Carta Abierta al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Managua, Nicaragua

8 de mayo de 2012

 

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

El 31 de enero de este año solicité en forma escrita a la Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Azucena Palacios Benavides, que presentara a los miembros de la Junta Directiva que usted preside las dos solicitudes de desaforación del Sr. Eduardo Montealegre, diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), por sus presuntos delitos de orden privado contra mi persona, las cuales fueron remitidas por los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008, y Lic. Henry Morales Olivares, el 15 de junio de 2011, al entonces Primer Secretario, Dr. Wilfredo Navarro Moreira. También he de informarle que tuve conocimiento, de parte del Despacho de la Lic. Palacios Benavides, que ambas solicitudes de desaforación ya se incluyeron en la Agenda de la Asamblea Nacional.

Dos meses y ocho días después de haber presentado mi solicitud a la Lic. Palacios Benavides, le remito esta carta abierta para conocer cuándo la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional pondrá los dos mandatos judiciales antes mencionados en el Orden del Día de la Asamblea Nacional y se pueda proceder a la formación de una comisión especial que los analice y se pronuncie al respecto, y no se continúe negando mi derecho de tener acceso a la justicia como me ha sido negado durante 3 años, 8 meses y 8 días por el uso inapropiado que ha hecho el Sr. Eduardo Montealegre de la inmunidad que le confiere su cargo público.

Como es de su conocimiento, querellé al Sr. Eduardo Montealegre por injuriarme y calumniarme al escribir y difundir en el diario La Prensa el 31 de julio de 2008 que yo era uno de los quebradores más conocidos del Banco del Café y, además, por menoscabar mi reputación profesional al afirmar que no servía el estudio que realicé ad honorem y a solicitud de la Contraloría General de la República sobre las liquidaciones de cuatro bancos ocurridas en 2000 y 2001, lo cual ha provocado serios daños morales y económicos, incluyendo la persecución laboral y profesional a mi familia y mi persona como represalia del Sr. Eduardo Montealegre. Es de conocimiento público que la soberbia del Sr. Eduardo Montealegre le impidió retractarse y lo condujo a ponerse al margen de la ley.

De acuerdo con información pública del 20 de junio de 2009, un día antes de esa fecha usted recomendó al Sr. Eduardo Montealegre que renunciara a su fuero, al declarar que “Si a mí me acusara alguien de injurias y calumnias, yo dejo mi inmunidad, porque cuando alguien es despojado de su inmunidad por un tema específico, se le despoja solamente para ese tema específico” y usted agregó que “… en ese tipo de casos, acogerse a la inmunidad no es un comportamiento adecuado de personas responsables y de personas que están dispuestas a responder por sus actos”.

Sin embargo, su recomendación fue menospreciada por el Sr. Eduardo Montealegre, quien continuó ofendiéndome públicamente y agregando más injurias y calumnias contra mi persona, incluso en una supuesta carta de disculpas que él escribió a solicitud del entonces Primer Secretario, Dr. Wilfredo Navarro, y que hizo circular desde la casa del movimiento político que lleva su apellido, lo cual me obligó a querellarlo por segunda vez.

También es de conocimiento público que el Sr. Eduardo Montealegre politizó mi demanda y sus aliados políticos lo respaldaron públicamente en esa politización. Es increíble que en nuestro país si un político, en este caso el Sr. Eduardo Montealegre, fuese acusado de una presunta delincuencia común, pueda transformarla campantemente, con el beneplácito de sus aliados, en una acusación política y consolide la impunidad. Por esta clase de conducta política, Señor Presidente de la Asamblea Nacional, considero que se tenga en cuenta la necesidad de fortalecer la ética entre algunos servidores públicos que ejercen la política como una profesión.

En espera de su respuesta a mi solicitud arriba mencionada, hago propicia la ocasión para reiterarle las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

 

Hollande abre una nueva etapa en Francia … y en Europa

 

La crisis económica y financiera de Europa, la llamada crisis de la deuda pública de la Eurozona, o mejor dicho la política de la austeridad fiscal impulsada hasta ahora por la canciller germana Angela Merkel y por el presidente francés Nicolas Sarkozy, está botando gobiernos, conservadores o progresistas, a lo largo y ancho del viejo continente.

Cualquier responsabilidad en la crisis está siendo castigada. Los electores han sacado del poder a Charles Haughey de Irlanda, José Sócrates de Portugal, Gordon Brown de Reino Unido, Jan Peter Balkenende de Holanda, Lars Lokke Rasmussen de Dinamarca, Yorgos Papandreu de Grecia, Silvio Berlusconi de Italia, José Luis Rodríguez Zapatero de España, renunció hace dos semanas Mark Rutte de Holanda porque la derecha no apoyó su ajuste fiscal, y más de 44 millones de franceses sacaron de la presidencia a Nicolas Sarkozy este domingo 6 de mayo.

