Nicaragua no puede construir “colchones” financieros

29 04 2012

Desde hace varios años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha condicionado al Gobierno de Nicaragua que si la recaudación de impuestos es mayor que el monto anual proyectado (por ambos) que es aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley del Presupuesto General de la República, la sobre recaudación es asignada, en parte, para pagar la deuda gubernamental interna –lo cual implica que se reduzca la emisión de Bonos de la República de Nicaragua por US$120 millones anuales destinados al pago de amortizaciones de la deuda pública interna- y, en otra parte, asignada para el aumento de los depósitos (en córdobas) del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN) con el objetivo de proteger la posición de las reservas internacionales (en dólares) al evitarse un mayor gasto público que eleve la demanda de importaciones –lo que implica el llamado “esfuerzo” fiscal para proteger las reservas internacionales-.

La sobre recaudación de impuestos es tradicional desde inicios de los noventa del siglo pasado, porque la proyección anual de impuestos siempre ha mostrado el sesgo de la subestimación para reducir el gasto público en concepto de transferencias a las universidades, el Poder Judicial y las alcaldías.

El reciente Informe Perspectivas para América Latina y el Caribe, elaborado por el FMI en su reunión de primavera con el Banco Mundial (BM), reconoce que la región seguirá favoreciéndose por los altos precios de los bienes exportables, pero también reconoce el riesgo de una mayor desaceleración de la economía mundial provocada con la consecuente disminución de  la demanda de nuestros productos de exportables y la reversión de la buena tendencia económica actual de la región –aunque desde ahora estimo que el índice precios de las exportaciones de Nicaragua disminuirá 7% este año, debido principalmente a las caídas de los precios internacionales del café y del azúcar-.

El director para América Latina del FMI, Nicolás Eyzaguirre, dijo que los países tienen que empezar a ahorrar porque los aumentos de los precios de los bienes de consumo (que exportan) no durarán por siempre. “Nuestro consejo es que se reconstruyan esos ‘colchones’ (financieros) antes que los riesgos se materialicen y que las condiciones de apoyo externo desaparezcan”, y en el caso particular de Nicaragua identificó un problema adicional como es el nivel de endeudamiento público que equivale a US$5,293 millones y al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, por lo cual, aunque es difícil, tendrá que buscar cómo recaudar más recursos presupuestarios para “reconstruir” esos colchones (de reservas). En ese contexto, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Miguel Savastano, también consideró imprescindible una reforma fiscal, que el gobierno comenzará a negociar en mayo con el sector empresarial, dirigida a incrementar las recaudaciones de impuestos para mejorar la posición presupuestaria nacional.

Creo que es necesario aclarar a nuestra nación que el tema de la deuda pública no es el principal argumento para justificar una reforma tributaria, porque el pago del servicio de la deuda pública ha sido el gasto priorizado en el presupuesto nacional de acuerdo con la lógica económica del Estado que ha permanecido invariable desde 1990, al participar con el 19% en el gasto total presupuestario de 2012.

También es necesario aclarar que Nicaragua honra sólo el 60% de la deuda pública externa, porque el 40% restante se encuentra pendiente de restructuración con 8 países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), entre los cuales se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. En otras palabras, al 31 de diciembre de 2011 Nicaragua adeudaba al Resto del Mundo US$4,073 millones, lo que llamo el saldo “contable” de la deuda externa al incluir aproximadamente US$1,600 millones pendientes de restructuración con los Términos de Colonia de la Iniciativa HIPC. Por esto sugiero al FMI, al haber fungido por mandato del G-7 como coordinador de dicha Iniciativa vinculada con el cumplimiento del Programa “ESAF” y de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (PRS por sus siglas en inglés), que apoye a Nicaragua a gestionar la restructuración de esa deuda pendiente con el fin de sanear el saldo de la balanza de pagos del país. Si se lograra la condonación de al menos el 90% de la deuda pendiente de restructuración, tal como lo estipula los Términos de Colonia, el saldo de la deuda pública externa disminuiría hasta US$2,632 millones.

Si adicionamos el monto anterior al saldo de la deuda pública interna de US$1,170 millones registrada a finales de 2011 -espoleada por las confiscaciones de la propiedad en la década de los ochenta del siglo pasado, las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, y las operaciones de mercado abierto del BCN- arrojaría un saldo total de la deuda pública de US$3,803 millones, que equivaldrían al 52% del PIB de 2011 –menor que el 75% del PIB identificado por Nicolás Eyzaguirre-, por lo cual el nivel de la deuda pública de Nicaragua no sería el argumento básico para buscar una mayor recaudación de impuestos.

