4.5% y una tasa de inflación promedio anual de los precios al productor de 6.7%, un monto de ingresos tributarios de 48 mil 265 millones de córdobas, que es 18.3% superior al monto que se recaudó en 2013 –año en que se observó otra “sobre recaudación”-, lo cual fue aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2013.

En los últimos tres años la elasticidad Impuestos-PIB en Nicaragua ha oscilado muy cercanamente a 1.2, o sea, si el PIB aumenta 1% el monto total de los impuestos recaudados por el Gobierno Central tiende a incrementarse 1.2%. Teniendo en cuenta los dos supuestos macroeconómicos antes mencionados y la elasticidad de los tributos con respecto a la producción de bienes y servicios del país, el total de impuestos que pudo haber recaudado el gobierno en este año aumentaría 13.6%, en vez de 18.3% como lo propuso el Poder Ejecutivo en el Proyecto de “Ley Anual de Presupuesto General de la República 2014” a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Por supuesto, que el aumento anual de 13.6% de los impuestos no será alcanzado por desaceleración del crecimiento económico de este año, ya que el ministro del MHCP ha dicho que los impuestos crecerán 11%, que considero aceptable.

En otras palabras, el proyecto del presupuesto nacional de este año sobre estimó la proyección tributaria en 1 mil 922 millones de córdobas y en 4.7 puntos porcentuales. ¿Cuál fue el propósito de esa sobreestimación? ¿Pretendían nuestros servidores públicos del MHCP, del BCN y de la Asamblea Nacional continuar fortaleciendo el artificio macroeconómico de que nuestro país, el de menor desarrollo humano en el istmo centroamericano en 2013, ya alcanzó el objetivo de tener un presupuesto nacional equilibrado? Si el crédito petrolero de Venezuela se contabilizara como una deuda pública externa, el déficit fiscal anual rondaría en 2013 el nivel del 6.0% del PIB, en vez de ubicarse en el rango de [0%, 1%] del PIB  al registrarse como una deuda privada externa con el aval del Fondo Monetario internacional (FMI).

El recorte de los ingresos tributarios aprobado en la reforma presupuestaria el jueves pasado hubiese sido de 1 mil 153 millones de córdobas, en vez de 3 mil 77 millones de córdobas con 64 votos a favor y 21 en contra en la Asamblea Nacional. Los políticos que integran la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (BAPLI), quienes, aparentemente, desconocen el procedimiento técnico de la proyección de los ingresos tributarios, votaron en contra de esta reforma. Uno de ellos, Eduardo Montealegre, quien rara vez se presenta al hemiciclo legislativo y continúa abusando de la inmunidad que le confiere su curul, se preguntó “quién no está pagando impuestos”, no obstante, además de ser un violador de los derechos humanos y evasor de la Justicia de nuestro país, fue señalado públicamente como evasor en el pago de impuestos por la Dirección General de Ingresos (DGI).

Ahora que el gobierno señala que la economía nicaragüense crecerá entre 4.0% y 4.5% y que la tasa de inflación en nuestro mercado será aproximadamente igual entre 7.0% y 7.5%, se ha puesto en jaque al servidor público más eficiente que ha tenido nuestro país, el cobrador de impuestos, porque el ajuste presupuestario no obedeció a una “sobre recaudación” de impuestos por primera vez en los últimos 24 años.

 

 


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