Hay crisis entre los políticos europeos que se encuentran en el poder porque sus ideas no resuelven sino que agravan la crisis económica de Europa, la cual provocará una mayor desaceleración económica mundial en el segundo semestre de este año. Para demostrar esa premisa política usaré la identidad que nos enseñó el profesor John Maynard Keynes en los años 30 del siglo pasado, la cual nos dice que la oferta agregada es idénticamente igual a demanda agregada.

En términos de volumen, la oferta agregada no es nada más que el total de la producción y las importaciones, mientras que la demanda agregada es igual a la suma del consumo de las familias, la inversión de los empresarios privados, el gasto público determinado en el presupuesto nacional y las exportaciones.

¿Cuál es el problema europeo, un elevado desempleo o una alta inflación? ¿Cómo resolver el problema económico del alto desempleo, que es una pandemia en estos momentos? Es lógico que los electores europeos votaran para rescatar sus puestos de trabajo perdidos, ya que no se quejan de una alta inflación que les deteriore su poder adquisitivo sino de las pérdidas de ingresos por el creciente desempleo y las disminuidas pensiones de seguridad social.

De acuerdo con el profesor Keynes, en un escenario de gran desempleo los economistas tenemos que aconsejar a los políticos que aumenten la demanda agregada, es decir, incrementar el gasto de consumo de las familias mediante el aumento del ingreso personal disponible con la disminución de la tasa del impuesto sobre la renta de las personas asalariadas y naturales; incrementar la inversión en construcción y maquinaria y equipo, o sea la inversión fija, con la disminución de la tasa de interés; elevar el gasto público, que lo decide el político en el poder, principalmente el de inversión en infraestructura económica, aunque se incurra en un mayor déficit fiscal y en una mayor deuda pública; y aumentar las exportaciones mediante la disminución de la apreciación de la moneda local.

Sin embargo, en la actualidad los líderes europeos concentran sus políticas por el flanco fiscal en la reducción del gasto público, del déficit fiscal y de la deuda pública, una receta que apunta a reducir la inflación en vez de reducir el desempleo y el sub empleo, éste último también llamado mini empleo en los países europeos y, por el flanco monetario, con inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a los bancos pero éstos la han depositado en el BCE por la gran desconfianza de facilitar créditos que reactiven la inversión privada y la economía.

El candidato ganador de las elecciones presidenciales de Francia, el candidato socialista François Hollande, ha defendido en su campaña lo contrario que defiende Angela Merkel no sólo en Alemania sino en la Unión Europea. Sus medidas económicas, políticas y sociales están centradas en cuatro ideas -fuerza, justicia, igualdad, crecimiento-, apostó por la juventud y prometió financiar el costo de su “receta” con una reforma fiscal y una reforma financiera: el aumento de la presión fiscal sobre “quienes más tienen” para conseguir que “el sistema bancario, los ricos y las grandes empresas ayuden al país a volver a crecer”.

Entre 60 medidas que propuso François Hollande, las más llamativas son elevar la tasa máxima del impuesto sobre la renta desde el 41% actual al 45% para quienes ganan más de 150 mil euros al año, suprimir gran parte de las exenciones fiscales a los grandes patrimonios y empresas introducidas por la derecha en la última década, establecer un nuevo Impuesto de Sociedades (35% para las grandes empresas, 30% para las PYMES, 15% para las más pequeñas o microempresas), incrementar un 15% la tasa que grava los beneficios de las entidades financieras, obligar a los bancos a separar sus actividades de banca tradicional de sus operaciones especulativas, prohibir de forma expresa las stock options y los productos financieros tóxicos, impedir a los bancos nacionales tener actividad en paraísos fiscales, y regular los bonus de los directivos de la banca.

Agregó preservar el estatuto público de las grandes empresas estatales, crear un banco público, introducir un nuevo dispositivo de ahorro para financiar a las pequeñas y medianas empresas, elevar la dotación a la vivienda social para construir 2.5 millones de casas, 150 mil empleos de futuro para jóvenes y 60 mil profesores más para la educación nacional durante el quinquenio,  aumentar en 25% las becas estatales para la vuelta al colegio, jubilación a los 60 años para los que hayan cotizado el máximo de anualidades, negociación social en 2012 para definir la edad legal y la subida de las pensiones, aumentar el copago y bajar el precio de los medicamentos, reivindicar los eurobonos, intentar que el BCE cambie su papel y ayude a crecer y crear empleos, y establecer una política comercial que proteja a la Unión Europea de la competencia desleal (dumping) en materia social y medioambiental (tasa carbono) y un nuevo tratado con Alemania.

Veremos cuáles promesas serán cumplidas en el corto plazo por el presidente electo de Francia. La solución del problema económico de Europa no toleraría la aplicación “gradual” de la “receta” del crecimiento, sino un “shock” expansivo para desmantelar la política de austeridad que deprime la economía y destruye el empleo, que desacelera el crecimiento económico y aumenta la tasa de desempleo y la tasa de los mini empleos. “La austeridad no puede ser una condena”, advirtió François Hollande. Cabe agregar la sentencia keynesiana: “Los periodos largos son una guía engañosa para los temas de actualidad. A largo plazo todos estamos muertos”.

