El FMI nos ve sobre líneas rectas

1 05 2013

Presentación1

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice en su Panorama Económico Mundial de abril de 2013 que la economía de Nicaragua crecerá anualmente con el ritmo de 4% durante el período 2012-2018, o sea, la perspectiva de mediano plazo del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua es una línea recta al nivel de 4% en los próximos 6  años incluyendo 2013. Esto parece ser una “conjetura” condicionada, un ejemplo de la “regla de 3” que todos aprendimos en la clase de aritmética en la escuela primaria, que, en mi opinión, no puede ser utilizada por empresarios y consumidores para pronosticar sus actividades sectoriales.

El aumento anual de los precios al productor, es decir, la tasa de crecimiento del Índice de Precios Implícito del PIB, que resulta de dividir el PIB Nominal o en precios corrientes de cada año entre el PIB Real o en precios constantes de 2006 (nuevo año base de nuestra economía estrenado por el Banco Central de Nicaragua en octubre de 2012) es otra línea recta al nivel del 7%  a lo largo del período 2013-2018. Nos alegra que es de un dígito, pero también es otra “conjetura”.

El PIB Per Cápita promedio anual tiende a elevarse de 1 mil 833 dólares en 2013 a 2 mil 998 dólares en 2018. Con el criterio del método Atlas del Banco Mundial, Nicaragua ahora se clasifica como un país de ingreso nacional mediano bajo, una categoría que encierra a los países con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita de 976 dólares a 3 mil 855 dólares, por lo que nuestro país podría estar habilitado a recibir financiamiento externo combinado de créditos de la AIF (por el bajo ingreso per cápita) y préstamos del BIRF que non concesionarios (por nuestra incipiente capacidad financiera).

La tasa de inversión, que es la razón Inversión/PIB, incluyendo en la inversión la construcción, la adquisición de maquinaria y equipo y la variación de inventarios, salta de 25.68% en 2013 a 26.97% en 2018, no obstante las cifras preliminares de esta razón macroeconómica publicada por el BCN para 2012 ya alcanzó el nivel de 30.6% en 2012, distante sólo en 15 puntos porcentuales debajo de la tasa de inversión de China en 2018. Por su parte, el ahorro nacional bruto se incrementa de 16.56% del PIB en 2013 a 17.08% del PIB en 2018, por lo cual se puede concluir que el gasto de consumo final no se verá desincentivado en el sector gubernamental ni en los estratos de población de altos ingresos.

La tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre) de los precios al consumidor es también vista por el FMI sobre una recta paralela al eje cartesiano en el nivel de 7%. Por lo menos, el FMI pretende asegurar con su pronóstico inflacionario de un dígito que no se verá la indisciplina monetaria en  los próximos seis años.

El crecimiento del volumen de las importaciones de bienes y servicios tiende a desacelerarse desde 6.67% en 2013 hasta 3.9% en 2018, por lo cual se deduce que la elasticidad importación-producción se reducirá en un 50%, ya que actualmente es igual a 2 (si el PIB Real sube 4%, el volumen de bienes importados también sube 8%). Por otro lado, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios cae 7.69% promedio anual entre 2012 y 2018 (?), lo cual no se logra comprender ya que las exportaciones y las inversiones son los motores del crecimiento económico del país.

La factura petrolera de Nicaragua disminuirá, según los pronósticos del FMI, de 1 mil 155 millones de dólares en 2013 a 936 millones de dólares en 2018; esto sería el resultado de una menor dependencia de la generación de electricidad sobre el fuel oil (bunker) y el diésel a finales de la década actual.

La tasa de desempleo abierto es otra línea recta, invariable en el nivel de 7.83% entre 2013 y 2018. En otras palabras, una tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios del orden de 4% anual no contribuye a reducir la tasa de desempleo abierto.

La población total del país se incrementa de 5 millones 981 mil habitantes en 2012 a 6 millones 505 mil habitantes en 2018, lo cual refleja una tasa decrecimiento promedio anual de 1.41%. Cabe destacar que el FMI no se apoderó del error demográfico del INIDE al estimar para 2012 una población total de 6 millones 71 mil 45 habitantes.

En cuanto al gobierno general, el FMI indicó que el total de ingresos apenas sube 1.7 puntos porcentuales del PIB entre 2013 y 2018, a pesar que la reforma tributaria dejará, según COPADES,  96 millones de dólares más al gobierno por la Ley de Concertación Tributaria entre 2013 y 2020 –según COPADES- mientras que el gasto gubernamental sube más que el ingreso, en 2.5 puntos porcentuales del PIB. Por consiguiente, el déficit fiscal antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, pronosticado por el FMI pasa de 0.96% del PIB en 2013 a 3.34% del PIB en 2018. Se vuelve más laxo el policía financiero internacional en cuanto al manejo del gasto público y el déficit presupuestario.

El saldo total de la deuda pública tiende a disminuir de 50.16% del PIB en 2013 a 37.07% del PIB en 2018, y esta trayectoria declinante indica que en 2014 esta proporción macroeconómica cae casi 10 puntos porcentuales, lo cual podría ser atribuido a la conclusión de la reestructuración pendiente del 40% del saldo actual de la deuda pública externa, con seis países que no son miembros del Club de París (principalmente con Costa Rica, Honduras, Libia e Irán) en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIP por sus siglas en inglés).

Finalmente, el FMI concluye sus pronósticos con el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que disminuye de 13.70% del PIB en 2013 a 9.89% del PIB en 2018, lo cual no deja a entrever la posible reforma cambiaria que es necesaria para reducir la sobrevaluación del córdoba y modernizar el actual régimen cambiario que no promueve el esfuerzo exportador ni desestimula el gasto importador en detrimento del déficit del balance comercial externo de Nicaragua superior al 10% del PIB.





Dos riesgos económicos-financieros exógenos de la economía de Nicaragua en 2013. Un Seminario de Actualización Empresarial de COPADES

11 04 2013

1.   La desaceleración económica de Estados Unidos

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Superado el abismo fiscal in extremis el primer día del año de 2013 retrasándolo dos meses, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama se enfrentó el 1 de marzo recién pasado a lo inevitable: su segunda parte.

Al no haber un acuerdo en el Capitolio con el Ejecutivo sobre cómo financiar el gasto, entró en vigor el mecanismo conocido como sequestersecuestro (presupuestario)- y que básicamente consiste en una reducción drástica del gasto en programas sociales y de defensa por valor de 1.2 billones de dólares en los próximos diez años, empezando ya por un tijeretazo de 85 mil millones de dólares entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de este año.

¿Cuáles serían los efectos inmediatos del recorte de 85 mil millones de dólares en el presupuesto federal estadounidense en 2013 sobre la economía de Nicaragua?

1. Al disminuir la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos desde 2.0% hasta 1.4%, es decir, una disminución de 6 décimas porcentuales en su crecimiento por la reducción de 85 mil millones de dólares en el gasto público, el pronóstico de COPADES sobre la tasa de crecimiento económico de Nicaragua del orden de 4.8% por ciento en este año caería al nivel de 4.3%.

2. Las remesas familiares disminuirían al menos US$13 millones hasta US$1,064 millones, y se reduce su crecimiento anual a 5%, provocando una reducción del gasto de consumo familiar y un aumento de la cartera de riesgo del sistema financiero nacional.

