La tarjeta de crédito para el consumo en Nicaragua

La inoperancia de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) para regular a los grupos financieros que emiten tarjetas de crédito para el consumo está obligando a la Asamblea Nacional a legislar sobre normas prudenciales que protejan a los consumidores frente a la voracidad de un mercado financiero de competencia monopolística. En 2009, 50 mil nicaragüenses fueron llevados a los juzgados por incapacidad de pago de sus obligaciones por el uso de dicha tarjeta, pero no vi a ningún banquero sentado en el banquillo de los acusados por ser un corresponsable del grave problema social de emitir y distribuir tarjetas al libre albedrío, incluso entre personas no económicamente activas, como son los estudiantes de tiempo completo en centros universitarios. El servidor de turno en la SIBOIF se limitó a decir en los momentos que las personas eran llevadas a los juzgados que ese problema lo resolvía el mercado, pero reciente y tardíamente la SIBOIF emprendió la tarea de hacer una normativa para proteger a los consumidores, aunque ha obviado que una restructuración apropiada de estas deudas es una solución a ese problema social.

El costo del uso de la tarjeta de crédito en Nicaragua es el más alto entre los países centroamericanos, con una tasa de interés dolarizada del 60% anual, habiendo sido de 36% en 1995 y de 79.6% en 2000. La mora en el pago de este crédito, que se elevó de 9.4% en enero de 2009 a 11.4% en enero de 2010, ha sido provocada por el aumento de 60 mil personas desempleadas involuntariamente, la caída estrepitosa de 10% del volumen de inversión fija del sector privado y la reducción de 6% hasta US$768 millones de las remesas familares, derivados de la recesión económica mundial en 2009. Los grupos financieros emisores de estas tarjetas de crédito también deben tener presente que 4 de cada 10 familias nicaragüenses reciben remesas del exterior, que el 95% de las remesas se consume y que el 63% de las remesas proviene de Estados Unidos, el país que fue más golpeado por la reciente recesión económica mundial.

De acuerdo con las leyes del «mercado», defendidas con ahinco por los grupos financieros, la menor demanda de crédito junto al creciente monto de los depósitos observados el año pasado condujo a una gran liquidez en los bancos, lo cual debió haber forzado a una baja de la tasa de interés activa, pero ésta contradictoriamente se elevó. La tasa de interés activa dolarizada de corto plazo promedio ponderada del sistema financiero nacional pasó de 13.58% en diciembre de 2008 a 14.27% en diciembre de 2009. Tomando en cuenta lo anterior, una conveniencia nacional es que el Estado de Nicaragua regule la formación de las tasas de interés del crédito para el consumo con base en la tasa de interés entre particulares que publica mensualmente el Banco Central de Nicaragua (con el defecto que ésta surge de un pacto de caballeros), se norme una revisión periódica de las tasas de interés activas, se regulen ciertas comisiones cobradas a los usuarios de crédito para el consumo, y se modifique la comercialización de las tarjetas de crédito para que no sean entregadas masivamente ni distribuidas a personas que no generan ingresos.

Es necesario legislar o implantar normas prudenciales sobre las variaciones de las tasas de interés para el crédito en general y, en particular, para el crédito a los consumidores, que los banqueros realizan semanalmente sin ninguna supervisión y sin ningún aviso a los prestatarios del sistema (urge eliminar esta mala costumbre del sistema); también hay que normar el derecho de cancelar las tarjetas de crédito sin ningún castigo, porque siempre después de la cancelación aparecen cargos de intereses «no cobrados» que mantienen endeudados a los tarjetahabientes; se debería garantizar, al menos, un mes para cancelar los adeudos sin ningún cargo de intereses; hay que normar las comisiones; se deben eliminar los costos de las llamadas telefónicas nocturnas a los deudores, lo cual debe ser penalizado por la ley; y se tiene que prohibir la entrega de tarjetas de crédito a estudiantes y, en general, a menores de 21 años de edad que no demuestren alguna capacidad de pago ni autorización de los padres de familia si continúan siendo miembros dependientes del núcleo familiar. Definitivamente, el servidor público a cargo de la SIBOIF no debería servir exclusivamente a los grupos financieros del país.

El paradigma neoclásico “dejad hacer, dejad pasar”, retomado por la escuela neoliberal, ha pasado a la historia y se necesita un Estado que regule eficientemente al mercado financiero. Como suelen decir, la mano invisible del mercado debe estar acompañada de la mano visible del Estado, y esta última podría contribuir a normalizar el diferencial de casi 46 puntos porcentuales que existe entre la tasa de interés anual de las tarjetas de crédito y la tasa de interés activa de corto plazo anual promedio ponderada en el sistema financiero de Nicaragua.

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