Eduardo Montealegre huye de la Justicia de Nicaragua

11 04 2011

Después de haberlo acusado penalmente dos veces, hoy el diputado Eduardo Montealegre Rivas no se presentó a la audiencia preliminar convocada por el Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, porque informó por escrito que “está investido de inmunidad” y pidió al Juez que se abstenga de tramitar cualquier procedimiento penal  en su contra porque sería “violatorio de sus derechos constitucionales”, no obstante el diputado reacusado ha sido y es un persistente violador de mis derechos humanos.

Con su conducta,  el ciudadano y diputado Eduardo Montealegre continúa burlándose no sólo de la Ley de Nicaragua, sino también de los altos cargos judiciales, del Poder Judicial, de las instituciones públicas, de los organismos no gubernamentales y de la personas físicas. La población nicaragüense ya sabe que usa su inmunidad para transformarse en un impune más de nuestro país, al poner en gran relieve su presunta delincuencia.

El Juez Henry Morales Olivares, a cargo del Juzgado Séptimo Local de lo Penal de Managua, enviará en los próximos días un informe al Primer Secretario de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, para que proceda según en derecho corresponda, dada mi petición de una segunda desaforación para el diputado que continúa escudándose en su inmunidad.

Reitero mi solicitud a los miembros de la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Nacional que incluyan en el próximo orden del día de esta semana la solicitud de la primera desaforación diputado acusado que enviara la Juez Sexto Local Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008.

En mi reciente visita a la Primera Secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el Dr. Wilfredo Navarro me dijo, frente a los periodistas, que en esta semana introducirá la solícitud de desaforación del diputado Eduardo Montelegre.

Confío en que los legisladores me facilitarán el acceso a la Justicia de nuestro país, que es obstaculizado por el diputado reacusado con el mal uso que hace de su inmunidad parlamentaria desde hace dos años y 8 meses.

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A Venezuela se adeuda un monto igual al 36% del saldo “contable” de la deuda pública externa de Nicaragua

8 04 2011

Al 31 de diciembre de 2010, el sector público de Nicaragua debía US$3,875 millones al Resto del Mundo, un saldo que yo califico como “contable” porque de ese monto nuestro país honró, o sea que pagó intereses y amortizaciones, sólo sobre US$2,294 millones en 2010; los restantes US$1,581 millones están pendientes de reestructuración con los Términos de Colonia, en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), con 10 países que no son miembros del Club de París, entre los cuales se distinguen por los montos adeudados Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. En otras palabras, en la actualidad Nicaragua honra el 59% del saldo total de su deuda pública externa.

Comencé estos comentarios con la deuda pública externa, para exponer la importancia de la deuda privada externa contraída con Venezuela, mejor dicho la importancia de la cooperación venezolana, cuyo flujo de US$511 millones en 2010 fue 8% mayor que el total US$472 millones de la cooperación oficial que recibió nuestro país el año pasado.

En el cuatrienio 2007-2010, excluyendo US$334 millones en concepto de inversión extranjera directa asociada con la construcción de la refinería “El Sueño de Bolívar”, US$47 millones, y las plantas de generación de electricidad, US$287 millones, los recursos de la cooperación venezolana suman US$1,265 millones, de los cuales US$829 millones corresponden a préstamos y US$436 millones, a donaciones. Por lo tanto, la deuda privada que Nicaragua adeuda a Venezuela es igual al 36% del saldo contable de la deuda pública externa de nuestro país al 31 de diciembre de 2010.

 En 2010, la cooperación petrolera sumó US$337 millones debido al mayor precio del barril de crudo WTI, al aumentar 20% cuando pasó de US$74.30 en diciembre de 2009 a US$89.04 en diciembre de 2010; como es conocido, del valor total de las compras de petróleo y sus derivados provenientes de PDVSA y realizadas por PETRONIC y/o ALBANISA, un 50% se paga al contado a PDVSA, un 25% se destina a un Fondo a nombre de PDVSA y administrado por una entidad privada nicaragüense y el 25% restante se destina a esa entidad privada en términos muy concesionales, con un plazo de 25 años, 2 años de gracia y una tasa de interés de 2%. Por otro lado, el financiamiento bilateral de US$163 millones entregado exclusivamente a ALBA-CARUNA fue con un plazo de 5 años, 1 año de gracia y una tasa de interés anual de 2%. Así, el año pasado Venezuela no donó y sólo prestó a ALBANISA, que es la entidad que recibe y administra esos fondos. En total, US$500 millones, excluyendo el monto de la inversión extranjera directa.