Entre sus aciertos y desaciertos, felicito a Marcello Estevão

Si es cierto lo que le atribuyen los medios de comunicación a Marcello Estevão, que “el Fondo Monetario Internacional valora que es importante que los tributos que se recaudan sean más orientados a los programas de inversión pública”, también puede ser cierto que Estevão , que recién estrena su cargo de jefe de la misión técnica del FMI en Nicaragua, ya recibió instrucciones superiores para variar las condiciones con que se asignan los aumentos de los ingresos tributarios sobre sus metas anuales programadas, estimadas tanto por el Gobierno de Nicaragua como FMI, en el presupuesto nacional que aprueba la Asamblea Nacional.

La mal llamada “sobre recaudación” de impuestos que hemos observado desde el primer Programa ESAF suscrito con el FMI en junio de 1994 –digo mal llamadas porque facilitaron la reducción del gasto público en concepto de transferencias mandadas por la Constitución y otras leyes- ha sido asignada en los últimos años al pago de la amortización de la deuda gubernamental interna y al incremento de los depósitos del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN). Y esto lo debe saber muy bien Estevão, por lo cual lo felicito porque aparentemente la tasa de crecimiento económico ya no seguirá siendo una variable exógena al modelo fondomonetarista tradicionalmente aplicado en Nicaragua.

Con las condiciones anteriores de la asignación de la “sobre recaudación” de impuestos, el FMI  también lograba, por un lado, la disminución de la emisión de nueva deuda para pagar deuda, en este caso la emisión de Bonos de la República de Nicaragua por un monto equivalente a US$120 millones anuales aprobado por los diputados para cancelar obligaciones de las propiedades confiscadas y liquidaciones bancarias –estas últimas acusadas penalmente por el Estado de Nicaragua- y, por otro lado, el apoyo fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica, o sea el apoyo presupuestario para defender la posición de las reservas internacionales del BCN.

Cabe recordar que el problema estructural de que casi el 80% del gasto total del presupuesto nacional corresponde al gasto de consumo, pago de intereses de la deuda pública y transferencias corrientes -a las alcaldías, el Poder Judicial, las universidades y al mantenimiento de los subsidios de agua, energía eléctrica y teléfono a jubilados, los de energía eléctrica en barrios vulnerables y los de transporte colectivo urbano de Ciudad de Managua y Ciudad Sandino- fue heredado por la administración de Enrique Bolaños a la administración de Daniel Ortega en 2007, porque fue este último gobierno el que “sinceró” el gasto público pedido por el FMI al trasladar del gasto de inversión al gasto de consumo el pago de la planilla de asesores y consultores que era financiado con recursos de la cooperación internacional. Aplaudo desde ahora las palabras de Estevão para contribuir a resolver ese problema estructural de nuestro presupuesto nacional.

Además de evaluar la situación económica de Nicaragua a diciembre de 2011, el jefe de la misión técnica del FMI que visita a nuestro país manifestó que insistirán en revisar las exoneraciones y exenciones tributarias que reciben los sectores productivos, “especialmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

El joven y novel jefe de la actual misión técnica del FMI no debe obviar el hecho que Nicaragua continúa siendo un país pobre muy endeudado en términos de producción y, por lo tanto, tiene que obtener, exigido por el FMI, un elemento de concesionalidad mínimo de 35% en la contratación de la deuda externa. Por eso invito a Marcello Estevão a reflexionar que no puede aplicar el principio de neutralidad pura en el cobro de impuestos a los inversionistas y productores de un país que trata de salir de la pobreza, y también a recordar que el Consenso de Washington ya no funciona porque el cuento de hadas de la distribución de la riqueza ya quedó en el olvido, -al rebalsarse el vaso, hoy mitad lleno o mitad vacío, tal como lo quiera ver el espectador, no nos inundará de felicidad-.

También invito al jefe de la misión técnica del FMI a meditar que el Estado de Nicaragua no debe dejar en manos exclusivas del Mercado la estrategia de reducción de la pobreza, la estrategia contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Humano –que dicho sea de paso, insto a nuestros servidores públicos, especialmente a Paul Oquist, que la actualicen tan pronto sea posible para no atrasar la discusión del quinto programa económico con el FMI-, la equidad de la distribución del ingreso y de la presión tributaria, la protección del medio ambiente, la seguridad nacional, entre otros sectores clave relevantes de nuestra nación y economía. Por lo tanto, no aceptaría la insinuación fondomonetarista de eliminar las exoneraciones y exenciones en el pago de tributos con el simple objetivo teórico de “no provocar distorsiones en los precios relativos y, por ende, en la asignación de los recursos”. Sólo en los libros conozco la competencia perfecta.