Por otro lado, Nicaragua nunca ha podido construir, mucho menos reconstruir, “colchones” financieros con sus propios recursos para enfrentar las crisis económicas y financieras internacionales, al ser un país que no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. No hay que olvidar que el FMI prohíbe a Nicaragua a endeudarse en términos comerciales y obliga a obtener un elemento de concesionalidad mínimo de 35% en la contratación de la deuda externa.

Además, no debemos obviar los hechos que el 65% del gasto de inversión pública de 2012 es financiado con recursos externos, donaciones y préstamos muy concesionales –cuyos términos financieros ponderados desde 1990 son 31 años plazo, 10 años de gracia y 2% de interés-, la tasa de desocupación global (abierto y equivalente asociado con el subempleo) fue igual a 24% de la población económicamente activa en 2011 y el índice de pobreza fue de 42.5% de la población total del país en 2009.

Aumentar la recaudación de impuestos es necesario para responder a las necesidades sociales de la población, pero no al pago de los acreedores del Estado de Nicaragua quienes siempre han recibido puntualmente el servicio de la deuda pública; también hay que buscar una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria y una mayor progresividad del sistema tributario; por supuesto, la reforma también tendría que buscar el mejoramiento de la eficiencia del gasto público y de la administración tributaria, así como reducir la evasión y la elusión fiscal, disminuir los costos de la obediencia fiscal y limitar la discrecionalidad de los administradores de impuestos.

La reforma tributaria no debería limitarse a fines recaudatorios sino constituir un instrumento para apoyar el aumento del crecimiento económico y la reducción de desempleo global y la pobreza, por lo cual invito a nuestros servidores públicos a que tengan cuidado con el principio de “neutralidad pura” frente a los incentivos tributarios enarbolado por el FMI. No se puede dejar exclusivamente en manos del Mercado la estrategia de desarrollo económico nacional ni la estrategia de reducción de la pobreza, porque ya observamos el cuestionamiento del Consenso de Washington con la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008.


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5 06 2012
juan sandoval

Fondos para pobreza van a la “Piñata”
■FSLN paga su latrocinio con fondos del FMI, UE y BID, en lugar de usar dinero para los pobres
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Los fondos obtenidos a través de los organismos internacionales y que están destinados para la lucha contra la pobreza, se estarían utilizando para pagar la gigantesca deuda interna causada por la confiscación de propiedades durante el primer gobierno de Daniel Ortega.

El Gobierno pagó el primero de febrero del presente año el “abono” de 100 millones de dólares de los Bonos de Pago de Indemnización (BPI) para resarcir a los propietarios confiscados en los años ochenta. Éstos se emitieron para indemnizar a unas 16 mil personas afectadas por las confiscaciones de propiedades ejecutadas por el gobierno del Frente Sandinista, que se dieron tras la derrota electoral del actual presidente Daniel Ortega en 1990, época en que se hizo el traspaso de miles de viviendas, fincas, residencias y lotes a nuevos dueños, incluidos altos dirigentes del FSLN. Todo esto fue conocido como la “Piñata”.

La deuda interna de Nicaragua por las confiscaciones sandinistas asciende a mil millones de dólares, no obstante, ninguno de los dirigentes del FSLN, liderado por Ortega, está preso.

El diputado Francisco Aguirre Sacasa, miembro de la Comisión Económica, considera que “es correcto” que se efectúe el pago, porque de lo contrario habría el riesgo de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) saque a Nicaragua de su programa macroeconómico.

Lo malo, expresó el diputado, es que “eso desgraciadamente es un legado de la ‘Piñata’. ¿Pero qué significa ese pago? Significa que los 90 millones de dólares que entraron al país, en concepto de rápido desembolso de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) salieron rápidamente para pagar esos BPI”, aseguró.

Para Aguirre Sacasa ésta era una de las razones del apuro del Gobierno en lograr normalizar las relaciones con los organismos internacionales a finales del año pasado, porque al tener el compromiso de hacer el pago de los bonos de indemnización, con el déficit presupuestario que enfrentaba, se habrían tocado las reservas internacionales de Nicaragua.

“Es como las puertas que dan vuelta, porque la plata que entró por una puerta dio vuelta y salió por otra puerta”, ejemplificó el diputado la manera en que el Gobierno hizo la transacción para cumplir con el pago de la deuda de los BPI.

Si bien afirma es un mecanismo permitido, cuestiona que el Gobierno prefiera presionar el Presupuesto de la República y mermar la inversión pública, para pagar una deuda que los mismos sandinistas causaron, y no lo saca de los fondos que recibe de Venezuela.

“¿Qué deberíamos haber hecho si tuviéramos un plan serio de nación? La plata venezolana, que también es de rápido desembolso, en su totalidad o parte de ella, se usaría para esos fines, lo cual permitiría usar esos 90 millones de dólares (provenientes de los organismos internacionales) para el desarrollo del país”, cuestiona Aguirre Sacasa.

