No usar el nombre del mercado en vano

23 04 2011

El 15 de abril de este año, el Instituto PROCOMPETENCIA sancionó al Banco de Finanzas (BDF) con el pago de una multa de 300 salarios mínimos promedio, que será depositada en la Caja Única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) por coludirse y ejercer prácticas anticompetitivas con los otros bancos del sistema financiero nacional en la fijación de las tasas de interés cobradas por el uso de las tarjetas de crédito durante el período julio 2007-abril 2010

Siempre he afirmado que junto a la mano invisible del mercado debe estar la mano visible del Estado. La escasa regulación de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) facilitó a los gerentes y representantes de los bancos comerciales radicados en nuestro país su colusión para fijar una sola tasa de interés para esas tarjetas de crédito, independientemente de las estructuras de costos y de concentración de los servicios bancarios, sin pensar que esa acción es ilegal e inmoral, aunque pueden argumentar que actuaron legalmente de acuerdo con las leyes del mercado.

Recurriendo a la ingenuidad o a la inocencia con la mayor honestidad posible, esos agentes financieros actuaron sin conocimiento y conciencia de estar actuando ilegalmente. Esta cultura de corrupción, que podría ser calificada de inocente, es difícil de erradicar, mucho más difícil que reducir la corrupción pura y dura, que en nuestro país se puede ejemplificar con la emisión y la reestructuración de la deuda para rescatar a los depositantes y la subasta de activos de cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001, los desfalcos en la Dirección General de Ingresos, la privatización del acervo público, y la desviación del alivio de la deuda externa hacia fines distintos de la reducción de la pobreza de los nicaragüenses, entre otros.

Ese tipo de corrupción inocente, aunque más desvergonzado, es el del banquero y jefe del movimiento político que lleva su nombre, el diputado reacusado Eduardo Montealegre Rivas, que se escuda en su inmunidad para huir de la Justicia y evadir mis dos acusaciones por injurias y calumnias, además de que está acusado penalmente por la Fiscalía General de la República por los presuntos daños que cometió al Presupuesto de la República de Nicaragua.

Si este diputado pretende continuar en su curul a partir del 9 de noviembre de 2012, uno esperaría que su moral le evite ampararse en la presunción de inocencia o enfrentarse a la presunción de delincuencia, pero no actuará en esta forma. El día en que un tribunal penal le juzgue por sus presuntos delitos, el diputado Eduardo Montealegre Rivas seguirá creyendo que no ha cometido nada que sea moralmente condenable. Este tipo de persona no es inmoral, sino amoral, y en su opinión sus acciones, entre ellas sus injurias y calumnias de que mi investigación sobre las liquidaciones bancarias solicitada por la Contraloría General de la República (CGR) no sirve y que yo fui uno de los que quebró al Banco del Café, no deberían ser juzgadas desde un punto de vista moral. Este es el mejor ejemplo de corrupción inocente.

La resolución de PROCOMPETENCIA ordena al BDF cesar de inmediato la práctica anticompetitiva por la cual fue sancionado y de que actúe de manera independiente en condiciones de libre competencia. Este señalamiento es fundamental para la construcción de una estrategia efectiva de la política financiera de Nicaragua, con más razón en estos momentos que los bancos padecen de una excesiva liquidez y de un desplome del crédito.

El Consenso de Washington ya está enterrado desde septiembre de 2008, cuando cayó la banca de inversión de Wall Street. Con él se enterró también la idea que los mercados son eficientes sólo cuando se autoregulan, cuando están libres de la regulación pública, lo cual es una soberbia analítica impensable, diría yo, por Adam Smith, uno de los padres de la Economía, porque es una teoría económica inapropiada que sólo encubre los intereses privados. Pero esta teoría sigue vigente en nuestro país, porque las otras entidades bancarias se ampararon en la Corte Suprema de Justicia antes de que PROCOMPETENCIA se pronunciara sobre la denuncia de colusión que hiciera la Asociación Red Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (RNDC).

Los economistas, los administradores de empresas, los contadores públicos, los auditores, deberíamos suscribir un código ético, principalmente para los encargados de elaborar políticas públicas y políticas empresariales, para los estrategas macroeconómicos y microeconómicos. Es necesario debatir los límites morales del mercado, porque la Economía es una ciencia con profundo sentido moral.

La manida expresión de que la tasa de interés es fijada por el mercado fue sepultada en Nicaragua con la sanción de PROCOMPETENCIA. Ahora agrego que uno de los mandamientos de la ética para economistas, administradores, contadores y auditores tiene que ser el no usar el nombre del mercado en vano.

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One response

23 04 2011
Miguel de Arriba

Totalmente de acuerdo.
Dudo mucho que en Nicaragua cese la “corrupción inocente”, pues no hay ganas de que eso ocurra por parte de los responsables de atajarla.
La SIBOIF es un verdadero pelele al servicio de los bancos.

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