No cometamos los mismos errores

27 04 2012

En el último año del siglo pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó la reforma estructural de establecer la Administración del Fondo de Pensiones (AFP) de la seguridad social, que serían entidades privadas, mejor dicho entidades dependientes de bancos comerciales del país, para administrar esas pensiones. Para ello, el 14 de junio de 2000 el Gobierno de Nicaragua recibió un préstamo de 7.7 millones de dólares del Banco Mundial (BM/IDA), con un plazo de 39 años, 10.5 años de gracia y 0% de interés.

La implementación de esta reforma fue bastante decepcionante y tuvo que ser suspendida, porque la asesoría técnica que se recibió de consultores externos fue una copia de la administración del fondo de pensiones de seguridad social de Chile, cuyo sistema de pensiones tiene un componente contributivo organizado en forma de capitalización individual en un mercado laboral con una formalidad del 65% del total de ocupados en 2000, pero el de Nicaragua mostraba una informalidad cercana al 55% del total de ocupados en ese mismo año.

Esa acción provocó pérdidas en aquellos bancos que trataron infructuosamente de incursionar en la administración financiera privada del fondo de pensiones de seguridad social. Sin embargo, gracias a la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI por sus siglas en inglés) impulsada por el entonces Secretario del Tesoro de Gran Bretaña, Gordon Brown, en la Cumbre de Gleneagles, Escocia, el 8 de julio de 2005, Nicaragua recibió la condonación de US$1,613 millones de su deuda externa con el FMI, el BM/IDA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en que se incluía la deuda contratada para ejecutar esa reforma estructural fallida desde sus inicios.

He traído ese pasaje de nuestra historia económica-financiera del pasado reciente al presente porque ahora vuelve a ponerse en la picota la discusión de la reforma del fondo de pensiones de seguridad social, que se caracteriza, según datos públicos aún sin discusión alguna, por ampliar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años; duplicar el número de semanas de cotización de 750 a 1,500, o sea de 15 a 30 años de cotización, para asegurar la pensión completa; elevar la tasa de cotización del empleado de 6.25% a 12% del salario manteniéndose constante la tasa de cotización del patrón en 16%; la pensión a ser recibida será igual al promedio de todos los salarios con los que ha cotizado el trabajador, en vez del promedio salarial de los últimos 5 años, como es en la actualidad.

Esta propuesta del FMI para Nicaragua, que aparece en la página web del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es similar a la que está impulsando el policía financiero internacional en Europa, dada la crisis del déficit fiscal y la deuda pública que está acompañada de un elevado desempleo en los países de la Eurozona. Nunca será apropiado estandarizar o fotocopiar reformas estructurales de países con economías avanzadas o en vías de desarrollo en países calificados como pobres y muy endeudados en términos de producción, y parece que el FMI no aprende de sus errores como ya los tuvo en este campo en nuestro país a finales del siglo pasado.

Las autoridades nacionales deberían considerar que no se podría aprobar esta reforma basada exclusivamente en un estudio actuarial, que no se relaciona con ningún entorno económico en el mediano y largo plazo y que no toma en cuenta los severos problemas estructurales de la gran informalidad de nuestro mercado laboral –que en la actualidad abarca al 77% del mercado-, el elevado subempleo que cubre casi al 50% de los ocupados en 2011, la falta de educación técnica de los trabajadores –en 2009, el nivel promedio de escolaridad de la población urbana y rural es 6 años y 4.5 años de estudio respectivamente-, y la escasa transferencia de tecnología del Estado al 80% de las empresas del país, que son micros y pequeñas empresas – con puestos de trabajo muy precarios y muy expuestas a sufrir los efectos de los choques externos-.

La cobertura de la seguridad social ha disminuido en nuestro país recientemente. En 2011, nuestro mercado laboral con 2 millones 997 mil personas económicamente activas y un número promedio de trabajadores activos asegurados de 578,340 personas, señalan que la seguridad social cubrió sólo el 19.3% de la población económicamente activa del país (PEA)  e indica una caída de 2 puntos porcentuales de la PEA con respecto a su nivel observado en 2008, un año antes de la caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país por los efectos de la recesión económica mundial.

Miguel Savastano, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró que la reforma a la Ley de Seguridad Social de Nicaragua es un tema prioritario, particularmente lo referido a la edad de la jubilación; sin embargo, lo invito a reflexionar en el contenido de los siguientes tres párrafos y sobre los grandes retos de cómo diseñar y aplicar políticas públicas que reduzcan la informalidad del mercado laboral, y cómo podrían apoyar el 11% de las empresas del país, que corresponde a la gran empresa, para avanzar en la formalización del mercado laboral, comenzando con la fácil cooperación de que se establezcan métodos sencillos de contabilidad en la porción del 77% de las empresas del país que se encuentran sumergidas en la informalidad, para encaminarlas al pago de los tributos y de las contribuciones de la seguridad social.

El Estado de la Región, un organismo no gubernamental con sede en San José, Costa Rica, del cual soy miembro de su Consejo Consultivo, en su Cuarto Informe en Desarrollo Humano Sostenible señala que en los países centroamericanos tenemos proporcionalmente muchos menos niños y adolescentes que hace 10 años. En las últimas décadas la población en edad productiva creció rápidamente y una buena parte del crecimiento económico que experimentó la región en las últimas décadas no se debió a mejoras en la productividad sino a que agregamos cada vez a más personas al mercado de trabajo. Esa ventaja la perderemos en los próximos veinte años.

La primera implicación de esa transición de demográfica es que si queremos crecer económicamente en el futuro vamos a tener que hacerlo mediante mejoras importantes en la productividad; ya no tendremos el lujo de crecer sobre la base de agregar gente a la actividad económica. La segunda implicación es el envejecimiento, ya que todas las sociedades de Centroamérica, con mayor o menor intensidad, están envejeciendo y, a una generación plazo, tendremos una estructura demográfica muy similar a las envejecidas sociedades europeas y de Japón, que están experimentando serios problemas para lograr mantener su estado de bienestar. En otras palabras, dentro de 20 años en nuestros países centroamericanos entre un 20% y un 25% de la población tendrá 60 años o más. Imaginemos lo que será llegar a la siguiente situación demográfica: sociedades envejecidas como las europeas con niveles de productividad como las del tercer mundo. Una ecuación imposible. ¿Cuál sería la opinión que tendría el FMI sobre la falta de aprovechamiento del bono demográfico y su propuesta del rescate financiero del INSS? ¿Elevar la edad de jubilación sería la solución de esa ecuación?

Adicionalmente, si tomamos en cuenta que en las zonas rurales y urbanas de Nicaragua el 48% y el 39% del total de jóvenes nicaragüenses con edades de 12 a 24 años en ese mismo orden, con un alto sesgo femenino, son llamados “ni-nis”, es decir, que no estudian ni trabajan y cuyo futuro será no sólo la pobreza y la doble exclusión por el Estado y el Mercado, sino también una bajísima productividad, ¿persistiría el FMI con su propuesto rescate financiero del INSS, a sabiendas que la economía nacional habrá perdido una importante parte del capital humano que a una generación plazo requerirá para enfrentar el desafío demográfico arriba planteado? Creo que los altos cargos técnicos del FMI deberían meditar un poco más al respecto, porque toda la economía, en esas condiciones, iría a la quiebra.


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