En términos generales, los efectos podrían ser resumidos de la siguiente forma:

  • Menor crecimiento económico, por la apertura de 109% del PIB de la economía nicaragüense en 2012, es decir, el total de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios no factoriales con respecto al PIB en precios constantes.
  • Pérdida de confianza de los consumidores y los productores, al desacelerarse el consumo privado y la inversión privada.
  • Aumento del subempleo y del desempleo abierto, porque el sector público no tiene suficientes recursos para aumentar la inversión.
  • Menor respaldo presupuestario con recursos de la cooperación internacional.
  • Reducción de la inversión extranjera directa.
  • Caída del flujo de remesas familiares.
  • Apreciación del córdoba frente al dólar estadounidense.
  • Presiones inflacionarias a la baja por la menor demanda de bienes primarios o commodities en el mercado internacional.
  • Alzas de las tasas de interés en el mercado local.
  • Reducción de la demanda de crédito.
  • Deterioro de la calidad de la cartera de crédito, es decir, aumento de la cartera de riesgo: la cartera vencida, la cartera prorrogada, la cartera reestructurada, la cartera en cobro judicial y los bienes recibidos en la recuperación del crédito.
  • La liquidez se ve afectada por la menor recuperación de activos.
  • Disminución de las utilidades netas: caen la tasa de rentabilidad sobre activos (ROA) y la tasa de rentabilidad sobre capital (ROE).
  • Impacto en la suficiencia patrimonial, que obliga a mayores aportes de capital para mantener la norma de adecuación de capital de 10%.
  • Reducción de la liquidez en moneda extranjera y aumento de las tasas de interés.
  • No habría renovación de operaciones en recompras por pérdidas de confianza y mayor percepción de riesgo de los inversionistas.
  • Venta de cartera de inversiones para resolver el problema del fondeo, es decir, una recomposición de activos desde inversiones y disponibilidades hacia crédito.
  • Caída en el precio de los títulos valores por el congestionamiento del mercado de valores (iliquidez en este mercado).
  • Espiral de liquidez en todo el sistema porque las inversiones están valoradas a precios de mercado.

2.   La asistencia financiera de Venezuela

Presentación1

Durante el período 2007-2012, esta asistencia financiera totaliza US$2,408 millones, lo cual excluye el monto de US$590 millones en concepto de inversión extranjera directa (de Venezuela en Nicaragua en la generación de energía eléctrica y la construcción de una refinería). El saldo de la asistencia financiera de Venezuela representa el 56% del saldo total de la deuda pública externa, de la cual el 40% está pendiente de reestructuración en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y los acreedores más importantes son Costa Rica, Honduras, Libia e Irán.

La suspensión de esta cooperación Sur-Sur, entre dos países que no alcanzan el desarrollo económico ni forman parte del grupo de países de economía avanzada, impactaría en Nicaragua con:

  • La pérdida de la estabilización macroeconómica (se perderían muchas reservas internacionales).
  • El déficit fiscal oscilaría alrededor del 8% del PIB, si no se reduce el gasto pro pobre.
  • La tasa de inflación se dispararía.
  • La brecha entre el tipo de cambio financiero para la venta de divisas y el tipo de cambio oficial fácilmente superaría el 2% y el FMI declararía a Nicaragua como un país que practica un sistema de tipo de cambio múltiple –lo cual ahuyentaría la inversión extranjera en el país-.
  • Se presentaría un grave riesgo en la ejecución de varios programas sociales de atención a la población pobre y extremadamente pobre del país, que se concentran principalmente en el Bono Solidario (C$750 para cada empleado público que devenga los menores salarios y para cada adulto mayor que demanda una pensión mínima), el Subsidio al Transporte Colectivo de pasajeros en la Ciudad de Managua y la Ciudad Sandino, Viviendas para el Pueblo, el Bono Productivo para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y Calles para el Pueblo. En el ámbito de la producción, faltarían los recursos que se concentran principalmente en proyectos de la Soberanía Energética, del Desarrollo del Comercio Justo, y de la Producción Agropecuaria y Forestal.
  • Las condiciones sociales y políticas se deteriorarían, con el aumento del subempleo, el desempleo y la pobreza.

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La prueba de estrés financiero al sistema bancario comercial privado de Nicaragua en 2013

1 03 2013

Presentación1

La resistencia del sistema financiero a través de las pruebas de estrés es un indicador de la vulnerabilidad de las instituciones financieras por causas sistémicas internacionales, por ejemplo, una recesión económica mundial, situaciones fiscales insostenibles y mayores niveles de desconfianza de los consumidores y productores en las economías avanzadas y emergentes.

El problema económico de Estados Unidos

 Superado el abismo fiscal in extremis el primer día de este año retrasándolo dos meses, el presidente Barack Obama se enfrenta ahora a lo inevitable: su segunda parte.

Según el presidente Obama, para corregir el déficit se necesita un plan equilibrado, el cual combinaría recortes al gasto público con un aumento a los ingresos fiscales, es decir, con el aumento de los impuestos a los más ricos.

Debido a la falta de un acuerdo en el Capitolio sobre cómo financiar el gasto, el 1 de marzo entró en vigor el mecanismo conocido como sequester, una reducción drástica del gasto en programas sociales y de defensa por valor de 1.2 billones de dólares en los próximos diez años, empezando ya por un tijeretazo de 85 mil millones de dólares.

El Pentágono perdería 55 mil millones de dólares en su presupuesto durante este primer año, algo que Obama ya ha definido como una seria amenaza para la seguridad nacional. La pasada semana, el presidente anunció que se había cancelado el desplazamiento de un portaaviones al Golfo Pérsico ante la incertidumbre económica y los problemas de financiación que puede imponer el secuestro del presupuesto.

Los recortes en materia de seguridad nacional ascienden, por ejemplo, a 3 mil 500 millones en compras de aeronaves para las Fuerzas Aéreas y la Marina, 13 mil 500 millones de dólares en operaciones y 6 mil 300 millones de dólares en investigación militar. La seguridad en la frontera, responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional, perderá casi 600 millones de dólares; mientras que la de los aeropuertos también se reducirá en 323 millones de dólares y el FBI verá recortado su presupuesto en 480 millones de dólares.

La Oficina de Presupuesto determinó en un informe de 2012 que el Departamento de Seguridad Nacional perdería al menos 90 millones de dólares solo en programas específicos para programas encargados de proteger a Estados Unidos de ciberataques. Este recorte puede ser especialmente importante en un momento en el que el presidente Obama intenta impulsar la defensa del país en el ámbito digital tras los recientes ataques recibidos en varias infraestructuras tanto públicas como privadas.

El secuestro supone un recorte de 11 mil millones de dólares en el programa Medicare, que cubre los gastos médicos de ciudadanos de la tercera edad. Ni demócratas ni republicanos quieren que este sistema se vea impactado, pero esto no ha logrado que no lleguen a un acuerdo. El Instituto Nacional de Salud, por su parte, perdería 1 mil 600 millones de dólares que podrían afectar especialmente a la investigación, mientras que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades vería reducido su presupuesto en 323 millones de dólares.

El Departamento de Salud ha advertido además que miles de mujeres y niños en familias con ingresos más bajos y que dependen de la asistencia de programas públicos podrían perder si termina produciéndose el secuestro. Éste también impondría duras consecuencias para servicios a personas sin hogar, pacientes de SIDA, enfermos mentales y ciudadanos que reciben, entre otras ayudas, cupones de comida.

Los estudiantes que dependen de becas y ayudas del Gobierno federal sufrirán el recorte en 725 millones de dólares para aquellos centros con un alto porcentaje de alumnos de familias sin recursos -23 millones de estudiantes en todo el país- o que acuden a escuelas de Educación Especial -más de 6 millones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que solo en 2013, Estados Unidos podría perder 750 mil empleos públicos, aunque otras valoraciones elevan la cifra a dos millones, al tener en cuenta los puestos de trabajo que destruirían empresas contratadas por diferentes departamentos del Gobierno federal. Por otro lado, el presupuesto para las indemnizaciones por desempleo perderá 26 mil millones de dólares.

El problema económico de la Eurozona

La Eurozona se enfrenta a un nuevo y duro año de recesión en 2013, con un índice de desempleo que puede llegar a afectar a casi 20 millones de personas, donde Grecia y España se encuentran a la cabeza, con tasas de desocupación cercanas a 27 por ciento de la población económicamente activa.