Para él, “ése es el gran crimen de la ayuda venezolana” que recibe el gobierno de Daniel Ortega, “que no tiene un destino de desarrollo, porque se usa para otras cosas que no son construcción de carreteras, de centros de salud, proyectos de agua potable, y otros programas de beneficio para el país”.

Al consultar al Banco Central de Nicaragua (BCN) sobre el tema, su gerente general José de Jesús Rojas, coincidió en el mecanismo para pagar parte de los 100 millones de dólares de BPI, explicando que “al ser el dinero fungible, se puede ocupar para una u otra cosa”, y porque el “Gobierno tiene sus fuentes de financiamiento que son parte de los impuestos, etc., tiene su nivel de gasto y eso estaba incluido en el presupuesto: el pago de los bonos y todos las deudas que tiene el Gobierno”.

DIPUTADO FSLN NIEGA MECANISMO DE PAGO

El monto de los BPI sale de las recaudaciones fiscales, de las donaciones y de las mismas captaciones nuevas que logra el Ministerio de Hacienda. No obstante, el presidente de la Comisión de Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, aseguró que no se usaron los 90 millones de dólares de rápido desembolso, para cubrir parte de los 100 millones de dólares de los BPI, sino que salieron del Presupuesto de la República, tal y como se programó, pues lo contrario, afirmó, no le es permitido al Gobierno.

Gutiérrez dijo que “no es posible”, porque “en el caso particular del endeudamiento de Nicaragua, tanto interna como externa, se paga con esfuerzo fiscal. No se puede recurrir a recursos de la cooperación internacional para pagar endeudamiento interno, porque lo tenemos presupuestado con recursos corrientes del Presupuesto de la República, para pagar tanto los BPI y los bonos estandarizados que el Estado emite a través del Ministerio de Hacienda”.

LA “PIÑATA” PRESIONA PRESUPUESTO

Los Bonos de Pago de Indemnización (la “Piñata”) representan el 50.5 por ciento de los 210.3 millones de dólares que el Gobierno tiene presupuestados para el pago del servicio de deuda interna, correspondiente al 2010.

El diputado Aguirre Sacasa y el ex ministro de Hacienda, Mario Arana, dicen que se trata de una carga muy pesada para el país, al quitarle dinero que bien podría dirigirse a mejorar los niveles de vida de los ciudadanos.

“Pero esto se tiene que pagar primero porque detrás de ello está la credibilidad del Gobierno y del país”, refiere Mario Arana, agregando que “es un costo que estamos teniendo que pagar todos los nicaragüenses” aunque hay un reconocimiento a un problema “donde injustamente se dieron las confiscaciones”.

Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A

Hacienda cubre con emisión de bonos

El Bono de Pago por Indemnización (BPI) es una obligación de deuda contraída por el Estado de Nicaragua, según consta en la Ley de Bonos Estatales de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 5 del 9 de enero de 1981.
El Ministerio de Hacienda a través del Acuerdo Ministerial No. 004-2010, del 10 de febrero del 2010, publicado en La Gaceta, autorizó a la Tesorería General de la República emitir Bonos de la República por la suma de 100 millones de dólares, para cubrir el pago de los BPI.

El pago de febrero es la tercera cuota más alta a pagarse desde 1995, cuando el Estado asumió la deuda mediante la emisión de los BPI.

6 06 2012
nestoravendao

Estimado Sr. Juan Sandoval: Los también cuestionables BPIs son pagados por todos nosotros con la emisión de nueva deuda pública interna, es decir con la emisión de Bonos de la República de Nicaragua. En otras palabras, los diputados nos endeudan anualmente en un mont cercano a US$120 millones para para pagar la deuda gubernamental interna la cual, en mi opinión, debería ser pagada en una forma justa por aquellas personas que usufructúan propiedades en una forma muy cuestionada, principalmente “grandes” propiedad-, además de la otra deuda onerosa e ilícita, denunciada y acusada penalmente, de las quiebras bancarias de 2000 y 2001.

Por otro lado, nosotros también pagamos la deuda externa, que hoy tienen un perfil multilateral, con nueva deuda externa contratada con los mismos organismos multilaterales, principalmente del BID porque el BM dejó de concedernos préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario desde 2009 por el tema del fraude de las elecciones municipales.

En resumen, sin capacidad de pago ante los acreedores externos e internos, nos encontramos en el círculo vicioso de endeudarnos para pagar deuda y esto nos imposibilita para avanzar en la reducción de la pobreza. Se necesitan políticos rectos y probos en la conducción de los destinos de nuestro país. Con saludos cordiales, Néstor Avendaño

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