Un desacierto de Marcello Estevão fue su insinuación que los recursos presupuestarios del Gobierno no se están usando en buena forma porque se subsidia el consumo de la tarifa a sujetos económicos que no lo necesitan. El jefe de la misión técnica debería saber (i) que el presupuesto nacional ya enfocó los subsidios a la población pobre, y en el consumo de energía a los que gastan mensualmente 150 Kwh o menos; (ii) el préstamo de ALBANISA, que yo califico como “genuino”, sin plazos y sin intereses, de US$52.4 millones que financió el 11.2% del ajuste de la tarifa de energía eléctrica en enero de este año, no es un subsidio ni una donación, y no provoca ningún contingente al presupuesto aunque lo paguemos, productores inversionistas y consumidores, cuando el país genere el 90% de energía eléctrica con recursos renovables dentro de 5 ó 10 años; y (iii) aunque como economista critico acciones gubernamentales populistas para atraer la atención del votante –a sabiendas que se hacen en todos los países, en unos con cierta diplomacia y en otros con cierto cinismo- he de reconocer que el préstamo genuino que financia, y creo que continuará financiando en un año de elecciones municipales, las alzas de la tarifa de energía eléctrica, ayuda a mantener la competitividad creciente de las empresas nicaragüenses en el exterior, a sabiendas que nuestra política cambiaria, donde ha fallado la insistencia del FMI, no logra reducir el gran margen de sobrevaluación del córdoba, y esto lo sabe muy bien Marcello Estevão.

Entonces, ¿por qué sacrificar el esfuerzo exportador de las empresas radicadas en nuestro país cuando el jefe de la misión técnica del FMI ya mostró su preocupación por elevar más nuestras tasas de crecimiento económico de 4.5% en 2010, 4.7% en 2011 y, según el pronóstico de COPADES, 4.1% en 2012? Felicito a Marcello Estevão y le deseo éxitos en su gestión de jefe de la misión técnica del FMI en Nicaragua; además, está muy bien su exigencia de que el INE actualice la tarifa de la energía eléctrica, porque es una condicionalidad de reforma estructural ya contemplada en las discusiones del programa económico con el FMI.

Nicaragua no puede construir “colchones” financieros

Desde hace varios años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha condicionado al Gobierno de Nicaragua que si la recaudación de impuestos es mayor que el monto anual proyectado (por ambos) que es aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley del Presupuesto General de la República, la sobre recaudación es asignada, en parte, para pagar la deuda gubernamental interna –lo cual implica que se reduzca la emisión de Bonos de la República de Nicaragua por US$120 millones anuales destinados al pago de amortizaciones de la deuda pública interna- y, en otra parte, asignada para el aumento de los depósitos (en córdobas) del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN) con el objetivo de proteger la posición de las reservas internacionales (en dólares) al evitarse un mayor gasto público que eleve la demanda de importaciones –lo que implica el llamado “esfuerzo” fiscal para proteger las reservas internacionales-.

La sobre recaudación de impuestos es tradicional desde inicios de los noventa del siglo pasado, porque la proyección anual de impuestos siempre ha mostrado el sesgo de la subestimación para reducir el gasto público en concepto de transferencias a las universidades, el Poder Judicial y las alcaldías.

El reciente Informe Perspectivas para América Latina y el Caribe, elaborado por el FMI en su reunión de primavera con el Banco Mundial (BM), reconoce que la región seguirá favoreciéndose por los altos precios de los bienes exportables, pero también reconoce el riesgo de una mayor desaceleración de la economía mundial provocada con la consecuente disminución de  la demanda de nuestros productos de exportables y la reversión de la buena tendencia económica actual de la región –aunque desde ahora estimo que el índice precios de las exportaciones de Nicaragua disminuirá 7% este año, debido principalmente a las caídas de los precios internacionales del café y del azúcar-.

El director para América Latina del FMI, Nicolás Eyzaguirre, dijo que los países tienen que empezar a ahorrar porque los aumentos de los precios de los bienes de consumo (que exportan) no durarán por siempre. “Nuestro consejo es que se reconstruyan esos ‘colchones’ (financieros) antes que los riesgos se materialicen y que las condiciones de apoyo externo desaparezcan”, y en el caso particular de Nicaragua identificó un problema adicional como es el nivel de endeudamiento público que equivale a US$5,293 millones y al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, por lo cual, aunque es difícil, tendrá que buscar cómo recaudar más recursos presupuestarios para “reconstruir” esos colchones (de reservas). En ese contexto, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Miguel Savastano, también consideró imprescindible una reforma fiscal, que el gobierno comenzará a negociar en mayo con el sector empresarial, dirigida a incrementar las recaudaciones de impuestos para mejorar la posición presupuestaria nacional.

Creo que es necesario aclarar a nuestra nación que el tema de la deuda pública no es el principal argumento para justificar una reforma tributaria, porque el pago del servicio de la deuda pública ha sido el gasto priorizado en el presupuesto nacional de acuerdo con la lógica económica del Estado que ha permanecido invariable desde 1990, al participar con el 19% en el gasto total presupuestario de 2012.