La economía del bloque de 17 naciones –que genera casi 20 por ciento de la producción mundial– tendrá este año una contracción promedio de 0.3 por ciento, tras haber caído 0.6 por ciento en 2012, señaló la Comisión Europea.

Transmisión de la desaceleración económica mundial a la economía de Nicaragua 

Menor crecimiento económico, por la apertura de 92% del PIB de la economía nicaragüense en 2011; pérdida de confianza de los consumidores y los productores, al desacelerarse el consumo privado y la inversión privada; aumento del subempleo y del desempleo abierto, porque el sector público no tiene suficientes recursos para aumentar la inversión; menor respaldo presupuestario con recursos de la cooperación internacional; reducción de la inversión extranjera directa; caída del flujo de remesas familiares; depreciación del córdoba frente al dólar estadounidense; presiones inflacionarias a la baja por la menor demanda de bienes primarios o commodities en el mercado internacional; y alzas de las tasas de interés en el mercado local.

Transmisión de la desaceleración económica mundial a las instituciones financieras de Nicaragua

Reducción de la demanda de crédito; deterioro de la calidad de la cartera de crédito, es decir, aumento de la cartera de riesgo: la cartera vencida, la cartera prorrogada, la cartera reestructurada, la cartera en cobro judicial y los bienes recibidos en la recuperación del crédito; la liquidez se ve afectada por la menor recuperación de activos; disminución de las utilidades netas: caen la tasa de rentabilidad sobre activos (ROA) y la tasa de rentabilidad sobre capital (ROE); e impacto en la suficiencia patrimonial, que obliga a mayores aportes de capital para mantener la norma de adecuación de capital de 10%.

En Nicaragua se inició la realización de pruebas de estrés financiero en diciembre de 2011 con la colaboración de Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sus resultados no fueron publicados.

El escenario de la prueba de estrés financiero: la desaceleración abrupta del crecimiento económico

El escenario base consiste en la proyección oficial de las variables económicas anuales para 2013.

El escenario del deterioro macroeconómico, que estudia la reacción del sistema bancario comercial privado de Nicaragua ante una recesión en el plazo de un año, es el escenario base “estresado”.

La validez de la información y del procedimiento

Los datos consolidados del sistema bancario comercial privado de Nicaragua al 31 de diciembre del período 1994-2012 fueron obtenidos en la página web del Banco Central de Nicaragua (BCN), la página web de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y los informes del Sistema Financiero Nacional de la SIBOIF del  período 1994-2007.

La investigación se desarrolló utilizando la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Se utilizó el modelo de regresión exponencial, también conocido como log-lineal, log-log, doble-log o log lineales, con el propósito de medir elasticidades. Los resultados fueron validados con las técnicas econométricas para garantizar una mayor rigurosidad científica y una sólida credibilidad al estudio.

Variables Endógenas (Financieras

Cartera de Crédito Bruta (CCB),Cartera de Crédito Vencida (CCV), Adecuación de Capital (AC), Utilidad Neta (UN),Rentabilidad Sobre Activos (ROA) y Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE).

Variables Exógenas (Económicas)

Producto Interno Bruto (PIB), Índice de Precios al Consumidor (IPC), Tipo de Cambio Oficial (TCO), Tasa de Desempleo Abierto (TDA) y Tasa de Rendimiento de las Letras del Banco Central de Nicaragua (TRLBCN). Son las variables a ser estresadas en el escenario del deterioro macroeconómico.

El Escenario de la Desaceleración Abrupta del Crecimiento Económico de Nicaragua en 2013

Presentación1

Elasticidades

Por ejemplo, la elasticidad cartera de crédito bruta – producto interno bruto es igual a 5.408796, es decir, si el producto interno bruto real de Nicaragua aumenta un 1% el saldo nominal de la cartera de crédito bruta del sistema bancario comercial se incrementa un 5.408796%.

Otro ejemplo: si el producto interno bruto real de Nicaragua disminuye un 1% el saldo nominal de la cartera de crédito vencida aumenta un 4.39446%.

Presentación1

Coeficientes Estandarizados o Coeficientes Betas

Los coeficientes estandarizados describen la importancia relativa de las variables independientes en un modelo de regresión múltiple.

El coeficiente estandarizado del PIB en la ecuación de la cartera de crédito bruta de 0.873 significa que un cambio de 1 desviación estándar en el PIB conducirá a un cambio de 0.873 desviación estándar en la cartera de crédito bruta.

Presentación1

Aprobar la prueba no es una señal de salud financiera. Suspender la prueba es una señal de debilidad institucional.

El resultado de esta prueba de estrés financiero es que el sistema bancario privado de Nicaragua no está preparado para resistir una nueva recaída de la economía mundial.

En el escenario crítico de 2013 para el sistema bancario privado nacional con respecto a 2012, el saldo de la cartera de crédito bruto se reduciría en 465 millones de dólares, la cartera vencida (que no es el total de la cartera en riesgo) aumentaría 21 millones de dólares, la utilidad neta caería en un monto de 41 millones de dólares, el ROE disminuiría 5.1 puntos porcentuales y el ROA caería 1 punto porcentual, mientras que la adecuación de capital requeriría ser aumentada en 2.38 puntos porcentuales.

Por supuesto, la SIBOIF requeriría tener un relación más independiente de los grupos financieros locales e iniciar la implementación de los Principios de Basilea III.





Los efectos de la Ley de Concertación Tributaria en 2013-2020

11 02 2013

Presentación3

El arco de tiempo bajo el cual se encuentran los efectos de corto, mediano y largo plazo de la Ley de Concertación tributaria es de 8 años, correspondientes al período 2013-2020, por lo cual se espera que se dé una estabilización tributaria durante ese lapso, por supuesto acompañada de ligeras modificaciones impositivas para fortalecer dicha ley. Los inversionistas no esperan sólo la estabilización macroeconómica, sino también la estabilización tributaria y sería un craso error, tal como observamos principalmente en la gestión gubernamental del Ing. Enrique Bolaños, de que ocurran continuos cambios parciales e integrales en el campo tributario, por lo cual no se pueda atraer suficiente inversión, tanto doméstica como extranjera.

Los supuestos macroeconómicos 2013-2020. Teniendo en cuenta los cuatro graves problemas actuales de las economías avanzadas –anémico crecimiento económico, alta tasa de desempleo y, en porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB), elevados déficit fiscal y endeudamiento público-, cuyo epicentro es la Eurozona, que no se lograrán resolver en el corto y mediano plazo, suponemos para la economía de Nicaragua el siguiente comportamiento promedio anual de las siguientes variables para el período 2013-2020:

  • Tasa de crecimiento de la población: 1.12%
  • Tasa de crecimiento económico: 5.4%
  • Tasa de crecimiento de los precios al productor: 6.0%
  • Tasa de inflación de precios al consumidor: 6.3%
  • Tasa de crecimiento del volumen de gasto de consumo privado: 5.3%
  • Tasa de crecimiento del volumen del gasto de consumo público: 1.0%
  • Tasa de crecimiento del volumen de importaciones de bienes y servicios: 6.3%

Los efectos de la Ley de Concertación Tributaria (LCT)

Sobre la producción. El Estado de Nicaragua tiene espacio fiscal para implementar la LCT, un espacio cuya magnitud es tres puntos porcentuales del PIB -un óptimo parcial acorde con las características económicas nacionales-, mucho mayor que el efecto de la nueva ley en el aumento de nuevos ingresos tributarios. Por consiguiente, la LCT no desacelerará el crecimiento económico del país.