El informe que elaboró el Banco Central de Nicaragua (BCN) constituye la respuesta a la reforma estructural suscrita con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el monitoreo y la administración de los flujos de ayuda venezolana a partir de marzo de este año, que en principio incluye en forma muy agregada el uso de los recursos por sector económico, es un primer paso, es un avance en la transparencia de esta muy importante cooperación.

Cabe recordar que en el próximo mes de octubre el BCN entregará al FMI la información mensual de los depósitos bancarios asociados con esos flujos de ayuda. Además, excluyendo el monto anual de US$31.3 millones asignados al bono salarial de 140 mil trabajadores que devengan un salario menor de C$5,500, las autoridades gubernamentales se comprometieron en no utilizar esos recursos para financiar el gasto fiscal.

No obstante el nivel muy agregado de la información sobre el uso de los recursos provenientes de Venezuela, es innegable que esos fondos han contribuido a garantizar el ciclo económico político que el presupuesto nacional no pudo respaldar en este año electoral, dada la severidad de la reducción del déficit fiscal inicialmente aprobado en el nivel de 0.7% del PIB después del registro de las donaciones externas y excluyendo el gasto electoral de US$39 millones.

Ese ciclo económico político actual se comprueba con la ejecución de varios proyectos sociales, productivos y de infraestructura : (i) US$20.4 millones del subsidio de los usuarios de transporte colectivo y selectivo urbano y de los consumidores de 150 Kwh o menos de energía eléctrica mensuales; (ii) US$31.3 millones del bono salarial antes mencionado; (iii) la entrega de C$1,000 mensuales a cada uno de más de tres mil adultos mayores; US$19.4 millones para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población vulnerable, cuyos proyectos más importantes son Hambre Cero y Producción de Alimentos; US$11 millones asignados a infraestructura urbana, principalmente Calles para el Pueblo; US$15.4 millones en Asistencia Humanitaria, orientado a las familias afectadas por desastres naturales; US$208 millones en proyectos socio-productivos, entre los que se destacan US$98.5 millones para Soberanía Energética; US$12.5 millones para la Producción Agropecuaria y Forestal; y US$9.0 millones para el desarrollo del Comercio Justo, que favoreció el aumento de las exportaciones a Venezuela, segundo comprador de productos nicaragüenses después de Estados Unidos.        

Bien, esto es un avance de la transparencia del uso de estos recursos, aunque de la cooperación venezolana de US$500 millones de 2010, excluyendo la inversión extranjera directa, aún no se sabe cómo se usaran las disponibilidades de US$110.5 millones en la cooperación petrolera y de US$111.1 millones en la cooperación bilateral.





La soberbia vuelve a cegar a Eduardo Montealegre Rivas

5 04 2011

Hoy visité a la Asamblea Nacional de Nicaragua y me sentí bastante optimista después de haber conversado con varios diputados, que se mostraron dispuestos a apoyarme en la Junta Directiva del Poder Legislativo para que se concrete mi solicitud de incluir en el orden del día de la próxima semana el mandato judicial enviado el 6 de octubre de 2008 por la Juez María Ivette Pineda Gómez, a cargo del Juzgado Sexto de lo Penal de la Circunscripción de Managua, con el fin de que se proceda a la desaforación del ciudadano y diputado Eduardo Montealegre Rivas por el delito de injurias y calumnias.

Tras 2 años y 7 meses que el ciudadano y diputado reacusado Eduardo Montealegre se ha escudado en su inmunidad parlamentaria y huye de la Justicia de Nicaragua para no enfrentar mi demanda, ahora observo la muy probable posibilidad que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional podrá facilitarme el derecho humano de tener acceso a la Justicia, cuestión que hasta ahora me ha impedido el diputado impune y también reacusado en el Juzgado Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción de Managua a cargo del Juez Henry Morales Olivares, por más injurias y calumnias que escribió y firmó en una supuesta carta de disculpas que hizo circular desde la casa de su movimiento político el 2 de febrero de 2011, por lo cual ya fue notificado para que se presente en dicho juzgado el próximo lunes 11 de abril a las 8:30 a.m.