También es necesario aclarar que Nicaragua honra sólo el 60% de la deuda pública externa, porque el 40% restante se encuentra pendiente de restructuración con 8 países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), entre los cuales se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. En otras palabras, al 31 de diciembre de 2011 Nicaragua adeudaba al Resto del Mundo US$4,073 millones, lo que llamo el saldo “contable” de la deuda externa al incluir aproximadamente US$1,600 millones pendientes de restructuración con los Términos de Colonia de la Iniciativa HIPC. Por esto sugiero al FMI, al haber fungido por mandato del G-7 como coordinador de dicha Iniciativa vinculada con el cumplimiento del Programa “ESAF” y de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (PRS por sus siglas en inglés), que apoye a Nicaragua a gestionar la restructuración de esa deuda pendiente con el fin de sanear el saldo de la balanza de pagos del país. Si se lograra la condonación de al menos el 90% de la deuda pendiente de restructuración, tal como lo estipula los Términos de Colonia, el saldo de la deuda pública externa disminuiría hasta US$2,632 millones.

Si adicionamos el monto anterior al saldo de la deuda pública interna de US$1,170 millones registrada a finales de 2011 -espoleada por las confiscaciones de la propiedad en la década de los ochenta del siglo pasado, las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, y las operaciones de mercado abierto del BCN- arrojaría un saldo total de la deuda pública de US$3,803 millones, que equivaldrían al 52% del PIB de 2011 –menor que el 75% del PIB identificado por Nicolás Eyzaguirre-, por lo cual el nivel de la deuda pública de Nicaragua no sería el argumento básico para buscar una mayor recaudación de impuestos.

Por otro lado, Nicaragua nunca ha podido construir, mucho menos reconstruir, “colchones” financieros con sus propios recursos para enfrentar las crisis económicas y financieras internacionales, al ser un país que no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. No hay que olvidar que el FMI prohíbe a Nicaragua a endeudarse en términos comerciales y obliga a obtener un elemento de concesionalidad mínimo de 35% en la contratación de la deuda externa.

Además, no debemos obviar los hechos que el 65% del gasto de inversión pública de 2012 es financiado con recursos externos, donaciones y préstamos muy concesionales –cuyos términos financieros ponderados desde 1990 son 31 años plazo, 10 años de gracia y 2% de interés-, la tasa de desocupación global (abierto y equivalente asociado con el subempleo) fue igual a 24% de la población económicamente activa en 2011 y el índice de pobreza fue de 42.5% de la población total del país en 2009.

Aumentar la recaudación de impuestos es necesario para responder a las necesidades sociales de la población, pero no al pago de los acreedores del Estado de Nicaragua quienes siempre han recibido puntualmente el servicio de la deuda pública; también hay que buscar una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria y una mayor progresividad del sistema tributario; por supuesto, la reforma también tendría que buscar el mejoramiento de la eficiencia del gasto público y de la administración tributaria, así como reducir la evasión y la elusión fiscal, disminuir los costos de la obediencia fiscal y limitar la discrecionalidad de los administradores de impuestos.

La reforma tributaria no debería limitarse a fines recaudatorios sino constituir un instrumento para apoyar el aumento del crecimiento económico y la reducción de desempleo global y la pobreza, por lo cual invito a nuestros servidores públicos a que tengan cuidado con el principio de “neutralidad pura” frente a los incentivos tributarios enarbolado por el FMI. No se puede dejar exclusivamente en manos del Mercado la estrategia de desarrollo económico nacional ni la estrategia de reducción de la pobreza, porque ya observamos el cuestionamiento del Consenso de Washington con la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008.

No cometamos los mismos errores

En el último año del siglo pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó la reforma estructural de establecer la Administración del Fondo de Pensiones (AFP) de la seguridad social, que serían entidades privadas, mejor dicho entidades dependientes de bancos comerciales del país, para administrar esas pensiones. Para ello, el 14 de junio de 2000 el Gobierno de Nicaragua recibió un préstamo de 7.7 millones de dólares del Banco Mundial (BM/IDA), con un plazo de 39 años, 10.5 años de gracia y 0% de interés.

La implementación de esta reforma fue bastante decepcionante y tuvo que ser suspendida, porque la asesoría técnica que se recibió de consultores externos fue una copia de la administración del fondo de pensiones de seguridad social de Chile, cuyo sistema de pensiones tiene un componente contributivo organizado en forma de capitalización individual en un mercado laboral con una formalidad del 65% del total de ocupados en 2000, pero el de Nicaragua mostraba una informalidad cercana al 55% del total de ocupados en ese mismo año.