Sin embargo, la aceleración de la tasa de crecimiento económico y, por ende, de la tasa de inversión, se postergó para el mediano y largo plazo, porque la actual tasa del impuesto sobre la renta de las actividades económicas de 30% comenzará a disminuir en 1 punto porcentual a partir de 2016 hasta alcanzar el nivel de 25% en 2020.

Cabe destacar que muy probablemente en la negociación política de la LCT esa postergación del mayor crecimiento del PIB Real se supeditó al mantenimiento de las exoneraciones y exenciones del pago del IVA en las importaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a las productores agropecuarios, de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y de las empresas pesqueras artesanales en el bienio 2013-2014.

Sobre el aumento de los impuestos. Independientemente de las tasas de crecimiento económico y de las tasas de inflación entre 2013 y 2020, en ese mismo período el efecto exclusivo de la LCT sobre la presión tributaria es de 0.97% del PIB, equivalente a 96 millones de dólares de 2013.

Tomando en cuenta los supuestos macroeconómicos, la presión tributaria, es decir el porcentaje del PIB del cual se apodera el Gobierno Central en concepto de impuestos, se elevaría de 15.28% en 2012 a 20.94% del PIB en 2020, sobre la base del actual sistema de cuentas nacionales del país.

Sobre el sistema tributario. El sistema tributario de Nicaragua aumentará muy levemente su regresividad, es decir, el incremento de la participación de los impuestos indirectos en el total de los ingresos tributarios, al observarse que el aumento de la recaudación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Específico de Consumo de Cigarrillos (IECC) tiende a participar con el 52% en el incremento total de los impuestos atribuible exclusivamente a la LCT, mientras que el aumento del Impuesto sobre la Renta (IR) tiende a participar con el 48%. Por consiguiente, la LCT no logró reducir significativamente la inequidad tributaria, en el sentido que los que tienen más paguen más impuestos, los que tienen menos paguen menos impuestos y los que tienen lo mismo paguen los mismos impuestos.

Sobre la tasa de inflación. Entre los supuestos macroeconómicos, se indicó que la tasa de inflación promedio anual de los precios al consumidor es de 6.3% en el período 2013-2020. La aplicación del IVA a las importaciones de bienes, que hoy gozan de exoneraciones en los sectores arriba mencionados hasta diciembre de 2014, comenzará a subir gradualmente de 0% en 2015, 5% en 2016, 10% en 2017 y 15% en 2018, incidirá en aumentos de los precios al productor que serán transmitidos a los precios al consumidor y, consecuentemente, se acelerará la tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre) hasta niveles muy cercanos al 9%; en otras palabras, el impacto inflacionario de la LCT será de 3 puntos porcentuales anuales en el período 2016-2020. En el bienio 2014-2015, los precios al consumidor se elevarían en el rango de 7.5%-7.9%, y en 2013 COPADES estima una tasa de inflación de 5.6% debido a la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos el petróleo.

Recomendaciones. La firma consultora que este servidor dirige, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pone sus servicios profesionales a disposición de las empresas para ayudar a prepararles toda la información empresarial relacionada con la supervisión de los precios de transferencia entre las casa matrices en el exterior y sus filiales radicadas en el país, así como entre personas radicadas en el país y la empresa de zonas francas establecidas en Nicaragua, y también para la elaboración de los proyectos que persigan cualesquiera de los objetivos de aumentar la competitividad empresarial, elevar el empleo, incrementar las exportaciones y mejorar el perfil tecnológico de la empresa, con el fin de justificar el mantenimiento de las exoneraciones del IVA en la importación de bienes para el sector agropecuario, las MIPYMEs manufactureras y la pesca artesanal.





Economía y política de Nicaragua en 2013

20 01 2013

Presentación1

En octubre del año pasado, el independiente Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma que este servidor dirige, había revisado su pronóstico de 2012 y elaborado el pronóstico 2013 para la economía de Nicaragua. En ese entonces, había analizado que, en esos años y en el mismo orden, la producción crecería 4.4% y 3.4%, la inflación alcanzaría los niveles de 5.4% y 5.9% y la tasa de desempleo global oscilaría alrededor del 24.2% de la población económicamente activa.

Tras haber actualizado la información de la producción física de los principales rubros producidos por cada una de las actividades económicas del país, con datos oficiales a noviembre de 2012, se ha observado un declive de la producción pecuaria, agrícola, pesquera y minera  para 2012, lo cual ha conducido a señalar que el Producto Interno Bruto de Nicaragua creció 4.0% el año pasado –que es coincidente con la versión gubernamental-, pero también incidió en que el PIB para 2013 tienda a aumentar hasta 3.7%, por efectos de la desaceleración de la economía mundial, la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos el petróleo, y por la afectación de la roya que ya está provocando daños en la cosecha del ciclo agrícola actual.

En cuanto a la tasa de inflación, ya es oficial el 6.6% en que aumentaron los precios al consumidor nacional de diciembre de 2011 a diciembre de 2012. Tomando en cuenta las tasas de crecimiento del PIB Real y de la inflación, de acuerdo con la Ley de Salario Mínimo, el ajuste de este salario para 2013 sería del orden de 10.6% mas no de 18% como propone el secretario de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), Luis Barboza, porque “infla” el ajuste del salario mínimo con la tasa de devaluación de 5%, cuyos efectos ya están recogidos en la tasa de inflación de 6.6% del año pasado. Le sugiero al secretario de la CST-JBE que trate de asesorarse con otros economistas de la sociedad civil y de los que prestan sus servicios a dicho sindicato, incluso con los altos cargos técnicos del Banco Central de Nicaragua (BCN) en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, con el sano propósito de evitar la doble contabilización de la tasa de devaluación en su propuesta de ajuste del salario mínimo correspondiente a este año.

COPADES volvió a actualizar el pronóstico de la tasa de inflación acumulada anual para 2013 y la situó en el nivel de 5.5% sobre los supuestos que el precio promedio anual de un barril de crudo WTI disminuya de US$94.2 en 2012 a US$90 en 2013, el monto de dinero aumente 10.5% y el del numerario –o dinero que circula fuera del sistema financiero nacional- se expanda 10.1% asociado con un saldo de reservas internacionales brutas del BCN disminuya US$23 millones –a menos que los grupos financieros locales “contribuyan” con el  aumento de sus depósitos de encaje en el BCN, y con el mantenimiento de las expectativas inflacionarias de corto plazo observadas en 2012. Esa presión inflacionaria ya incorpora el efecto de la reforma tributaria en su primer año de los ocho en que deberá ser evaluada, al elevar la carga tributaria en 2013 apenas en una décima porcentual del PIB hasta 16.3%.

Como siempre ha reiterado COPADES, el principal problema político en la economía nicaragüense es el subempleo. Si entendemos como el principal resultado de nuestro actual modelo económico la reducción del subempleo y del desempleo, urge el cambio del modelo económico. Cabe recordar los datos oficiales de 2011, que señalan una tasa de subempleo del 50% y una tasa de informalidad laboral de 77.2%. La economía subterránea tiene un gran peso en nuestro país. Reorientar el modelo económico equivaldría a la estrategia de salvataje del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), principal reforma estructural de este año suscrita con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual estimo que ese cambio, administrado por el gobierno, deberá contar con más compromisos de las organizaciones empresariales que fomenten la creación de puestos de trabajo decente e incidan con sus acciones para formalizar al informal.

No veo problemas políticos en nuestro país en 2013. El partido político en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está muy sólido, Con 62 diputados en la Asamblea Nacional podría cambiar la Constitución de la República si lo quisiera, prorrogó el nombramiento de los funcionarios públicos, ganó 134 de 153 alcaldías en la elecciones municipales de noviembre de 2012 y aumentó la cantidad de concejales en los gobiernos municipales.