En su despacho, el Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, me explicó frente a los periodistas que, una vez que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional decida incorporar su solicitud en el orden del día de este Poder del Estado en la próxima semana, se procederá a formar una comisión especial que analizará el expediente que envió la Juez María Ivette Pineda Gómez, con el fin de dictaminar si cabe o no el desafuero. La resolución de la comisión especial se presentará posteriormente al plenario con el fin de proceder a la votación para desaforar o no al ahora diputado reacusado Eduardo Montealegre Rivas. Mis expectativas son muy positivas después de mis conversaciones con varios representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por lo que abrigo una gran esperanza para que pronto se haga justicia.

Ayer, el ciudadano y diputado reacusado hizo circular desde la casa de su movimiento político su decisión en forma escrita al Juez Henry Morales Olivares que no se presentará a la audiencia del próximo lunes 11 de abril por su condición de diputado, “porque tal acto, además de constituir una actuación contra ley expresa, sería violatorio de sus derechos constitucionales”.

El ciudadano Eduardo Montealegre Rivas vuelve a cometer el mismo exabrupto técnico jurídico, tal como lo hizo en mi primera acusación ante la Juez María Ivette Pineda. Como economista, y para proceder correctamente en esta querella, he tenido que leer las partes correspondientes de la Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua, y la Ley 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, que están relacionadas con mi demanda. El alto cargo judicial no está obligado a saber que el ciudadano acusado Eduardo Montealegre Rivas es un diputado de la Asamblea Nacional, y el acusado tiene que informarlo oralmente al Juez, tal como lo manda la ley.

La soberbia, la prepotencia y la arrogancia del ciudadano y diputado acusado Eduardo Montealegre Rivas lo empujan de nuevo a violar los procedimientos legales como ocurrió en octubre de 2008, y en aquella ocasión pedí respetuosamente a la Juez María Ivette Pineda Gómez que solicitara a la Asamblea Nacional la desaforación del todavía impune Eduardo Montealegre Rivas.

Muy interesante la postura del ciudadano y diputado reacusado, porque viola mis derechos humanos y además exige en forma escrita que le respeten sus derechos constitucionales. Ojalá tenga la valentía de exigir oralmente sus derechos constitucionales, para pedir pronta y respetuosamente al Juez Henry Morales Olivares que solicite a la Honorable Asamblea Nacional, mediante un nuevo mandato judicial, la segunda desaforación del diputado que desde hace 2 años y 7 meses se burla de la Justicia de Nicaragua arropado con su inmunidad parlamentaria.





Observaciones a la primera reforma del Presupuesto General de la República de 2011

3 04 2011

Cambiaron los supuestos del presupuesto nacional de 2011 para reformarlo en un nuevo escenario de la economía nacional. En las perspectivas económicas de 2011, el gobierno elevó tanto la tasa de crecimiento económico de 3.0% a 3.5% como la tasa de inflación acumulada anual de 6.7% a 8.6%, por lo cual el ingreso y el gasto presupuestario se incrementaron en C$1,658 millones hasta C$31,600 millones y en C$1,169 millones hasta C$36,954 millones respectivamente. El Producto Interno Bruto (PIB) Nominal de referencia para el presupuesto nacional pasó de un monto originalmente programado de C$149,659 millones a un nuevo monto de C$158,101.6 millones, pero es necesario señalar que el crecimiento nominal de esta variable se sustenta en mayor forma sobre la inflación de precios al consumidor (debería ser la de precios al productor) y en menor medida sobre el volumen de producción de bienes y servicios.

