La ley de los escáneres tendrá que ser revisada

7 07 2013

Presentación1

La larga memoria legislativa está muy sólida entre los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, al violentar una ley que aprobaron en diciembre de 2012 y está vigente a partir del 1 de enero de este año. Me refiero a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que fue ignorada por la Ley 841 Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional, publicada en la Gaceta No. 120 del 28 de junio de 2013.

Digo que la memoria largoplacista de los formuladores y aprobadores de leyes de nuestro país goza de gran solidez, porque continúan legislando e ignorando lo ya aprobado por ellos, incluso cuando este servidor pide a la Junta Directiva del Poder Legislativo que apliquen el Reglamento de este Poder del Estado y el Código Penal de nuestro país que ellos aprobaron para que den cumplimiento a dos solicitudes judiciales que piden la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, un presunto delincuente que abusa de la inmunidad que le confiere su cargo público, y no responden porque estoy seguro que han leído 14 cartas que he remitido al Presidente de la Asamblea Nacional desde el 8 de mayo de 2012 hasta el 2 de julio del año en curso, sin tener respuesta hasta este día.

Según la LCT, están exonerados del pago del impuesto al valor agregado (IVA) no sólo los diplomáticos, las representaciones diplomáticas o consulares, los organismos o misiones internacionales acreditadas en el país, siempre que exista reciprocidad con este país, sino también: las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, las universidades y centros de educación superior, los exportadores, y algunos productos demandados por LOS CONSUMIDORES. Sin embargo, el Artículo 14 de la Ley 841 mantiene la exención a sólo al primer grupo de sujetos mencionado en este párrafo y agrega a los inversionistas que generen empleos en el país, entre ellos Alvimer Internacional y Compañía Limitada, que es la empresa que ganó la concesión para brindar los servicios de inspección no intrusiva en los puestos de control de fronteras.

Sorprende más el valor del servicio que prestará Alvimer Internacional y Cía. Ltda., porque la ley lo ha fijado en 0.26% sobre el valor de las exportaciones de bienes FOB y el valor de las importaciones de bines CIF, y un valor de US$15 para los vehículos que ingresen al territorio de la República de Nicaragua en condición de tránsito internacional, vehículos de transporte colectivo de pasajeros, y bajo régimen de Zona Franca por vehículo o contenedor.

Con ese cobro, la ley de los escáneres, nombre popular que ya recibió la Ley 841, pretende desconocer la exención en el pago del impuesto al valor agregado (IVA), entre otros, los libros y materiales escolares y científicos; los medicamentos y las materias para producirlos; el papel, los insumos y la maquinaria para los medios de comunicación social; los productos veterinarios; los equipos  e instrumental médico y quirúrgico; las materias primas para producir los 53 productos de la canasta de consumo básico; los servicios de salud humana; todas las modalidades de transporte interno; y los contratos de construcción de viviendas de interés social.

Establecer el cobro de ese servicio con un porcentaje sobre valores de comercio exterior FOB y CIF significa imponer un nuevo impuesto al comercio exterior, a sabiendas que la Organización Mundial de Comercio (OMC) prohíbe “exportar” impuestos y, por otro lado, acrecentará los costos de producción de todos los productos nicaragüenses demandados por los consumidores y el Resto de Mundo. Por lo tanto, al encarecer los productos nicaragüenses en el exterior, la Ley 841 está restando competitividad a las empresas nicaragüenses que venden sus productos en los mercados externos. Cabe agregar que se elevarán también los precios de los productos de origen doméstico y de origen importado, lo cual reducirá el poder adquisitivo de los consumidores. Se cumple una vez más el hecho que los políticos de nuestro país mantienen en gran descuido al mercado interno.

Todo lo anterior constituye un ejemplo de cómo la Ley 841 violenta los principios que caracterizan a la LCT, tales como reducir las cargas impositivas de los que hoy pagan sus impuestos –la nueva ley hace más pesada la carga tributaria a los agentes económicos-; diferenciar la política tributaria para favorecer la producción y al inversión –la nueva ley sólo favorece la inversión-; y equiparar tributos con las tasas tributarias de la región –la nueva ley reduce la competitividad de las empresas nicaragüenses en el exterior-.

La Ley 841 también atenta contra el objetivo de la eficiencia de la LCT, porque con esta tasa porcentual de 0.26% sobre las exportaciones FOB e importaciones CIF distorsiona las decisiones de producción y consumo, degrada los incentivos en actividades económicas clave para el desarrollo del país y no se mantiene una correspondencia con los tributos en el ámbito centroamericano.

La Asamblea Nacional de Nicaragua debe reconsiderar que con la recién aprobada Ley 841 viola la Constitución de la República al encarecer con esa tasa ad valorem los precios de los alimentos, los medicamentos y el aseguramiento de una vivienda digna para todos los nicaragüenses. La seguridad alimentaria queda marginada. Comienza a reinar la incertidumbre entre los empresarios por el cambio de las reglas del juego tributario que afectarán la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos, unas reglas que la administración actual transmitía con una gran confianza desde hace 7 años, contrario a lo que hacía la administración del Ing. Enrique Bolaños que cambió esas reglas tributarias en cada año de su mandato presidencial.

La Asamblea Nacional de Nicaragua también debe tener en cuenta que la Ley 841 fricciona o entra en conflicto con disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que otorga un libre comercio para todos los productos originarios de los países del istmo centroamericano y están exentos del pago de derechos de importación y de exportación, y que mantiene libertad de tránsito a través del territorio centroamericano de mercancías destinadas a o procedentes de los países del istmo y de los vehículos que transporten dichas mercancías.

La Asamblea Nacional de Nicaragua también debe reconsiderar que la Ley 841 viola el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), que contempla que todos los derechos y las cargas distintos a los derechos de importación y exportación se limitan al costo aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter fiscal aplicados a la importación o a la exportación.

Los padres de la Patria están en la obligación de hacer respetar las leyes y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Por estas razones, la Ley 841 tendrá que ser revisada. Además, los diputados tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, y también  agrego el Reglamento de la Asamblea Nacional, sencillamente porque ellos las aprueban.

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