La oposición política, si se le pudiese llamar así, no tiene un plan estratégico alternativo o, lo más probable, parcialmente coincidente con el del FSLN, que lo utilice como un instrumento político para hacer una seria, efectiva y constructiva oposición al partido político en el poder.  Si este grupo de partidos políticos, cuando fueron una mayoría en la legislatura anterior, no pudieron nombrar a los funcionarios con plazos vencidos, mucho menos ahora que es representado con 26 diputados que no pueden hacer nada para cambiar algo.

Es muy probable que en este año, a finales del primer trimestre o inicios del segundo trimestre, el FSLN conceda cuotas políticas a todos los partidos opositores, porque es lógico afirmar que no habrá negociación, para el nombramiento de los funcionarios con plazos vencidos. Un poco más improbable sería una reforma constitucional que le asegure la institucionalidad pública a los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), algo que deseó el presidente de la República, Daniel Ortega, en su mandato anterior inmediato pero que se lo negó la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tendría más fuerza la voluntad popular sobre la norma constitucional, es decir, el principio del ALBA de transferir la soberanía de la Constitución al Pueblo.

Lo formidable en 2013 sería ver a todos los políticos criollos, en el poder y en la así llamada oposición, sentados alrededor de una mesa tratando de avanzar más rápido en la solución de los problemas económicos y sociales de los nicaragüenses, proponiendo políticas públicas que garanticen duplicar al actual tasa de crecimiento económico del país, que como escribiera en párrafos anteriores también implica analizar y proponer un nuevo modelo económico. Como economista, estoy seguro que el actual modelo económico, construido desde la década de los noventa hasta ahora, no genera pobreza sino que funciona sobre la pobreza, un mal que debe reducirse al máximo con la creación de puestos de trabajo decentes, con un crecimiento económico que se concentre entre la población de escuálidos ingresos –es decir, el 75% de las familias nicaragüenses-, con una estrategia económica pro pobre que aún no ha sido discutida en nuestro país.





Un banquero que gusta del usufructo del presupuesto nacional

12 01 2013

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Al desempolvar mis archivos sobre la economía de Nicaragua que he acumulado desde mediados de la década de los setenta hasta la fecha, me encontré con la historia de la nacionalización del sistema financiero privado de Nicaragua en 1979, que realizó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el Decreto No. 25 publicado en La Gaceta No. 3 del 24 de agosto de 1979.

Con ese decreto, el Estado adquirió la totalidad de las acciones de los bancos al precio de su valor en libros resultante de una auditoría, con el corte de los estados financieros al 25 de julio de 1979, que tomara en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), lo cual fue pagado con bonos del Estado con plazo de 5 años y 6½% anual, que también podían ser usados por sus tenedores para la cancelación de obligaciones con el Estado y podían ser cancelados con su pago en efectivo en cualquier momento antes de su vencimiento.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) y la SIBOIF procedieron a contratar reconocidas firmas de auditores externos para determinar el valor en libros de las acciones de las instituciones financieras privatizadas, tales como Mancera Hnos. y Cía. S.C. representada por Pasquier Salas y Cía.; Alexander Grant representada por Donkin y Argüello; Arthur Young & Company; Coopers and Lybrand; Pannel, Kerr, Foster & Company; Deloitte, Hasking & Sells; y Gardner, Wolf & Company.

El informe de la SIBOIF intitulado “Información Trimestral Sistema Financiero Nacional y De Otras Instituciones de Crédito 3er. Trimestre 1980” indicó que sólo tres instituciones financieras tenían patrimonio positivo en el momento de su nacionalización: Banco Calley Dagnall, con C$1.5 millones; Banco Exterior, con C$0.3 millones; y Financiera del Norte, S.A., (FINSA) con C$12.0 millones.

Los dos bancos de los dos grupos financieros más importantes del país –ejes de la formación del sistema bancario en la década de los ochenta-, el Banco Nicaragüense (BANIC) y el Banco de América, eran los más descapitalizados en el momento de su nacionalización, al reflejar patrimonios negativos de C$496.8 millones y C$381.1 millones respectivamente. La situación financiera de ambas instituciones se puede explicar con (i) el deterioro de su cartera de crédito, (ii) la fuga de capitales de ambos bancos, (iii) su alto endeudamiento externo, (iv) su alto endeudamiento con el BCN para poder soportar el deterioro de su cartera y la fuga de sus capitales, y (v) los efectos de la devaluación de C$7 a C$10 por US$1 en abril de 1979 sobre sus altos niveles de endeudamiento externo.

En resumen, el 25 de julio de 1979 el Estado de Nicaragua, con la nacionalización del sistema financiero nacional, asumió un patrimonio negativo de C$1,182.3 millones, un total de depósitos del público de C$3,174 millones, un saldo de deuda externa de C$1,233.8 millones y un saldo de deuda interna con el BCN de C$914.9 millones.

El 17 de septiembre de 1980, con el Decreto No. 527 se promulgó la Ley de Absorción de Instituciones Financieras por el BANIC de Corporación Francoamericana de Finanzas (FRANCOFIN),  Compañía Interfinanciera Nicaragüense (INTERFINANCIERA), Inversiones Nicaragüenses de Desarrollo (INDESA), Corporación Nicaragüense de Inversiones (CNI) y Banco de Centroamérica; y con el Decreto No. 528 el Banco de América absorbió Financiera del Norte (FINSA), Financiera de Occidente (FIDOSA), Financiera Industrial Agropecuaria (FIA) y Banco Exterior.

Después, con el Acuerdo No. 46 del 17 de octubre de 1985, el gobierno fusionó el Banco Nicaragüense y el Banco de América en un Banco de Industria y Comercio –el segundo fue absorbido por el primero-, que por coincidencia sus siglas fueron BANIC.

Así, en Nicaragua quedaron funcionando cuatro bancos especializados: Banco Nacional de Desarrollo (BANIC), integrado por el Banco Nacional de Nicaragua (BNN), el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), y el Banco Calley Dagnall, que atendía al sector agropecuario; el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), que atendía los sectores industrial y comercio; el Banco Popular, que atendía la micro y la pequeña empresa; y el Banco Inmobiliario, formado con la fusión de Financiera de la Vivienda, Inmobiliaria de Ahorro y Préstamo, Centroamericana de Ahorro y Préstamo (CAPSA) y Nicaragüense de Ahorro y Préstamo (NIAPSA).

Dieciséis años después surgió un acto reñido con la ley. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) reconoció una indemnización de US$450 por acción a los socios del Banco Nicaragüense (BANIC), que al momento de su nacionalización sumaban 35 mil acciones comunes pagadas y en circulación. Dicho sea de paso, el MHCP también reconoció en concepto de indemnización a los socios del Banco de América US$23.54 por acción a 424 mil 875 acciones.

En otras palabras, el MHCP, con el conocimiento que el BANIC estaba descapitalizado en un monto de C$496.8 millones al ser nacionalizado, no debió haber indemnizado a los socios del BANIC porque no tenían ningún derecho. ¿Qué argumentó el MHCP para indemnizar al extinto banco privado BANIC (y también al Banco de América)? Que en su momento las firmas auditoras no aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados ni las normas de la SIBOIF vigentes y que a los bancos se les había quitado los bienes que tenían en garantía o que eran de su propiedad.

Esos argumentos se caen por sí solos. El decreto gubernamental No. 25 mencionado al inicio de este artículo, que fue publicado en La Gaceta No. 3 del 24 de agosto de 1979, decía en su Arto. 2 “que el valor de las acciones resultaría de aplicar las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas con anterioridad al decreto por la SIBOIF”; además, las firmas que auditaron al BANIC (y al Banco de América) son de gran tradición y seriedad en el país, como son Donkin y Arguello (y Pasquier, Salas y Cía.) que representaron a prestigiosas firmas internacionales de auditores externos como son Alexander Grant (y Mancera Hermanos y Cía, S.C.).