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el mejor desempeño de la economía en 2011 provocará que los impuestos aumenten por el mayor rendimiento del pago mínimo del Impuesto sobre la Renta de 1% sobre los ingresos brutos y de los anticipos del 30% sobre las utilidades de la industria fiscal y los bancos, y dado el mayor volumen de transacciones económicas internas también aumenten el impuesto al valor agregado doméstico y los impuestos sobre las importaciones, excepto los del petróleo porque se espera un menor volumen importado por las alzas de sus precios. Sin embargo, la presión tributaria de 2011, o sea la relación Impuestos/PIB, cayó del nivel aprobado de 21.1% al nivel reformado de 20.0%.

El gasto gubernamental se expande a través de la prestación de servicios urgentes y necesarios a la población, del complemento del ajuste salarial a los empleados públicos, de una mejor atención a la inversión y al pago de la deuda gubernamental, de mayores transferencias a las alcaldías y el cumplimiento de los aportes constitucionales. Los mayores aumentos del gasto nominal por institución corresponden a los ministerios de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores, con 34% y 12% respectivamente, mientras que los de Educación y Salud se incrementan apenas en 3.9% y 3.5% en el mismo orden, y el pago de la deuda gubernamental se alza en un 7%. Sin embargo la razón macroeconómica Gasto Presupuestario/PIB de 2011 cayó del nivel aprobado de 24.7% al nivel reformado de 23.4%.

El aumento de C$1,169 millones del gasto gubernamental se concentra en un 73% en egresos corrientes y en un 27% en el gasto de inversión pública y transferencias de capital, por lo cual continúa consolidándose el problema estructural de que continuamos consumiendo el crecimiento económico futuro al invertirse menos del 30% del gasto total desde 2008. En otras palabras, la política fiscal no está promoviendo el crecimiento económico de nuestro país ni la reducción de la pobreza de los nicaragüenses. Casi el 65% del gasto de reducción de la pobreza es gasto corriente, entiéndase consumo público, y la planilla del gobierno central se ha incrementado en 14,972 personas hasta 108,561 trabajadores públicos en los últimos cuatro años. Por lo tanto, es aconsejable reducir el gasto discrecional y superfluo, y aumentar la base de contribuyentes entre la población de más altos ingresos para recaudar más impuestos y disminuir el déficit fiscal.

La reforma presupuestaria incluye un “ajustador” del gasto hasta 2% del monto total del presupuesto, o sea C$632 millones ó US$28 millones provenientes de préstamos internacionales ya aprobados por la Asamblea Nacional y que sean destinados a proyectos que no aparecen en el presupuesto. Este ajustador se incorporó en la ampliación de un año del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre de 2010, el cual señala un ajuste máximo de US$55 millones de préstamos concesionales atados al aumento de la inversión pública hasta 0.8% del PIB, pero es conveniente que la Asamblea Nacional apruebe la asignación de esos recursos a los proyectos de inversión específicos.

Aunque la reforma presupuestaria redujo la emisión de la deuda gubernamental interna en C$112 millones, debido a que los desembolsos de préstamos externos netos (de amortizaciones) aumentaron C$105.8 millones, aparentemente se reduce el problema estructural de la deuda pública  interna, pero la Asamblea Nacional nos endeuda para pagar deudas públicas, entre las que se destacan los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), los Bonos de la República de Nicaragua y los Bonos Bancarios por las liquidaciones de cuatro bancos en 2000 y 2001. Ojalá que algún día los diputados nos endeudaran para aumentar la inversión pública, que es la variable clave para reducir el desempleo y la pobreza de nuestro país.

El déficit fiscal reformado antes del registro de las donaciones externas disminuyó C$490 millones con respecto a su monto original hasta el nivel de C$5,354 millones (US$239 millones), que es equivalente a 3.4% del PIB, el cual es dos décimas porcentuales menor que el déficit aprobado inicialmente para este año. Esta reducción del déficit fiscal, bastante contradictoria frente a los altos niveles de desempleo y pobreza humana de nuestro país, enlentecerá el crecimiento de la producción y debilitará más la economía. Existe una insuficiencia de inversión pública en infraestructura, educación, salud y tecnología, y también existen amplias oportunidades para mejorar los rendimientos de la inversión pública. Invito a los formuladores de la política fiscal y a los técnicos del FMI que visitan a nuestro país a que reflexionen sobre el aumento de la inversión pública para generar un mayor crecimiento económico y reducir el déficit fiscal.