Esa acción provocó pérdidas en aquellos bancos que trataron infructuosamente de incursionar en la administración financiera privada del fondo de pensiones de seguridad social. Sin embargo, gracias a la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI por sus siglas en inglés) impulsada por el entonces Secretario del Tesoro de Gran Bretaña, Gordon Brown, en la Cumbre de Gleneagles, Escocia, el 8 de julio de 2005, Nicaragua recibió la condonación de US$1,613 millones de su deuda externa con el FMI, el BM/IDA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en que se incluía la deuda contratada para ejecutar esa reforma estructural fallida desde sus inicios.

He traído ese pasaje de nuestra historia económica-financiera del pasado reciente al presente porque ahora vuelve a ponerse en la picota la discusión de la reforma del fondo de pensiones de seguridad social, que se caracteriza, según datos públicos aún sin discusión alguna, por ampliar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años; duplicar el número de semanas de cotización de 750 a 1,500, o sea de 15 a 30 años de cotización, para asegurar la pensión completa; elevar la tasa de cotización del empleado de 6.25% a 12% del salario manteniéndose constante la tasa de cotización del patrón en 16%; la pensión a ser recibida será igual al promedio de todos los salarios con los que ha cotizado el trabajador, en vez del promedio salarial de los últimos 5 años, como es en la actualidad.

Esta propuesta del FMI para Nicaragua, que aparece en la página web del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es similar a la que está impulsando el policía financiero internacional en Europa, dada la crisis del déficit fiscal y la deuda pública que está acompañada de un elevado desempleo en los países de la Eurozona. Nunca será apropiado estandarizar o fotocopiar reformas estructurales de países con economías avanzadas o en vías de desarrollo en países calificados como pobres y muy endeudados en términos de producción, y parece que el FMI no aprende de sus errores como ya los tuvo en este campo en nuestro país a finales del siglo pasado.

Las autoridades nacionales deberían considerar que no se podría aprobar esta reforma basada exclusivamente en un estudio actuarial, que no se relaciona con ningún entorno económico en el mediano y largo plazo y que no toma en cuenta los severos problemas estructurales de la gran informalidad de nuestro mercado laboral –que en la actualidad abarca al 77% del mercado-, el elevado subempleo que cubre casi al 50% de los ocupados en 2011, la falta de educación técnica de los trabajadores –en 2009, el nivel promedio de escolaridad de la población urbana y rural es 6 años y 4.5 años de estudio respectivamente-, y la escasa transferencia de tecnología del Estado al 80% de las empresas del país, que son micros y pequeñas empresas – con puestos de trabajo muy precarios y muy expuestas a sufrir los efectos de los choques externos-.

La cobertura de la seguridad social ha disminuido en nuestro país recientemente. En 2011, nuestro mercado laboral con 2 millones 997 mil personas económicamente activas y un número promedio de trabajadores activos asegurados de 578,340 personas, señalan que la seguridad social cubrió sólo el 19.3% de la población económicamente activa del país (PEA)  e indica una caída de 2 puntos porcentuales de la PEA con respecto a su nivel observado en 2008, un año antes de la caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país por los efectos de la recesión económica mundial.

Miguel Savastano, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró que la reforma a la Ley de Seguridad Social de Nicaragua es un tema prioritario, particularmente lo referido a la edad de la jubilación; sin embargo, lo invito a reflexionar en el contenido de los siguientes tres párrafos y sobre los grandes retos de cómo diseñar y aplicar políticas públicas que reduzcan la informalidad del mercado laboral, y cómo podrían apoyar el 11% de las empresas del país, que corresponde a la gran empresa, para avanzar en la formalización del mercado laboral, comenzando con la fácil cooperación de que se establezcan métodos sencillos de contabilidad en la porción del 77% de las empresas del país que se encuentran sumergidas en la informalidad, para encaminarlas al pago de los tributos y de las contribuciones de la seguridad social.

El Estado de la Región, un organismo no gubernamental con sede en San José, Costa Rica, del cual soy miembro de su Consejo Consultivo, en su Cuarto Informe en Desarrollo Humano Sostenible señala que en los países centroamericanos tenemos proporcionalmente muchos menos niños y adolescentes que hace 10 años. En las últimas décadas la población en edad productiva creció rápidamente y una buena parte del crecimiento económico que experimentó la región en las últimas décadas no se debió a mejoras en la productividad sino a que agregamos cada vez a más personas al mercado de trabajo. Esa ventaja la perderemos en los próximos veinte años.

La primera implicación de esa transición de demográfica es que si queremos crecer económicamente en el futuro vamos a tener que hacerlo mediante mejoras importantes en la productividad; ya no tendremos el lujo de crecer sobre la base de agregar gente a la actividad económica. La segunda implicación es el envejecimiento, ya que todas las sociedades de Centroamérica, con mayor o menor intensidad, están envejeciendo y, a una generación plazo, tendremos una estructura demográfica muy similar a las envejecidas sociedades europeas y de Japón, que están experimentando serios problemas para lograr mantener su estado de bienestar. En otras palabras, dentro de 20 años en nuestros países centroamericanos entre un 20% y un 25% de la población tendrá 60 años o más. Imaginemos lo que será llegar a la siguiente situación demográfica: sociedades envejecidas como las europeas con niveles de productividad como las del tercer mundo. Una ecuación imposible. ¿Cuál sería la opinión que tendría el FMI sobre la falta de aprovechamiento del bono demográfico y su propuesta del rescate financiero del INSS? ¿Elevar la edad de jubilación sería la solución de esa ecuación?