Es muy difícil acusar a las firmas auditoras internacionales y nacionales de desconocer las las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas por la SIBOIF. Tampoco es aceptable ni razonable el argumento que el gobierno había quitado bienes en garantía y de propiedad de los bancos, porque la fecha de corte de la auditoría fue el 25 de julio de 1979, seis días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Con ese pago indebido por una inexistente indemnización, mediante la Resolución Ministerial 52-2001 del MHCP del 22 de agosto de 2001, los contribuyentes fuimos obligados a pagar en forma injustificada US$15.75 millones a los socios del extinto banco privado Banco Nicaragüense (y US$10.0 millones a los socios del extinto banco privado Banco de América), porque el valor de cada acción del Banco Nicaragüense (y del Banco de América) era menor que cero por sus montos negativos de patrimonio.

Esto fue un hecho inaudito en la historia bancaria de nuestro país, que fue conocido como “La piñata de los banqueros del 79”. El gobierno de Nicaragua, a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada, decidió pagar a los accionistas del Banco Nicaragüense (y del Banco de América) un precio por acción equivalente a 4.5 veces su valor de emisión (y 2.4 veces su valor de emisión a los accionistas del Banco de América) con el mantenimiento de valor que existía a julio de 1979.

Cabe señalar que el acusado en 2008 por la Fiscalía General de la República debido a sus actos inapropiados en la reestructuración de la deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 y las subastas de activos de los cuatro bancos liquidados, el banquero Eduardo Montealegre Rivas, fue uno de los beneficiados como socio del extinto Banco Nicaragüense con este otro golpe al presupuesto nacional que se concretó en 2001.

Entonces, ¿el aspirante a líder de la oposición política, Eduardo Montealegre Rivas, podrá gozar de confianza de parte de nuestra nación? Como ciudadano y como contribuyente, y también como economista, desconfío de esta persona, porque además, con el uso inapropiado que hace de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, es un evasor de la Justicia de nuestro país y también ha sido señalado públicamente como un evasor en el pago de sus impuestos por la Dirección General de Ingresos (DGI).





Nicaragua frente al “precipicio fiscal” estadounidense

30 12 2012

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En esta semana se ha observado mucha intransigencia entre los demócratas y los republicanos estadounidenses para resolver el problema del presupuesto federal, lo que provoca una gran incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos.

El principal escollo sigue siendo el umbral de ingresos anuales por encima del cual se acabarán las exenciones impositivas aprobadas en el mandato de George W. Bush y que los demócratas quieren situar en los 250 mil dólares. John Boehner, líder republicano en la Cámara Baja, quiso la semana pasada ofrecer un plan con un umbral situado en 1 millón de dólares, pero no contó con el apoyo de facciones del partido conservador que no acceden a una subida de impuestos para reducir el déficit.

La pregunta crucial es si podrá el presidente Barack Obama cerrar la brecha fiscal con o sin el respaldo del Congreso y del Senado de Estados Unidos.

Sin ese respaldo, al comenzar el año de 2013 aumentaría los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital, los dividendos y el patrimonio a los niveles de finales de la década de los noventa del siglo pasado. Además, gran parte de las agencias federales, incluyendo el Pentágono, tendría masivos recortes en el gasto público.

El “precipicio fiscal” significa el fin de las prestaciones al desempleo para 2 millones de personas y el aumento automático de los impuestos de 700 mil millones de dólares a partir del 1 de enero de 2013, porque en esa fecha llegan a su fin los recortes de impuestos aprobados por el gobierno de George W. Bush, por lo que millones de familias verían reducidos sus ingresos automáticamente.

Millones de parejas casadas y que hagan una declaración de impuestos conjunta pagarán más impuestos sobre su renta, y se eliminarán varias exenciones a pequeñas y medianas empresas. Las familias norteamericanas con ingresos anuales entre 40 mil y 68 mil dólares podrían pagar 2 mil dólares más al año, según un informe del Tax Policy Center.

La economía de Nicaragua está expuesta a sufrir una caída a causa de que la economía estadounidense caiga, en una espiral descendente en el “precipicio fiscal” a partir del 1 de enero de 2013. El coeficiente de correlación del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua y el PIB Real de Estados Unidos es de 0.98, o sea el índice que mide la relación lineal entre ambas variables aleatorias cuantitativas es cercana a la unidad, lo cual indica una relación directa entre las dos variables: cuando una de ellas aumenta (el PIB Real de Estados Unidos), la otra también lo hace en proporción constante (el PIB Real de Nicaragua).

Cabe recordar que por la crisis mundial que surgió desde Wall Street en 2008 Nicaragua observó en 2009 una caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) Real que sumó 8 mil millones de dólares, perdió 31 mil empleos y 40 mil personas fueron llevadas a los juzgados por incumplir los pagos de las tarjetas de crédito para consumo.

Si el PIB Real de Estados Unidos cae un 1%, el PIB Real de Nicaragua caería 0.77% y, además, el flujo de remesas hacia Nicaragua disminuiría 0.64%, es decir en un monto de, al menos, 55 millones de dólares.

Si el PIB Real de Nicaragua cae 0.77%, la tasa de desempleo abierto aumentaría 1.2%; en otras palabras, el número de puestos de trabajo perdidos ascendería a 34,700; además, los ingresos tributarios disminuirían 0.98% y, si las autoridades no ajustaran el gasto gubernamental, en ese mismo porcentaje se expandiría el déficit fiscal.

La tarea de superar el “precipicio fiscal” muy probablemente será del nuevo Congreso, que podría reducir algunos impuestos y aumentar el techo de la deuda pública. Sin embargo, el verdadero golpe llegará con la política de ajuste presupuestario. En el terreno social, la principal batalla que le espera al presidente Barack Obama será la exigencia de la oposición republicana de recortar su programa de atención de salud universal. Además, de acuerdo con datos oficiales, la población de Estados Unidos superará los 315 millones de habitantes en 2013 y entre nacimientos, decesos e inmigrantes, la población aumenta al ritmo de un habitante cada 17 segundos.





Los riesgos de una hipotética suspensión de la ayuda de Venezuela

12 12 2012

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Desde 2007 hasta el primer semestre de 2012, la asistencia financiera de Venezuela suma 2 mil 252 millones de dólares, iguales a  23% del PIB de este año, a 55% del saldo total de la deuda pública externa y al 56% del saldo total de la deuda privada externa.

Las principales incidencias de la asistencia financiera de Venezuela en la economía de Nicaragua son:

El financiamiento de la mitad de la factura de 11 millones de barriles de petróleo y combustibles, que dejan un ahorro de divisas de 600 millones de dólares.

Ese ahorro de divisas facilita al gobierno de Nicaragua el mantenimiento de un saldo de reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN) que a este momento suma 1 mil 825 millones de dólares, equivalentes a 2.3 veces el saldo de la base monetaria –el FMI pide la condicionalidad de 2.2 veces ese saldo-, aunque el gobierno está proyectando, no sé el porqué, una nueva condicionalidad de 2.4 veces para 2013 cuando se profundiza la desaceleración económica mundial. Además, esas reservas están financiando 4.1 meses de importación de bienes CIF en la actualidad, lo cual también ayuda a disipar cualquier especulación en el mercado cambiario.

Más allá de esta condicionalidad fondomonetarista, la ayuda venezolana está garantizando la estabilidad macroeconómica del país, es decir, (i) la presencia de una presión inflacionaria baja y estable –a noviembre, se acumula una inflación de 4.9% en este año y apenas es de 6.2% interanual, o sea, entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012- y (ii) la estabilidad del córdoba con una tasa de devaluación de 5% anual, que incluso podría ser menor si el gobierno decidiese actuar para establecer una banda cambiaria en el corto plazo, que el FMI ha deseado vehementemente desde el año de 2000.