Hace unos pocos meses, cuando nuestros servidores públicos argumentaban un mayor gasto presupuestario en 2011, afirmé que un alto cargo del Poder Ejecutivo realizó un análisis de dicho presupuesto nacional con una tremenda ilusión monetaria provocada por las crecientes presiones inflacionarias. La inflación anual pasó de 0.9% en 2009 a 9.2% en 2010. Recientemente, un alto cargo del Poder Legislativo argumentó la presencia de un mayor gasto presupuestario real indicando aumentos nominales de presupuestos institucionales sesgados por una mayor tasa de inflación local programada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) para este año, de 6.7% a 8.6%.

He de advertir de nuevo a nuestros servidores públicos del área de las finanzas públicas de nuestro país que analicen los ingresos, los gastos, el déficit y su financiamiento en porcentajes del PIB o en precios constantes utilizando deflactores apropiados, y que en el caso de que no estén disponibles utilicen el Índice de Precios Implícitos del PIB para deflactar los valores en precios corrientes de las variables fiscales clave y, así, poder demostrar con una mayor veracidad técnica y un realismo apropiado el comportamiento de las variables fiscales a nuestra población, sin romanticismos ni idealismos sino con un gran pragmatismo político, sobre la base de una apropiada técnica económica, que facilite al presidente de la República la toma de decisiones políticas correctas sobre el manejo del presupuesto nacional.

Como economista nunca dejaré que un error técnico económico de nuestros servidores públicos en el manejo del presupuesto nacional arroje una visión irreal del comportamiento de este instrumento del Estado y de su impacto en la economía y en el bienestar de la nación nicaragüense.





Atentos con el realismo de las promesas económicas

1 04 2011

En este año de elecciones presidenciales, los nicaragüenses debemos tener mucho cuidado con los cantos de sirenas de algunos políticos que ofrecen al electorado atractivos números de crecimiento económico, grandes reducciones del índice de pobreza humana y bienestar social en abundancia, con el fin de atraer votos para sus alianzas o partidos políticos.

Eso ha sido una característica común de la mayoría de los políticos cuando tenemos que elegir a los servidores públicos en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero debemos estar alertas a insinuaciones y promesas de aquellos políticos que aspiran a ser el presidente de nuestro país o un diputado en la Asamblea Nacional sin tener un plan con visión de nación o que sólo cuentan con un listado de buenas intenciones, con más razón cuando los que aspiran este año son las mismas personas que han figurado en el escenario político desde hace treinta años.

Por esas razones, me referiré a la situación general de los nicaragüenses, y en particular a ese número potencial de 3.7 millones de ciudadanos de nuestro país que tienen  16 años y más de edad, aptos para votar el próximo 6 de noviembre, y las posibilidades teóricas para mejorar el bienestar social, con el fin de no dejarse llevar de promesas políticas vanas, principalmente de aquellos políticos que suelen autodenominarse demócratas y respetuosos de las leyes, que no se entienden entre ellos mismos pero que usan y abusan del nombre de los pobres al olvidarse fácilmente de ellos cuando están el poder, incluso de quitarles recursos públicos para entregarlos a los ricos.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2009 la población total de Nicaragua era de 5.8 millones de habitantes; la población económicamente activa (PEA) ascendía a 2.4 millones de personas; el número de ocupados, incluyendo a los subempleados, totalizaba 2.1 millones de personas (?), con 504 mil trabajadores activos asegurados; y el número de 260 mil personas desempleadas reflejaba una tasa de desocupación de 8.2% de la PEA (?).

La seguridad social, con base en datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cubría al 24% de los trabajadores activos, y un alto cargo público, con los resultados de la V Encuesta de Nivel de Vida de Población aún no disponible para la población, afirmó que la pobreza en 2009 afectaba el 42.5% de la población, o sea 2.5 millones de nicaragüenses pobres con un ingreso per cápita diario de un dólar o menos.

