Qué persigue la reforma parcial de la Constitución (Tercera Parte)

13 11 2013

En esta tercera y última entrega presento mi opinión sobre los últimos 16 artículos de nuestra Carta Magna que el Poder Ejecutivo ha presentado a la Asamblea Nacional (AN) para su reforma, que corresponden a la organización del Estado, la división política administrativa y la supremacía de la Constitución.

Comparto la propuesta de reformar el Artículo 130, “Estado social de derecho. Principio de legalidad y probidad. Inmunidad”, de mantener en sus cargos a funcionarios elegidos por la AN cuando concluyan su mandato, siempre y cuando la AN no haya realizado los nuevos nombramientos. Las instituciones no pueden quedar acéfalas y el Estado no puede quedar inhabilitado en su funcionamiento si los diputados no se ponen de acuerdo para nombrar a los nuevos funcionarios. Cabe recordar que la oposición política de hoy cuando fue mayoría en la AN en el período 2007-2012 ni la mayoría simple, absoluta y relativa de la AN de ahora no han facilitado el nombramiento de más de 30 funcionarios con cargos vencidos.

Dado el incipiente desarrollo democrático del país y, en términos generales, la poca cultura política de los así llamados representantes del pueblo, también comparto la reforma del Artículo 131, “Responsabilidad de funcionarios públicos y del Estado”, para que los funcionarios electos mediante sufragio universal sean destituidos de sus cargos si cambian de opción electoral en el ejercicio de su cargo. Esta reforma surge porque los diputados son electos “en plancha” (se agregan los concejales municipales y regionales), gracias a la escogencia o preferencia del caudillo o del político con más poder en la cúpula de los partidos, por lo cual la lealtad del diputado es a una persona o a un partido político y no a la población. Hubiese sido preferible que se reformara la forma en que elegimos a los diputados, es decir, llevarlos a los escaños de la AN en forma uninominal, para que esa lealtad sea exclusivamente para el pueblo.

No observo ninguna contradicción en la propuesta de reforma del Artículo 138, “Atribuciones de la Asamblea Nacional”, que en el caso de la separación de sus cargos de los funcionarios públicos elegidos por la AN será posible con el 60% de votos del total de los diputados de la Asamblea Nacional, que es el mismo porcentaje con el cual son nombrados.

Tiene mucha lógica económica la propuesta mostrada en el Artículo 146, “Elección del Presidente y del Vice-Presidente”, de que serán elegidos presidente y vice-presidente de la República quienes obtengan la mayoría relativa de votos, porque Nicaragua es un país muy endeudado en términos de producción en la actualidad, y se agrega un párrafo del Artículo 147 de la actual Constitución Política que dice si un candidato a Presidente o a Vicepresidente de la República no continúa en la carrera electoral por motivos de renuncia, incapacidad o falta definitiva, pueda ser sustituido por la persona que designe el partido político al que pertenecieron, lo cual es obvio.

La ley es la ley, aunque no nos guste. Si tomamos en cuenta la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habilitó al Presidente Daniel Ortega para que fuese candidato en las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, es razonable la eliminación de los acápites a) y b) del Numeral 4 del Artículo 147 de la actual Constitución de la República “Calidades para ser Presidente y Vice-Presidente. Prohibiciones”, que ya no impide a ser candidato a Presidente a quien ya haya sido en el período anterior y a quien haya ejercido el cargo por dos períodos, y a Vicepresidente de la República si hubiere ejercido el cargo de Presidente durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa la elección para el período siguiente.  

En la reforma del Artículo 150, ”Atribuciones del Presidente de la República” es bastante cuestionable, intolerable e injustificable incluir la atribución de “Dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa”, porque nuestra historia política demuestra que este tipo de decisión ha dejado ingratos recuerdos en materia económica –por ejemplo, creación y destrucción de impuestos, confiscaciones de la propiedad, trato preferencial a ciertos sectores económicos, entre otros- y en materia social –la exclusión social, es decir, poca o ninguna educación, sin servicios de salud y sin pensión o jubilación-, con el riesgo adicional de que ha conducido al establecimiento de regímenes autoritarios y, posteriormente, dictatoriales. Esto no es conveniente para nuestra Nación ni para el desarrollo democrático de nuestro país.   

Me abstengo de analizar y opinar sobre la reforma parcial a 8 artículos de nuestra Carta Magna, comprendidos entre el 160 y el 166, así como los Artículos 184 y 190, porque entran en el dominio de los expertos jurídicos.

Finalmente, no encuentro objeción alguna en las reformas propuestas para el Artículo 178, “Autoridades municipales. Elección. Calidades” y el Artículo 180, “Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica”, que se circunscriben en que el período de las autoridades municipales y regionales, incluyendo a los concejales, será de cinco años y que en el ejercicio del poder municipal deberá mantenerse el principio de igualdad y equidad de género, o sea, un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Sólo resta una reflexión final sobre la Reforma Parcial a la Constitución Política de nuestro país. Con más democracia, más clima de negocios y más desarrollo hay menos violencia social. Siempre habrá actores poderosos que ejercen poderes fácticos y los dominios reservados que impiden el escrutinio y las decisiones democráticas. El acuerdo político deber ser duradero con los propósitos de generar empleo, propiciar garantías laborales y mantener una política social expansiva. Los ciudadanos estamos obligados a demandar ese acuerdo, los partidos políticos deben quererlo, el Estado debe hacerlo y los grupos poderosos no deben impedirlo. Se requiere, pues, como siempre decimos y oímos, que exista voluntad política.

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