Adicionalmente, si tomamos en cuenta que en las zonas rurales y urbanas de Nicaragua el 48% y el 39% del total de jóvenes nicaragüenses con edades de 12 a 24 años en ese mismo orden, con un alto sesgo femenino, son llamados “ni-nis”, es decir, que no estudian ni trabajan y cuyo futuro será no sólo la pobreza y la doble exclusión por el Estado y el Mercado, sino también una bajísima productividad, ¿persistiría el FMI con su propuesto rescate financiero del INSS, a sabiendas que la economía nacional habrá perdido una importante parte del capital humano que a una generación plazo requerirá para enfrentar el desafío demográfico arriba planteado? Creo que los altos cargos técnicos del FMI deberían meditar un poco más al respecto, porque toda la economía, en esas condiciones, iría a la quiebra.

No hay problemas con la Consulta del Artículo IV

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a Nicaragua en la primera semana de mayo para evaluar el comportamiento de la economía nicaragüense en 2011 e iniciar conversaciones sobre las reformas estructurales pendientes con la recaudación de impuestos, el fondo de pensiones de seguridad social, el empleo en el gobierno central y la tarifa de energía eléctrica. Talvez en julio o agosto comiencen las negociaciones del quinto programa económico trienal de Nicaragua, cuya suscripción en este año aseguraría los desembolsos de US$45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyo presupuestario y, a lo sumo, otros US$20 millones del FMI para apoyo a las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN).

 

Nicaragua siempre aprobó excelentemente los exámenes de metas y reformas económicas del FMI en los cuatro años pasados, excepto durante unos meses en que se congeló el diálogo macroeconómico cuando el gobierno introdujo, al margen del presupuesto nacional, un bono salarial para los empleados públicos financiados con recursos del ALBA. Ahora Nicaragua volverá a aprobar la revisión económica en la conclusión de la Consulta del Artículo IV. ¿Por qué? Veamos.

El saldo de las reservas internacionales brutas del BCN de 1 mil 892 millones de dólares al 31 de diciembre del año pasado era igual a 2.38 veces el saldo de la base monetaria, es decir de los saldos de la emisión de dinero y del encaje sobre los depósitos en córdobas, superando el límite inferior de 2.2 veces y asegurando la condicionalidad de estabilización macroeconómica, la cual se manifestó con una brecha de apenas 0.24% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, aunque debe mencionarse que la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas era de 28.7%, muy alta sobre la legal de 12% diaria, que obedecía a la estrategia bancaria de mantener una excesiva liquidez y sacrificar su tasa de ganancia después de dos años de la última recesión económica.

La economía creció 4.7% sin el apoyo bancario, gracias al empuje de la inversión en construcción y maquinaria  equipo –la inversión extranjera directa pasó de 508 millones de dólares en 2010 a 968 millones en 2011-; la tasa de inflación anual fue de un dígito e igual a 8%, lo cual provocó un deterioro de 3.2% del salario promedio mensual nacional, y el 92% de dicho salario fue absorbido por la compra de 23 productos alimenticios de la canasta de 53 productos de consumo básico; y el 49.1% de la población económicamente activa (PEA) estaba subempleada y el 6.3% de la PEA estaba desempleada, es decir, el número de subempleados y desempleados ascendió a  2 millones 216 mil personas, mientras que el 77.2% de los ocupados laboraban en el mercado informal; en otras palabras, 2 millones 344 mil personas tenían dificultad para encontrar un puesto de trabajo decente.

En 2011 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 1 mil 302 millones de dólares –el talón de Aquiles de nuestra economía porque el régimen cambiario imperante desde el 10 de enero de 1993 castiga al exportador-, es equivalente al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y ya está disminuido en 912 millones de dólares por las remesas familiares, fue financiado con la ayuda oficial de 503 millones de dólares, la asistencia financiera de Venezuela de 609 millones de dólares y el flujo de inversión extranjera directa ya mencionado de 968 millones de dólares.  El déficit comercial externo subió de 25% del PIB en 2010 a 28% del PIB en 2011, no obstante el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB y el valor neto de la maquila sumaron 2 mil 755 millones de dólares al observarse un aumento de 18% en los precios internacionales de nuestros productos.

A finales del año, el saldo “contable” de la deuda pública externa era igual a 4 mil 84 millones de dólares y a 56% del PIB, y aún encierra alrededor de 1 mil 600 millones de dólares pendientes de reestructuración  en el marco de la Iniciativa HIPC con 8 países que no son miembros del Club de París, entre los que se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. Mientras cada nicaragüense tiene un ingreso promedio anual de 1 mil 297 dólares, también tiene una deuda “contable” con sus acreedores externos de 694 dólares y otra deuda “efectiva” de 199 dólares con sus acreedores internos.