Sólo dos son los proyectos de inversión extranjera directa de Venezuela: las plantas generadoras de termoelectricidad “Hugo Chávez”, que sacó de la oscuridad a Nicaragua en 2007, cuya inversión totaliza US$300 millones, igual a tres veces el monto invertido en la construcción de una refinería de petróleo bautizada como “El Supremo Sueño de Bolívar” con una potencial capacidad de exportación de combustibles en el futuro.

¿Cuáles serían los efectos de una hipotética suspensión total de esta ayuda?

Se tendría dificultad en financiar el Bono Solidario de C$750 mensuales a un poco más de 150 mil trabajadores del sector público. Este gasto anual suma un monto equivalente a US$56 millones.

Se observarían problemas para financiar el subsidio anual de US$76 millones anuales al transporte colectivo de pasajeros en buses urbanos de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino.

Harían falta US$36 millones anuales destinados a la construcción de viviendas para el pueblo.

No se podría seguir desarrollando el Comercio Justo –para el fomento de las exportaciones a Venezuela-, que asciende aproximadamente a US$140 millones anuales.

Se caería la Soberanía Energética, proyecto que se eleva también a casi US$140 millones anuales.

No se asegurarían los proyectos de transporte terrestre y marítimo, incluyendo infraestructura, con un monto anual alrededor de US$30 millones.

Sin embargo el principal impacto sobre la economía sería la pérdida de la estabilización macroeconómica, ya que Nicaragua no podría defender la posición de las reservas internacionales brutas y aparecerían los fantasmas de la alta inflación y de las especulaciones en el mercado cambiario financiero, con el consecuente desaliento de la inversión extranjera directa y de la inversión doméstica.

El déficit fiscal se remontaría fácilmente a niveles aproximados al 6% del PIB y sacaría a Nicaragua del futuro programa económico trienal que suscribiría con el FMI en 2013. En otras palabras, en ese escenario, Nicaragua tendría que auto ajustarse macroeconómicamente sin ayuda externa, es decir, recortando el gasto público y emitiendo deuda interna a través de las colocaciones de Letras Estandarizadas del MHCP y del BCN, con el fin de pagar US$122 millones de servicio de la deuda pública externa en 2013 y mantener la precariedad de las reservas internacionales brutas que podrían oscilar alrededor de 1 mil millones de dólares, equivalentes apenas a 2.2 meses de importaciones de bienes CIF asociadas con una tasa de crecimiento económico máxima de alrededor del 2% en este escenario hipotético.

Todo eso también significa el costo de la dependencia de recursos de un país, Venezuela, lo que nos trae el recuerdo de la dependencia de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la década de los ochenta. Es necesario, pues, diversificar las fuentes de cooperación internacional.

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Hablar sin reflexionar

25 10 2012

La prudencia es la madre de la ciencia y Miguel Savastano, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), volvió a patinar en sus declaraciones sobre la economía de Nicaragua, publicadas en la edición del diario La Prensa el 24 de septiembre de este año, al considerarla como “muy sana”. La prudencia fue la base de su afirmación, pero no la de él sino la de la política fiscal y de la política monetaria; sin embargo, el agua rebalsó el vaso cuando dijo que Nicaragua “no tiene un problema macroeconómico, por lo tanto no necesita un programa con el FMI.”

La prudencia macroeconómica exige pensar y bien, con gran atención, no sólo sobre la economía, sino principalmente sobre uno mismo. Es allí en que se logra identificar la rectitud y la ética profesional, es decir, las virtudes cardinales de un economista ajeno a lo que llamo “calores políticos” y “lisonjas al gobernante”. Si Savastano no conociera muy bien la situación macroeconómica de nuestro país reflexionaría sobre su voluntad de no juzgar sin conocer y cuidar su acción, pero al conocerla puso en riesgo su credibilidad profesional.

Para todos es conocido que la economía de Nicaragua continúa siendo muy “vulnerable” ante los choques externos, porque aún dependemos en gran forma de la cooperación internacional para financiar un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a 14% del Producto Interno Bruto (PIB). Si Nicaragua tuviese una economía “muy sana”, el FMI no mantendría la condicionalidad fondomonetarista de que se mantenga un elemento mínimo de concesionalidad del 35% en la contratación de la nueva deuda pública externa del país y no existiría la prohibición del policía financiero internacional de no endeudarnos en el mercado financiero internacional. También no hubiésemos observado los candentes comentarios nacionales sobre los riesgos económicos de Nicaragua si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fracasaba en su tercer intento de reelegirse  como mandatario de la nación sudamericana. Lastimosamente, Savastano olvidó que Nicaragua no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional.

Entre los problemas de largo plazo, Savastano nos prescribe, entre otras recetas estructurales, la actual disposición del FMI que preconiza en Europa y Estados Unidos, que es “reducir la deuda a niveles más bajos de los actuales”, pero obvió que el FMI, nombrado a finales de 2006 por el Grupo de los 7 (G-7) el administrador de la reducción de la deuda externa de 43 países pobres muy endeudados, un club del cual tenemos el extraño honor de ser uno de sus miembros, no ha colaborado con Nicaragua para restructurar el 40% del saldo actual de la deuda pública externa, un saldo que en 2011 es equivalente a 44% del PIB. Este porcentaje de endeudamiento público externo indica que Nicaragua ha dejado de estar severamente endeudado con sus acreedores externos, pero sigue siendo pobre al no tener capacidad de pago ni ser sujeto de crédito en el mercado financiero internacional.

Aún más, en el terreno de la deuda pública interna, en 1997 el representante residente del FMI en Nicaragua de ese entonces mantuvo un silencio sepulcral cuando Noel Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) endeudó a los nicaragüenses con una tasa de interés “dolarizada” de 15%, mayor que el costo prohibido del mercado financiero internacional, en la inversión financiera de 75 millones de dólares que realizó Lehman Brothers al adquirir CENIs “subastados” por la autoridad monetaria; o en 2001, cuando Noel Ramírez liquidó al INTERBANK con la entrega de CENIS Bancarios con valor precio de 152.7 millones de dólares y con tasas de rendimientos de 15%, 17.65% y 21.43%, es decir, con una tasa ponderada de 19.45%, mucho más elevada que el costo de los préstamos en el mercado financiero internacional, que arrojó un valor facial de esos títulos valores del orden de 257.4 millones de dólares. Tampoco podemos olvidar que el panorama fiscal continuó siendo torpedeado en 2003 con la reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 y con la subasta de activos de los bancos liquidados, acciones en las cuales se distinguió principalmente el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre. Y Savastano nos pide reducir más la deuda pública, en vez de pedir o sugerir que se sancionen los ilícitos que han elevado esa deuda.

En la arena de las finanzas gubernamentales, Savastano sabe que el déficit fiscal de Nicaragua es apenas igual a 1% del PIB en 2011 y recomienda seguir fortaleciendo el ámbito fiscal. Esta recomendación aparentemente es un mea culpa muy discreto del aval del FMI para que el BCN registrara la asistencia financiera de Venezuela en la cuenta de capital del sector privado en la balanza de pagos del país, a sabiendas que con esos recursos se financia un gasto público importante, por ejemplo el bono salarial de 750 córdobas entregados a cada uno de los 165 mil 943 empleados públicos que devengan salarios bajos y cuyo costo anual es de 1 mil 400 millones de córdobas,  o sea, el 60% los ingresos tributarios esperados con la reforma tributaria en ciernes.

Recurriendo al argot fondomonetarista, el déficit fiscal sobre la línea sería igual a 7% del PIB en 2011, en vez del dato oficial 1% del PIB, que hubiese sacado a Nicaragua del Programa “Servicio de Crédito Ampliado 2007-2011” (SCA) y obligado al gobierno a la adopción de un programa sombra con el FMI, es decir, que el país cumpliera siempre las condicionalidades suscritas sin recibir ningún préstamo de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario y para apoyo a la balanza de pagos de parte de los organismos financieros multilaterales.

