¿Existe democracia económica en Nicaragua?

24 09 2011

Conozco el concepto de la democracia inclusiva, un proyecto que persigue la democracia política directa, la democracia económica, la democracia social y la democracia ecológica, y me llamó la atención que el candidato a presidente de Nicaragua por la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, Daniel Ortega, declaró el sábado 24 de septiembre en el empalme El Guanacaste, Carretera Granada-Nandaime, que en Nicaragua se construye una economía democrática, porque ha logrado convertir a miles de nicaragüenses en “sujetos económicos en la nueva economía que se está construyendo en Nicaragua, una economía democrática donde puedan participar todos los nicaragüenses”, porque “los campesinos y campesinas se están organizando en cooperativas para producir más y mejor los alimentos que tanta falta le hacen al pueblo y a buena parte de la humanidad”.

En Nicaragua siempre se han producido alimentos, porque no somos una nación con un alto índice industrial. Sin embargo, debemos reconocer que el cooperativismo fue impulsado desde la década de los ochenta en nuestro país, pero el pueblo aún no es ni creo que será una autoridad económica en Nicaragua.

En la actualidad, el Fondo Monetario Internacional conoce antes que los nicaragüenses las decisiones de política macroeconómica y de reformas estructurales aprobadas por el gobierno, independientemente del partido político que se encuentre en el poder, y eso con la exigencia multilateral de la transparencia.

El pueblo nicaragüense, con algunas excepciones en el mapa institucional del sector público del país, no tiene acceso a la información pública, cuya recopilación y procesamiento pagamos con nuestros impuestos, a pesar que existe una ley de acceso a la información. Por consiguiente, el cooperativismo no es sinónimo de pueblo.

La democracia económica se da cuando existe auto-dependencia popular, que busca la autodependencia mas no la autosuficiencia motivada, en nuestro caso, por el proyecto del Bono Productivo Alimentario, debido a que se necesitan economías de escala para satisfacer el consumo interno y aumentar las exportaciones de alimentos.

La democracia económica se da cuando existe propiedad popular de los medios de producción, que conduce a la politización de la economía, pero esto no se observa en Nicaragua, ni creo que se observará dada la pragmática relación entre las autoridades gubernamentales y la empresa privada y, además, porque la población en sus asambleas participativas, por ejemplo los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) deciden sobre aspectos microeconómicos y no proponen, mucho menos aprueban, decisiones macroeconómicas.

La democracia económica se da cuando los recursos públicos son distribuidos en las comunidades en el marco de una democracia inclusiva, pero basta un ejemplo: la asistencia financiera de Venezuela se maneja en forma privada y la población, excepto los líderes, no conocen el presupuesto nacional, aunque es obvio que nadie puede argumentar el desconocimiento de la ley.

La democracia económica impide la acumulación privada de la riqueza y la consolidación de privilegios para grupos y actividades económicas, pero esto no ocurre ni ocurrirá en Nicaragua. Los nicaragüenses no tomamos las decisiones macroeconómicas en forma democrática ni las decisiones para mejorar nuestro nivel de vida. Al contrario, observamos pasivamente como se extiende la  economía informal en nuestro país. Es el Estado, mas no la población, el que distingue entre necesidades básicas y no básicas, y en función de ellas se decide la política salarial, para unos, una minoría, con la suma de la tasa de crecimiento de la producción y de la tasa de inflación del año anterior, y para otros, la mayoría, con la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial.

Entonces, cuando el candidato presidencial afirmó que está construyendo una economía democrática en nuestro país, no pude comprenderle. Además, por mis observaciones arriba mencionadas, estimo que es muy probable que la frase “Un modelo cristiano, socialista y solidario” no tiene ni tendrá una sólida relación con el concepto de la “democracia económica” en manos de los actuales servidores públicos.


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