Sin incorporar la cooperación internacional destinada al presupuesto nacional, lo más importante en el ámbito de las finanzas públicas es la reducción del déficit del presupuesto nacional hasta 1.3% del PIB y, tomando en cuenta sólo las donaciones externas para los programas y proyectos gubernamentales, dicho déficit se transformó en un superávit igual a 0.6% del PIB. Este resultado, sin duda alguna está asociado con el manejo extrapresupuestario de la deuda privada contraída por ALBANISA con Venezuela, aunque también debe reconocerse que la presión tributaria, o sea la porción de la producción que el gobierno central se apodera en concepto de impuestos, subió 6 décimas porcentuales del PIB hasta 19.4% del PIB debido a la continua ampliación de la base tributaria y la reforma tributaria vigente desde el 1 de enero de 2010, que gravó por primera vez a las rentas del capital.

Sin embargo, desde Washington Nicolás Eyzaguirre, director del FMI para Nicaragua, aconseja “reconstruir sus colchones financieros” para evitar la falta de liquidez mediante el aumento de la recaudación de impuestos, y Miguel Sabastano, subdirector del FMI para Latinoamérica, insistió en reformar el sistema de pensiones, incluyendo el aumento de la edad de jubilación, una carga fiscal que en un momento hay que pagar.

Aconsejo al gobierno de Nicaragua que continúe consolidando nuestra soberanía fiscal, una tarea que se inició en 2007, y proponga al FMI variantes para enfrentar el problema financiero que visualizan desde Washington si desacelera más la economía estadounidense por la crisis de la eurozona, lo cual podría provocar la disminución de los recursos fiscales, incluyendo el financiamiento del pago de pensiones. Entre esas variantes propongo a nuestros servidores públicos buscar cómo reducir la informalidad de nuestro mercado laboral -con la mutua cooperación del sector formal de la economía-, buscar una mayor equidad en el cobro de impuestos –el que tiene más paga más impuestos, el que tiene menos paga menos impuestos y los que tienen lo mismo pagan los mismos impuestos-, y garantizar los estímulos tributarios, definiendo su temporalidad, a las actividades económicas que reduzcan el subempleo y el desempleo y propicien un acelerado crecimiento económico –sin aceptar dócilmente el pensamiento fiscal de la neutralidad tributaria del FMI-.

No hay que olvidar en estas próximas negociaciones del gobierno, que el FMI impulsó e impuso el Consenso de Washington con instrucciones del Grupo de los 7 (G-7), pero ese Consenso fue enterrado en los países de economías avanzadas a raíz de la caída de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008 y, además, se observó su fracaso en Latinoamérica. Por algo el G-7 tuvo que  implementar la Iniciativa HIPC que se concedió a los 53 países pobres y más endeudados del mundo, debido a la cuantiosa deuda externa contratada por esos 53 países con instituciones financieras multilaterales para financiar las reformas estructurales que emanaron desde el Consenso de Washington.

La ignorancia es atrevida, más si es supina

Sorprendente y supina la declaración de Eduardo Montealegre de que Bayardo Arce, asesor del presidente de la Republica, por ser un asesor económico, no pueda opinar ni asesorar políticamente, a sabiendas que el asesor presidencial también es un experto político del FSLN, con mucha más experiencia que la que tiene el líder del movimiento político personal. Cualquier nicaragüense puede emitir su opinión y ser respetado, aunque esté equivocado, eso es democracia, pero la soberbia siempre se burla de la razón.

Sin embargo, sorprende mucho más el argumento estólido de Eduardo Montealegre que en el caso que el PLC sea convocado al diálogo nacional, tal como lo dio a entender el asesor presidencial, “no se van a elegir a hombres y mujeres honestos, respetuosos de la Leyes en las diferentes instituciones del Estado”, porque él es deshonesto, irrespetuoso de las leyes, evasor de la justicia, violador de los derechos humanos y abusador de la inmunidad que goza por su cargo de diputado, todo lo cual es de fácil demostración con la aritmética financiera.

El problema de los nicaragüenses no se reduce al plano político, sino también que es económico y social, que cruzan, entre otros, la gobernabilidad, la institucionalidad, el subempleo, el desempleo, la pobreza, la educación, la salud y la inseguridad, pero la miopía política del autonombrado líder de la oposición sólo persigue su objetivo de no comparecer el juzgado, acusado por la Fiscalía General de la República, para aclarar a la Nación y al Juez sus acciones inapropiadas en la reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones de 4 bancos y las subastas de los activos de esos bancos que se realizaron en el Banco Central de Nicaragua, las cuales golpearon económicamente al Presupuesto Nacional y a los nicaragüenses.