Hubiese sido mejor que Savastano haya afirmado que la situación macroeconómica de Nicaragua “está bien” pero también es “frágil” y que es necesario, en el menor plazo posible, iniciar las conversaciones entre el gobierno de Nicaragua y el FMI para suscribir el quinto programa económico trienal para la atracción de la inversión extranjera directa que apoye un crecimiento económico sostenible en el corto plazo y el desarrollo económico en el largo plazo, para que Nicaragua tenga acceso a las ventanillas de préstamos muy concesionales del FMI, Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que el gobierno pueda contratar divisas líquidas atadas al financiamiento de los proyectos de inversión pública, para fortalecer el mantenimiento de un presupuestario equilibrado y la posición de las reservas internacionales, y para disponer de financiamiento multilateral en la ejecución de reformas estructurales acordadas con el FMI, como son los casos de la reforma tributaria, la reforma de fondo de pensiones de seguridad social y el establecimiento de una banda cambiaria que sustituya  al régimen de tipo de cambio deslizante o reptante.





Pronóstico económico de Nicaragua para 2013

13 09 2012

El crecimiento económico mundial continuará siendo moderado en 2013. El menor crecimiento en las economías avanzadas, y particularmente en los mercados emergentes de mayor tamaño, se reflejará en menores presiones alcistas sobre los precios de materias primas en los mercados internacionales, incluyendo el petróleo. Si no se consolidan soluciones recientes para enfrentar y resolver la compleja situación fiscal y financiera de algunas economías de la Euro-Zona, habrá incertidumbre y mayor aversión al riesgo en mercados financieros internacionales.

Para la economía de Nicaragua, en 2013 hay riesgos en el acceso al financiamiento externo para el respaldo del presupuesto nacional y en la caída de los precios internacionales de las materias primas que nuestro país vende principalmente a Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela y la Unión Europea.

La tasa de crecimiento económico de Nicaragua de 4.1% en 2012 tiende a desacelerar a 3.1% en 2013. Por el lado de la oferta, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real se basa en las actividades agropecuarias y la construcción, mientras que por el lado de la demanda se fundamenta en la inversión y las exportaciones.

La alta tasa de desempleo global (el abierto y el equivalente asociado con el subempleo) se mantiene constante en 24.5% de la población económicamente activa (PEA) en 2013, es decir, 807 mil personas económicamente activas no generarán ingresos en 2013.

Mientras que en 2012, la tasa de inflación desacelera hasta 6.0% por la caída de los precios de los internacionales de las materias primas, en 2013 se remonta hasta 7.1% debido al mantenimiento de la tasa de devaluación anual de 5%, la expansión esperada de 14% del medio circulante y la expectativa inflacionaria provocada por la reforma tributaria, a pesar del supuesto que el precio internacional del barril de crudo WTI disminuye US$5 hasta US$90.

El valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB más el valor neto de la maquila se incrementa 1.4% con un valor de US$3,013, pero el valor de las importaciones de bienes CIF superará los 6 millardos de dólares, de tal forma que el déficit comercial externo de US$3,101 millones, equivalentes al 37% del PIB y en gran parte explicado por la sobrevaluación de 19% del córdoba, se financia, en orden de importancia, con los flujos de inversión extranjera directa de US$1,100 millones, las remesas familiares de US$1,037 millones –con el supuesto que la economía de Estados Unidos crezca 2.3%-, la asistencia financiera de Venezuela de US$635 millones y la cooperación oficial destinada al sector público, hoy conocida como tradicional, de US$620 millones –si se suscribe el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-.

Como un resultado de la carencia de donaciones de divisas líquidas de libre disponibilidad en el sector público, continúa acelerándose el saldo de la deuda pública externa al arribar a US$4,633 millones y al 56% del PIB, el cual incluye casi US$1,600 millones pendientes de reestructuración con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). Por otro lado, el pago del servicio contractual de la deuda externa de US$140 millones equivale a 4.7% del valor de las exportaciones, un indicador bastante atractivo para la inversión extranjera directa.

Empiezan a tomar forma nuevos problemas del sector monetario a partir de este año. Las reservas internacionales brutas podrían mostrar un aumento máximo alrededor de US$77 millones hasta US$2,074 millones, pero equivaldrían a 2.1 veces el saldo de la base monetaria a finales del próximo año, menor que las 2.2 veces condicionadas en los acuerdos con el FMI, no obstante los aumentos muy importantes y de cortísimo plazo de excesos de excesos de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera que los banqueros depositan en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

En el sector fiscal, la reforma tributaria que se aplicará el próximo año impactará, en su primera ronda, en un aumento de la presión tributaria del Gobierno Central del orden de 4 décimas porcentuales del PIB hasta 20.9% del PIB. Los impuestos captados por el Gobierno Central disminuirán por el anuncio oficial que la alícuota máxima de 30% del impuesto sobre la renta (IR) disminuirá 1 punto porcentual anual hasta 25% para las actividades económicas y los asalariados y el aumento de la base exenta de 75 mil córdobas a 100 mil córdobas para las rentas del trabajo, pero los ingresos en concepto del IR también aumentarán por la propuesta de limitar los gastos deducibles de intereses por sobreendeudamiento, la introducción de regulaciones sobre precios de transferencia y las retenciones definitivas sobre los productos financieros, además de la esperada eliminación gradual de algunas exenciones y exoneraciones en el pago de tributos indirectos.

Ante la inquietud empresarial si el aumento de la presión tributaria podría provocar alguna contracción en el crecimiento económico del país, la respuesta es no porque, según mis estimaciones, la presión de impuestos más reciente es de 21.0% correspondiente al primer trimestre de 2012, la cual se encuentra en un punto inferior pero bastante cercano a la presión óptima de 23.9% que nunca se ha logrado alcanzar en el país, y que de hecho será cambiante y dependerá de las circunstancias económicas. Existe espacio tributario para esta reforma, sin el riesgo que desacelere el crecimiento económico del país.

Con un gasto público contenido, que es más de lo mismo –el pago más importante es a los acreedores internos y externos y continuamos endeudándonos para pagar la deuda-, el presupuesto nacional estará equilibrado, es decir, el déficit fiscal será igual a 0% del PIB, algo irónico en un país donde 1 millón 500 mil personas no encuentran un puesto de trabajo formal. Además debe tomarse en cuenta que que el monto anual de la asistencia financiera de Venezuela se aproxima a 7% del PIB y existe el riesgo que no tenga acceso (o disminuya, en el mejor de los escenarios) a dicha asistencia financiera; basta un ejemplo: el Bono Salarial a casi 170 mil empleados públicos que devengan bajos salarios tiene un costo anual aproximado a C$1,400 millones, o sea, US$60 millones, que son financiados con los recursos venezolanos.

Finalmente, cabe recordar que está pendiente el consenso de otra reforma a ser implementada en 2013, la del fondo de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la seguridad social. Entre las once propuestas de reformas a la ley de seguridad social vigente, las más conocidas hasta hoy son las siguientes: aumentar la edad de 60 a 65 años para tener acceso a la pensión de vejez; incrementar el número de años de cotización de 14½ a 30; eliminar el techo salarial objeto de cotización de C$37,518; aumentar las tasas de cotización para los trabajadores desde 4% hasta un rango de [4.38%, 9%] y para los empleadores desde 7% hasta un rango de [7.77%, 15.7%]; reducir las cuantías de las futuras pensiones de vejez; reajustar los montos de las pensiones con la tasa de variación del salario promedio nominal de todos los trabajadores asegurados en vez de la tasa de devaluación oficial; introducir el ahorro individual al sistema de pensiones; y aplicar la ley reformada a los asegurados nacidos desde el 1 de enero de 1967.








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