Un banquero que gusta del usufructo del presupuesto nacional

Al desempolvar mis archivos sobre la economía de Nicaragua que he acumulado desde mediados de la década de los setenta hasta la fecha, me encontré con la historia de la nacionalización del sistema financiero privado de Nicaragua en 1979, que realizó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el Decreto No. 25 publicado en La Gaceta No. 3 del 24 de agosto de 1979.

Con ese decreto, el Estado adquirió la totalidad de las acciones de los bancos al precio de su valor en libros resultante de una auditoría, con el corte de los estados financieros al 25 de julio de 1979, que tomara en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), lo cual fue pagado con bonos del Estado con plazo de 5 años y 6½% anual, que también podían ser usados por sus tenedores para la cancelación de obligaciones con el Estado y podían ser cancelados con su pago en efectivo en cualquier momento antes de su vencimiento.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) y la SIBOIF procedieron a contratar reconocidas firmas de auditores externos para determinar el valor en libros de las acciones de las instituciones financieras privatizadas, tales como Mancera Hnos. y Cía. S.C. representada por Pasquier Salas y Cía.; Alexander Grant representada por Donkin y Argüello; Arthur Young & Company; Coopers and Lybrand; Pannel, Kerr, Foster & Company; Deloitte, Hasking & Sells; y Gardner, Wolf & Company.

El informe de la SIBOIF intitulado “Información Trimestral Sistema Financiero Nacional y De Otras Instituciones de Crédito 3^er. Trimestre 1980” indicó que sólo tres instituciones financieras tenían patrimonio positivo en el momento de su nacionalización: Banco Calley Dagnall, con C$1.5 millones; Banco Exterior, con C$0.3 millones; y Financiera del Norte, S.A., (FINSA) con C$12.0 millones.

Los dos bancos de los dos grupos financieros más importantes del país –ejes de la formación del sistema bancario en la década de los ochenta-, el Banco Nicaragüense (BANIC) y el Banco de América, eran los más descapitalizados en el momento de su nacionalización, al reflejar patrimonios negativos de C$496.8 millones y C$381.1 millones respectivamente. La situación financiera de ambas instituciones se puede explicar con (i) el deterioro de su cartera de crédito, (ii) la fuga de capitales de ambos bancos, (iii) su alto endeudamiento externo, (iv) su alto endeudamiento con el BCN para poder soportar el deterioro de su cartera y la fuga de sus capitales, y (v) los efectos de la devaluación de C$7 a C$10 por US$1 en abril de 1979 sobre sus altos niveles de endeudamiento externo.

En resumen, el 25 de julio de 1979 el Estado de Nicaragua, con la nacionalización del sistema financiero nacional, asumió un patrimonio negativo de C$1,182.3 millones, un total de depósitos del público de C$3,174 millones, un saldo de deuda externa de C$1,233.8 millones y un saldo de deuda interna con el BCN de C$914.9 millones.

El 17 de septiembre de 1980, con el Decreto No. 527 se promulgó la Ley de Absorción de Instituciones Financieras por el BANIC de Corporación Francoamericana de Finanzas (FRANCOFIN),  Compañía Interfinanciera Nicaragüense (INTERFINANCIERA), Inversiones Nicaragüenses de Desarrollo (INDESA), Corporación Nicaragüense de Inversiones (CNI) y Banco de Centroamérica; y con el Decreto No. 528 el Banco de América absorbió Financiera del Norte (FINSA), Financiera de Occidente (FIDOSA), Financiera Industrial Agropecuaria (FIA) y Banco Exterior.

Después, con el Acuerdo No. 46 del 17 de octubre de 1985, el gobierno fusionó el Banco Nicaragüense y el Banco de América en un Banco de Industria y Comercio –el segundo fue absorbido por el primero-, que por coincidencia sus siglas fueron BANIC.

