El defraudador

24 11 2013

Presentación1

Hoy que se ha puesto de nuevo en la picota el fraude en nuestro país y el defraudador aparenta una extravagante honorabilidad y una espléndida rectitud, especialmente si es rico, invita a reflexionar sobre este problema social que continúa carcomiendo no sólo la economía nacional sino también el bienestar de las personas defraudadas, o sea, los nicaragüenses.

El primer jueves de este mes de noviembre invité a un excelente profesional de las ciencias económicas a que expusiera un tema de su elección a representantes de empresas que asisten al Grupo Empresarial de Análisis (GEA) de la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial que este servidor dirige. Alfredo Antonio Artiles, socio director de la firma auditora Peat Marwick Nicaragua, S. A. (KPMG), de quien fui profesor de macroeconomía en sus estudios de maestría y tutor de su tesis que versó sobre el riesgo-país de Nicaragua, aceptó mi invitación y, con base en su intervención ante el GEA escribo estas líneas de interés para los nicaragüenses.

¿Se ha preguntado usted como identificar a una persona que se confabula con sus intereses opuestos o que actúa contra la verdad y la rectitud y, así, perjudica a una organización o a una persona o a varias? El perfil de un defraudador se puede elaborar basado en el estudio de varios casos de fraude, principalmente “relacionados con crímenes de cuello blanco”. Su retrato genérico no es complejo y facilita su identificación.

En la mayoría de los casos, el defraudador es un hombre con una edad de 36 a 55 años que se desempeña en la cúspide de una jerarquía institucional, es decir, en las gerencias de las empresas, en la dirección de organismos no gubernamentales o en los despachos presidenciales, ministeriales y de entes autónomos del sector público, labora entre gerentes, directores y asistentes de la alta gerencia y también en la sección de ventas, con un tiempo de laborar en la organización de más de 3 años, especialmente en el rango de más de 10 años.

La duración promedio de un fraude es de casi 3 años y 5 meses, tiempo en que el defraudador comete sus malsanas acciones principalmente en el robo de activos, por ejemplo, dinero o bienes, la tergiversación de la contabilidad, la ejecución de sobornos y el crimen informático. Este último es posible con los equipos de computación y el internet, y se caracteriza por la distribución de virus, la obtención inapropiada de datos y el robo de información personal, delitos que son tipificados como económicos (muy organizados), espionaje (contra la propiedad intelectual y la  investigación y desarrollo), activismo (Wikileaks), terrorismo (contra la infraestructura de energía eléctrica y telecomunicaciones) y guerra (ataques entre Estados u organizaciones).

En menor escala el defraudador comete crímenes fiscales, pero en un país aún muy endeudado en términos de producción, y en el que el Estado no castiga penalmente la evasión del pago de impuestos como es Nicaragua, se puede observar que el monto de la evasión tributaria varía entre 5% y 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que obliga a señalar que la diferencia entre una evasión y una elusión tributaria es sólo el grosor de una pared de cárcel.

La mayoría de las instituciones defraudadas responden drásticamente contra el defraudador con acciones civiles y penales en el 77% de los casos o notifican a las autoridades competentes en el 40% de la muestra de estudio, o lo despiden de inmediato en el 39% del total de fraudes observados. Sin embargo, es lamentable que el 61% de las instituciones defraudadas continúa manteniendo relaciones comerciales con el defraudador.

Las actividades económicas más apetecidas por los defraudadores son las comunicaciones y las compañías de seguros. Le sigue, siempre en orden de importancia, el gobierno, lo cual nos hace recordar el complot contra el Estado de Nicaragua de un grupo de servidores públicos que abusaron del presupuesto nacional cuando les asignaron la tarea de rescatar a los depositantes de los cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001. Entre las personas acusadas por la Fiscalía General de la República se distinguieron 14 funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN) encabezados por Noel Ernesto Ramírez Sánchez y Mario Bernardo Alonso Icabalceta, 14 miembros de juntas liquidadoras, 4 funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) encabezados por Esteban Benito Duquestrada Sacasa y Eduardo Montealegre Rivas, 2 altos cargos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) con Noel José Sacasa Cruz a la cabeza, 2 delegados del Despacho Presidencial de la República, 1 socio del BANCENTRO y 2 funcionarios de la firma auditora Grant Thorton. Este crimen social nunca prescribirá, aun con el hecho que uno de los acusados, el actual diputado de la Bancada de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI) de la Asamblea Nacional Eduardo Montealegre Rivas, impidió el inicio del juicio penal porque prefirió ser un impune más de nuestra nación al escudarse inapropiadamente con la inmunidad que le confería su cargo público.

Otras actividades económicas preferidas por los defraudadores son los hoteles, los restaurantes, las instituciones financieras y el comercio minorista. En sus actividades institucionales o empresariales diarias, el defraudador raramente toma vacaciones y pide que se las paguen; descarta las promociones, a veces sin dar razones y otras veces con la insistencia que se siente muy a gusto en su cargo; se rodea sólo de su “gente favorita” y grita e intimida a sus colegas; los proveedores de bienes y servicio de la organización empresarial o institucional sólo quieren tratar con el defraudador, quien lleva un estilo de vida que no es consistente con el sueldo que devenga en su cargo. También es fácil de notar que no está contento con su trabajo y que le falta motivación, acepta regalos excesivos o contrarios a las políticas de la organización, se ve estresado bajo la presión y tiene oportunidad para definir la compensación financiera y otorgar los reconocimientos con muestras de una gran magnanimidad.

Entonces, estimado lector, hay que tener cuidado de los defraudadores, quienes siempre están al acecho. El ejemplo más reciente de un fraude que ha sido muy publicitado en nuestro país es el caso de las monjitas del Colegio Teresiano, que han perdido 500 mil dólares con una presunta estafa realizada por Álvaro Montealegre Rivas, y a la cual se han sumado otras más y totalizan casi 5 millones de dólares.

Ojalá que el perfil de un defraudador, que les he presentado con la información que compartiera con el GEA de COPADES mi amigo y excelente profesional Alfredo Antonio Artiles, les ayude a estar alerta y prevenir daños contra su persona, su organización empresarial, su institución estatal, su organismo no gubernamental, en fin, contra la economía nacional y el bienestar de los nicaragüenses, crímenes que no deben ser tolerados. 

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