Otro compromiso incumplido, pero mejorado

28 09 2011

“La prioridad del Presupuesto Nacional será la formación de capital humano, con una profunda transformación educativa y de salud y, donde, los fondos liberados de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados, sean destinados, en un 100% a la reducción de la pobreza.” Así rezaba en 2006 una promesa presidencial del candidato a presidente de la República, Daniel Ortega, por la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, contenida en el Programa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que él presentó en el Acto de Clausura del III Congreso FSLN, Sesión “Sandino,La Victoria”, 28 de mayo de 2006.

La lógica económica o la prioridad del presupuesto general de la República en estos últimos cinco años ha sido la misma que observaron los presupuestos de la nación desde 1990, o sea pagar la deuda gubernamental, hoy caracterizada por los Bonos de Pago por Indemnización (BPIs) para pagar las confiscaciones de la propiedad ejecutadas en la década de los ochenta del siglo pasado, los Bonos Estandarizados relacionados con las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, y los Bonos de la República de Nicaragua que se emiten para pagar las amortizaciones de la deuda interna del Gobierno Central, o sea que la Asamblea Nacional nos endeuda para pagar la deuda. No han sido, pues, los gastos de educación y de salud las prioridades de nuestro presupuesto nacional.

Sin embargo, en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) y de la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI), la administración actual redujo pero no eliminó la desviación de los impuestos liberados del pago de la deuda externa hacia el pago de la deuda interna, en vez de ser asignados exclusivamente al gasto de reducción de la pobreza.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante la administración de Enrique Bolaños el monto total de los alivios fue de 1 mil 119 millones de dólares, del cual se asignaron sólo 469 millones al gasto de reducción de la pobreza, que se elevó de 365 millones de dólares en 2002 a 651 millones en 2006.

En otras palabras, la administración de Enrique Bolaños desvió el 58% de los impuestos liberados del pago de la deuda externa, o sea 650 millones de dólares –dicho sea de paso, la mayor desviación de recursos del presupuesto nacional en la historia económica de nuestro país- hacia la reducción de la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, en vez de asignarlos a la reducción de la pobreza de Nicaragua, como lo mandaba las Iniciativas HIPC y MDRI. Se hubiera necesitado una auditoría internacional del Grupo de los 7 (G-7), independiente del Fondo Monetario Internacional, para validar el mal uso que le dieron a la principal cooperación externa que ha recibido nuestro país con el fin de disminuir la pobreza de los nicaragüenses.

Sin embargo, a pesar de la promesa de destinar el 100% del alivio de la deuda externa a la reducción de la pobreza, en los cinco años de la actual administración de Daniel Ortega se han desviado 464 millones de dólares de los impuestos liberados del pago de la deuda externa, o sea el 41% de un monto total de 1 mil 140 millones de dólares, a fines distintos del gasto de reducción de la pobreza, que se incrementó de 761 millones de dólares en 2007 a 888 millones de dólares en 2011.

Lo que debo reconocer al presidente de Ortega es que en su mandato redujo en 17 puntos porcentuales la desviación de los impuestos liberados del pago de la deuda externa para reducir un índice de pobreza de 48.3% de la población que heredó de la administración de Enrique Bolaños, el cual logró disminuirlo hasta 42.5% con la ayuda adicional de los recursos venezolanos administrados por ALBANISA.

Aunque se redujo el margen de la desviación de impuestos hacia gastos distintos de la reducción de la pobreza, faltó transparencia en el uso de los recursos del presupuesto nacional, aunque hay que admitir que también se observó una mayor participación de la población en la solución de los problemas económicos y sociales.

¿Por qué no pudo cumplir el presidente Daniel Ortega esta promesa? Le doy el beneficio de la duda a los ministros y asesores del presidente que el Fondo Monetario Internacional (FMI), coordinador de la Iniciativa HIPC nombrado por el G-7, les haya exigido la aplicación de una fórmula que el FMI inventó para determinar el monto del alivio de la deuda externa que se destinaría al gasto de reducción de la pobreza de Nicaragua.

¿Qué indicaba esa fórmula? El alivio A para la reducción de la pobreza era igual al promedio anual del pago del servicio (intereses y amortizaciones) de la deuda pública externa durante el período 1992-1998, o sea 216.6 millones de dólares, menos el servicio después del Alivio HIPC.  Si A era menor que el Alivio Multilateral (concedido por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica), entonces el Alivio para la Reducción de la Pobreza era igual al Alivio Multilateral.

En otras palabras, con esa fórmula se evadió la decisión política del G-7 de fortalecer el vínculo de la reducción de la deuda externa con la reducción de la pobreza. Está claro, pues, que el presidente del Banco Central de Nicaragua y el ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a inicios del mandato de la administración de Enrique Bolaños adoptaron esa fórmula para pagar la deuda pública interna, que se aceleró desde el BCN con la complacencia del FMI a través de la emisión de CENIs subastados, CENIs asociados con la crisis financiera de los cafetaleros, CENIs asociados con las liquidaciones bancarias, Bonos en Moneda Extranjera (BOMEXs), Títulos Especiales de Liquidez (TELs), Títulos Especiales de Inversión (TEIs), Letras Estandarizadas del Banco Central y Bonos del Banco Central, un festival de títulos valores que salió  del BCN durante la gestión del ex presidente del BCN, el abogado Noel Ramírez, quien en cierta ocasión afirmó públicamente que nunca resellaría los billetes de córdoba, pero nos dejó hiperendeudados.


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