El 65% del mercado laboral es informal, según datos del Ministerio del Trabajo (MITRAB) correspondientes a julio de 2009, y de acuerdo con mis estimaciones un máximo de 50% de la economía nacional es informal, o sea una economía muy parecida a la economía subterránea, porque encierra a todas las actividades económicas que no están debidamente registradas y contribuyen a la formación del Producto Interno Bruto (PIB), pero evitan el pago de impuestos directos e indirectos y de las contribuciones a la seguridad social, no cumplen los estándares del mercado laboral y no cuentan con registros contables mínimos.

Formalizar la economía nacional y, por ende, el mercado laboral, es la gran tarea política, que debió haberse iniciado desde hace 21 años, y ojalá que efectivamente se inicie en 2012. Un parámetro de referencia internacional es que el 16% del mercado de las economías desarrolladas es informal y, entre los países centroamericanos, el porcentaje mínimo de economía informal se observa en Costa Rica, con un 26%, país que también tiene una cobertura de seguridad social de 70% de los trabajadores activos.

La informalidad del mercado y la baja cobertura de la seguridad social se combaten con inversión privada y pública, con la creación de mejores puestos de trabajo que implica que sean ocupados por personas con educación técnica y superior, y que tengan cierta infraestructura tecnológica.

En el período 1994-2008 –excluyo 2009 por ser el año en que nos afectó la recesión económica mundial-, el promedio de la tasa de inversión fija, o sea la razón en precios constantes del gasto de inversión en construcción y adquisición de maquinaria y equipo con respecto al PIB fue de 26%, con un máximo de 30% en 1999 y un mínimo de 20% en 1995. Con esa tasa de inversión fija promedio anual, el crecimiento económico promedio anual de nuestro país fue de 3.6% en el período antes mencionado, el cual es muy anémico porque Nicaragua en 2010 contribuyó con un 4.3% en la formación del PIB del istmo centroamericano, mientras que la cobertura de la seguridad social se incrementó 7 puntos porcentuales al pasar de 17% a 24% del total de ocupados activos entre 2000 y 2009.

A groso modo y en términos preliminares, elevar la cobertura de la seguridad social de Nicaragua desde 24% hasta 80% del total de trabajadores ocupados implicaría aumentar el gasto de inversión fija eficiente hasta el 30% del PIB Real observado en 2009 y mantener ese porcentaje de inversión fija consecutivamente por 11 años, lo cual se traduce en un monto total de US$20,370 millones y equivalentes a 3.3 veces el PIB Nominal de 2009.

En otras palabras, en un lapso de 11 años, con la ejecución de un gasto de inversión fija anual de US$1,845 millones equivalentes al 30% del PIB de 2009, la tasa de crecimiento económico promedio anual tendría que pasar de 3.6% registrada entre 1994 y 2008 a 8.4% promedio anual en los próximos 11 años, con el fin de garantizar una cobertura de la seguridad social de 80% de los trabajadores activos. Bien, por lo menos esto es un ejemplo teórico que sólo puede ponerse en práctica con una estrategia económica y social nacional, que sea forjada con la activa participación de los agentes económicos y sociales y avalada o aprobada por las distintas organizaciones políticas, para que tenga definitivamente una visión de nación y una temporalidad de lago plazo. El problema de la pobreza humana no se puede resolver en el corto y mediano plazo, o en una administración pública.   

En mi entender, las ofertas políticas en el campo socioeconómico no deben ser abundantes por la limitación de los recursos, pero en el campo político deberían ser muchas. Mi consejo a los políticos serios, porque los hay, es apuntar a pocas cosas, especialmente en las áreas de la educación, la transferencia de tecnología al gran número de propietarios de micros y pequeñas empresas, y el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica y social –especialmente en las zonas rurales-, con la protección del medio ambiente y el fortalecimiento del papel regulador del Estado con base en las leyes del mercado libre, no del mercado libertino que debe ser sancionado y reducido.

Por eso que he descrito, también reitero mi consejo a mis conciudadanos que no se dejen llevar por las alegres palabras de algunos políticos, que con la pretensión de llegar a ocupar el más alto cargo del país o algún asiento de la Asamblea Nacional ofrecen discursos teóricos sin pragmatismo ni realismo político. El nicaragüense es muy inteligente y distingue muy bien las verdades entre los engaños y a los generosos entre los oportunistas.