Los riesgos de la Ley No. 716

28 04 2010

La Ley No. 716 “Ley especial para el establecimiento de condiciones básicas para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora” encierra varios riesgos microeconómicos y macroeconómicos.

Los riesgos microeconómicos son, primero, un efecto multiplicador de futuras reestructuraciones de deudas y del antecedente legislativo de fijar una tasa de interés en las carteras de crédito para el consumo y de microcrédito en otras instituciones del sistema financiero nacional; segundo, un efecto contagio que podría aparecer a través de las presiones de grupos de consumidores para la reestructuración de adeudos con establecimientos comerciales y de otros servicios.

El riesgo macroeconómico está relacionado con el Programa “PRGF2” (Poverty Reduction and Growth Facility), hoy renombrado “ECF” (Extended Credit Facility), que  vence en septiembre de 2010. En mayo de este año se aprobará la IV Revisión de dicho programa, por lo cual Nicaragua recibirá un préstamo de US$18 millones del FMI, y está pendiente la quinta y última revisión prevista para agosto próximo. Es muy probable que el FMI presione por una pronta solución del problema que afecta a la industria de microfinanzas del país, exponiendo al riesgo el desembolso de US$17.6 millones provenientes del FMI (para un tramo anual de US$35.6 millones) y el préstamo de divisas líquidas de libre disponibilidad de US$42.6 millones para apoyo presupuestario, además de la solicitud gubernamental de extender un año más el Programa “SCA”. Es notoria la ausencia del Banco Mundial en el apoyo presupuestario desde el año pasado, muy probablemente por los problemas de gobernabilidad que se han observado en el país.

Ante esa situación, se hace necesaria la aprobación de una ley para las microfinancieras. La posición de estas empresas al respecto es avanzar en el ordenamiento jurídico de su industria que actualmente se rige por leyes incoherentes; ampliar la prestación de otros servicios financieros, tales como ahorros, seguros, pagos y remesas; asegurar un sistema de supervisión que responda a la naturaleza de la industria y fomente su desarrollo; garantizar la sostenibilidad de estas empresas, la transparencia y la competencia en el mercado en igualdad de condiciones; y tener acceso a fuentes de financiamiento externo con reglas claras y definidas que den seguridad a los acreedores.

La posición gubernamental sobre la regulación de las microfinancieras es evaluar el impacto de la ley de reestructuración de adeudos sobre los flujos de financiamiento y el volumen de crédito de las microfinancieras, así como fortalecer la supervisión, la transparencia y la eficiencia de esas empresas a finales de septiembre de 2010, a través de la ampliación del universo de las microfinancieras supervisadas, con la definición del monto de capital y de crédito de las instituciones, la aprobación de la ley de microfinancieras para establecer un marco regulatorio para las entidades no supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), y el fortalecimiento del monitoreo y la regulación de las actividades de las cooperativas financieras.

Una sugerencia que podría agregar es la necesidad de una reforma integral del sistema financiero nacional: la propuesta de la nueva ley orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) debe fortalecer su papel de rector de la política financiera y no dejar todo al mercado para el establecimiento de las tasas de interés; reformar la ley de la SIBOIF con el propósito de  que no sea una espectadora de los problemas del mercado financiero y desvincular el financiamiento de sus gastos administrativos y operativos por parte de los grupos financieros locales; y reformar la ley general de bancos debido a la presencia actual de dos bancos especializados en la concesión de crédito a las microempresas, cuyas normas son distintas a las de los bancos corporativos. Pero para hacer todo esto, se requiere de una gran voluntad política gubernamental.

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2 responses

28 04 2010
Miguel de Arriba

Estimado Profesor Avendaño, todos sus artículos son muy interesantes y los leo asiduamente pues siempre es bueno aprender y más cuando lo que se aprende se relaciona con el país de residencia.
En lo relativo a la Ley 716 opino que su promulgación fue un mal necesario ante el abuso de las microfinancieras y eso le quita hierro a los riesgos microfinancieros que menciona. Mas bien habrá que correr algunos de los que menciona y que todavía no se han hecho efectivos.
Hay muchas personas que estamos claras en que el mundo lo gobiernan los grandes conglomerados económicos y en ese sentido, en lo personal, opino que o se regula de forma radical el sistema financiero o se nacionaliza, pues de lo contrario su desregulación nos va a engullir a todos.
El mercado del que hablan los neoliberales lo formamos las personas, pues es evidente que no es una cosa amorfa, y si su teoría de que se autorregula es cierta eso querría decir que las personas somos capaces de autorregularnos; ahora bien, si las personas nos autorregulamos y alcanzamos la “perfección”, entonces, ¿porqué la sociedad necesita leyes y tribunales?.
Lo cierto es que los seres humanos somos imperfectos y por eso necesitamos reglas que nos ayuden a convivir y el mercado no escapa de esa realidad.
Si no hay reglas impera la ley de la selva y los últimos acontecimientos de la economía nos demuestran de forma dolorosa la verdad de esa premisa.

12 05 2010
Emerito Herrera

Están muy bien redactados los riesgos de la ley

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