No hay problemas con la Consulta del Artículo IV

22 04 2012

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a Nicaragua en la primera semana de mayo para evaluar el comportamiento de la economía nicaragüense en 2011 e iniciar conversaciones sobre las reformas estructurales pendientes con la recaudación de impuestos, el fondo de pensiones de seguridad social, el empleo en el gobierno central y la tarifa de energía eléctrica. Talvez en julio o agosto comiencen las negociaciones del quinto programa económico trienal de Nicaragua, cuya suscripción en este año aseguraría los desembolsos de US$45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyo presupuestario y, a lo sumo, otros US$20 millones del FMI para apoyo a las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN).

 

Nicaragua siempre aprobó excelentemente los exámenes de metas y reformas económicas del FMI en los cuatro años pasados, excepto durante unos meses en que se congeló el diálogo macroeconómico cuando el gobierno introdujo, al margen del presupuesto nacional, un bono salarial para los empleados públicos financiados con recursos del ALBA. Ahora Nicaragua volverá a aprobar la revisión económica en la conclusión de la Consulta del Artículo IV. ¿Por qué? Veamos.

El saldo de las reservas internacionales brutas del BCN de 1 mil 892 millones de dólares al 31 de diciembre del año pasado era igual a 2.38 veces el saldo de la base monetaria, es decir de los saldos de la emisión de dinero y del encaje sobre los depósitos en córdobas, superando el límite inferior de 2.2 veces y asegurando la condicionalidad de estabilización macroeconómica, la cual se manifestó con una brecha de apenas 0.24% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, aunque debe mencionarse que la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas era de 28.7%, muy alta sobre la legal de 12% diaria, que obedecía a la estrategia bancaria de mantener una excesiva liquidez y sacrificar su tasa de ganancia después de dos años de la última recesión económica.

La economía creció 4.7% sin el apoyo bancario, gracias al empuje de la inversión en construcción y maquinaria  equipo –la inversión extranjera directa pasó de 508 millones de dólares en 2010 a 968 millones en 2011-; la tasa de inflación anual fue de un dígito e igual a 8%, lo cual provocó un deterioro de 3.2% del salario promedio mensual nacional, y el 92% de dicho salario fue absorbido por la compra de 23 productos alimenticios de la canasta de 53 productos de consumo básico; y el 49.1% de la población económicamente activa (PEA) estaba subempleada y el 6.3% de la PEA estaba desempleada, es decir, el número de subempleados y desempleados ascendió a  2 millones 216 mil personas, mientras que el 77.2% de los ocupados laboraban en el mercado informal; en otras palabras, 2 millones 344 mil personas tenían dificultad para encontrar un puesto de trabajo decente.

En 2011 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 1 mil 302 millones de dólares –el talón de Aquiles de nuestra economía porque el régimen cambiario imperante desde el 10 de enero de 1993 castiga al exportador-, es equivalente al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y ya está disminuido en 912 millones de dólares por las remesas familiares, fue financiado con la ayuda oficial de 503 millones de dólares, la asistencia financiera de Venezuela de 609 millones de dólares y el flujo de inversión extranjera directa ya mencionado de 968 millones de dólares.  El déficit comercial externo subió de 25% del PIB en 2010 a 28% del PIB en 2011, no obstante el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB y el valor neto de la maquila sumaron 2 mil 755 millones de dólares al observarse un aumento de 18% en los precios internacionales de nuestros productos.

A finales del año, el saldo “contable” de la deuda pública externa era igual a 4 mil 84 millones de dólares y a 56% del PIB, y aún encierra alrededor de 1 mil 600 millones de dólares pendientes de reestructuración  en el marco de la Iniciativa HIPC con 8 países que no son miembros del Club de París, entre los que se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. Mientras cada nicaragüense tiene un ingreso promedio anual de 1 mil 297 dólares, también tiene una deuda “contable” con sus acreedores externos de 694 dólares y otra deuda “efectiva” de 199 dólares con sus acreedores internos.

Sin incorporar la cooperación internacional destinada al presupuesto nacional, lo más importante en el ámbito de las finanzas públicas es la reducción del déficit del presupuesto nacional hasta 1.3% del PIB y, tomando en cuenta sólo las donaciones externas para los programas y proyectos gubernamentales, dicho déficit se transformó en un superávit igual a 0.6% del PIB. Este resultado, sin duda alguna está asociado con el manejo extrapresupuestario de la deuda privada contraída por ALBANISA con Venezuela, aunque también debe reconocerse que la presión tributaria, o sea la porción de la producción que el gobierno central se apodera en concepto de impuestos, subió 6 décimas porcentuales del PIB hasta 19.4% del PIB debido a la continua ampliación de la base tributaria y la reforma tributaria vigente desde el 1 de enero de 2010, que gravó por primera vez a las rentas del capital.

Sin embargo, desde Washington Nicolás Eyzaguirre, director del FMI para Nicaragua, aconseja “reconstruir sus colchones financieros” para evitar la falta de liquidez mediante el aumento de la recaudación de impuestos, y Miguel Sabastano, subdirector del FMI para Latinoamérica, insistió en reformar el sistema de pensiones, incluyendo el aumento de la edad de jubilación, una carga fiscal que en un momento hay que pagar.

Aconsejo al gobierno de Nicaragua que continúe consolidando nuestra soberanía fiscal, una tarea que se inició en 2007, y proponga al FMI variantes para enfrentar el problema financiero que visualizan desde Washington si desacelera más la economía estadounidense por la crisis de la eurozona, lo cual podría provocar la disminución de los recursos fiscales, incluyendo el financiamiento del pago de pensiones. Entre esas variantes propongo a nuestros servidores públicos buscar cómo reducir la informalidad de nuestro mercado laboral -con la mutua cooperación del sector formal de la economía-, buscar una mayor equidad en el cobro de impuestos –el que tiene más paga más impuestos, el que tiene menos paga menos impuestos y los que tienen lo mismo pagan los mismos impuestos-, y garantizar los estímulos tributarios, definiendo su temporalidad, a las actividades económicas que reduzcan el subempleo y el desempleo y propicien un acelerado crecimiento económico –sin aceptar dócilmente el pensamiento fiscal de la neutralidad tributaria del FMI-.

No hay que olvidar en estas próximas negociaciones del gobierno, que el FMI impulsó e impuso el Consenso de Washington con instrucciones del Grupo de los 7 (G-7), pero ese Consenso fue enterrado en los países de economías avanzadas a raíz de la caída de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008 y, además, se observó su fracaso en Latinoamérica. Por algo el G-7 tuvo que  implementar la Iniciativa HIPC que se concedió a los 53 países pobres y más endeudados del mundo, debido a la cuantiosa deuda externa contratada por esos 53 países con instituciones financieras multilaterales para financiar las reformas estructurales que emanaron desde el Consenso de Washington.


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24 04 2012
Fabricio Carmona

Muy bien dicho.

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