Así, en Nicaragua quedaron funcionando cuatro bancos especializados: Banco Nacional de Desarrollo (BANIC), integrado por el Banco Nacional de Nicaragua (BNN), el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), y el Banco Calley Dagnall, que atendía al sector agropecuario; el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), que atendía los sectores industrial y comercio; el Banco Popular, que atendía la micro y la pequeña empresa; y el Banco Inmobiliario, formado con la fusión de Financiera de la Vivienda, Inmobiliaria de Ahorro y Préstamo, Centroamericana de Ahorro y Préstamo (CAPSA) y Nicaragüense de Ahorro y Préstamo (NIAPSA).

Dieciséis años después surgió un acto reñido con la ley. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) reconoció una indemnización de US$450 por acción a los socios del Banco Nicaragüense (BANIC), que al momento de su nacionalización sumaban 35 mil acciones comunes pagadas y en circulación. Dicho sea de paso, el MHCP también reconoció en concepto de indemnización a los socios del Banco de América US$23.54 por acción a 424 mil 875 acciones.

En otras palabras, el MHCP, con el conocimiento que el BANIC estaba descapitalizado en un monto de C$496.8 millones al ser nacionalizado, no debió haber indemnizado a los socios del BANIC porque no tenían ningún derecho. ¿Qué argumentó el MHCP para indemnizar al extinto banco privado BANIC (y también al Banco de América)? Que en su momento las firmas auditoras no aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados ni las normas de la SIBOIF vigentes y que a los bancos se les había quitado los bienes que tenían en garantía o que eran de su propiedad.

Esos argumentos se caen por sí solos. El decreto gubernamental No. 25 mencionado al inicio de este artículo, que fue publicado en La Gaceta No. 3 del 24 de agosto de 1979, decía en su Arto. 2 “que el valor de las acciones resultaría de aplicar las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas con anterioridad al decreto por la SIBOIF”; además, las firmas que auditaron al BANIC (y al Banco de América) son de gran tradición y seriedad en el país, como son Donkin y Arguello (y Pasquier, Salas y Cía.) que representaron a prestigiosas firmas internacionales de auditores externos como son Alexander Grant (y Mancera Hermanos y Cía, S.C.).

Es muy difícil acusar a las firmas auditoras internacionales y nacionales de desconocer las las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas por la SIBOIF. Tampoco es aceptable ni razonable el argumento que el gobierno había quitado bienes en garantía y de propiedad de los bancos, porque la fecha de corte de la auditoría fue el 25 de julio de 1979, seis días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Con ese pago indebido por una inexistente indemnización, mediante la Resolución Ministerial 52-2001 del MHCP del 22 de agosto de 2001, los contribuyentes fuimos obligados a pagar en forma injustificada US$15.75 millones a los socios del extinto banco privado Banco Nicaragüense (y US$10.0 millones a los socios del extinto banco privado Banco de América), porque el valor de cada acción del Banco Nicaragüense (y del Banco de América) era menor que cero por sus montos negativos de patrimonio.

Esto fue un hecho inaudito en la historia bancaria de nuestro país, que fue conocido como “La piñata de los banqueros del 79”. El gobierno de Nicaragua, a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada, decidió pagar a los accionistas del Banco Nicaragüense (y del Banco de América) un precio por acción equivalente a 4.5 veces su valor de emisión (y 2.4 veces su valor de emisión a los accionistas del Banco de América) con el mantenimiento de valor que existía a julio de 1979.

Cabe señalar que el acusado en 2008 por la Fiscalía General de la República debido a sus actos inapropiados en la reestructuración de la deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 y las subastas de activos de los cuatro bancos liquidados, el banquero Eduardo Montealegre Rivas, fue uno de los beneficiados como socio del extinto Banco Nicaragüense con este otro golpe al presupuesto nacional que se concretó en 2001.

Entonces, ¿el aspirante a líder de la oposición política, Eduardo Montealegre Rivas, podrá gozar de confianza de parte de nuestra nación? Como ciudadano y como contribuyente, y también como economista, desconfío de esta persona, porque además, con el uso inapropiado que hace de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, es un evasor de la Justicia de nuestro país y también ha sido señalado públicamente como un evasor en el pago de sus impuestos por la Dirección General de Ingresos (DGI).