La política social de Nicaragua en 2010

25 03 2010

No existe una relación automática entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza humana, por lo cual se necesitan políticas públicas que reduzcan la tremenda inequidad en la distribución del ingreso y que concentren el futuro crecimiento económico entre la población pobre.

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento de la producción, pero es un estribillo que repetimos desde hace 20 años porque la economía crece anémicamente, a un ritmo promedio anual de 3.4% durante el período 1990-2010, la cual no facilita reducir el alto nivel de desempleo global que se aproxima a 27% de la población económicamente activa del país, ni a reducir la pobreza que afecta a casi el 80% de la población total del país.

Es necesario fortalecer el mercado interno, mejor dicho la demanda interna, o sea la inversión y luego el consumo. Es evidente que falta debatir el tema del crecimiento económico pro pobre y la política de empleo, y no debemos atenernos, como se atienen nuestros servidores públicos, a que solamente cuando hay crecimiento económico en los Estados Unidos de América, nuestro principal comprador de materias primas fuera del istmo centroamericano, Nicaragua podrá tener algún crecimiento económico.

Sin producción suficiente no puede mejorarse la situación social de la población, ni podría extenderse la seguridad social para los trabajadores, que hoy cubre sólo al 20% de la población económicamente activa del país. La ampliación de la seguridad social dependerá de la creación de más y mejores empleos, o sea de una realista y efectiva estrategia de producción, que aún no existe. También dependerá de una reforma educativa, incluyendo la capacitación técnica y actividades de investigación y desarrollo, que permita disponer de mano de obra más calificada y mejorar las remuneraciones. Pero también es necesaria una estrategia de comunicación social que plantee los incentivos y beneficios de la afiliación, el derecho al uso de los servicios de salud, al otorgamiento de pensiones sobre invalidez, vejez y muerte, y promover el principio de solidaridad entre los trabajadores, con más razón ahora que se pretende hacer una reforma integral a la segurida social en el país con el mayor consenso posible.

La política fiscal es muy importante para la búsqueda de la armonía de los elementos socioeconómicos de las políticas públicas nacionales. Se han hecho varias reformas tributarias en las últimas cuatro administraciones públicas y todavía no se observa la voluntad política de buscar la equidad en el cobro de los impuestos, o sea que los que tienen más paguen más impuestos, los que tienen menos paguen menos impuestos y los que tienen los mismos niveles de riqueza paguen similares montos de impuestos.

La equidad entre la política económica y la política social pasa primero por la capacidad de negociación técnica y política de los funcionarios públicos frente a los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Aunque el Programa “Servicio Reforzado de Ajuste Estructural” (ESAF) del FMI cambió su nombre por el de “Servicio del Crecimiento y Reducción de la Pobreza” (SCRP), no ha significado que este último programa apunte más hacia la solución de nuestros grandes problemas sociales, sino que es el extinto Programa ESAF con un poco más de gasto social; además, el impacto de las políticas económicas del Programa SCRP sobre la población pobre del país nunca ha sido evaluado en forma ex ante.

El primer Programa “Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 1994-1996” (SRAE 1 o ESAF 1) no contempló medidas efectivas para paliar el alto costo social del ajuste económico y de las reformas estructurales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Detrás del ESAF 1 venían los tanques de guerra, al no haber ninguna acción que aliviara la situación de los pobres ante los efectos del ajuste económico y el desalojo del Estado del mercado.

Detrás del “Programa Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 1998-2001” (SRAE 2 o ESAF 2), venían las ambulancias, con los ensayos de redes de protección a la población vulnerable, mejor dicho a la población pobre.

Detrás del Programa “Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza 2002-2005” (SCLP 1 o PRGF 1) venía la infantería, o sea los pequeños grupos económicos que han sido favorecidos por las políticas públicas , que han concentrado el ingreso nacional y que han transformado a Nicaragua en uno de los países latinoamericanos con mayor inequidad en la distribución del ingreso.

Detrás del Programa “Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza 2007-2010” (SCLP 2 o PRGF 2) aparecen, por primera vez, los pobres.

El FMI aceptó la política social como parte de las políticas del programa, porque se estableció la condicionalidad de publicar anualmente los principales indicadores de salud, educación, nutrición y agua potable, lo cual ha sido hecho dos veces por el Banco Central de Nicaragua y, con esos datos, se evalúa la política social de la actual administración pública.

Seis principios tiene el nuevo enfoque de la política social de la administración del Presidente Daniel Ortega: capitalizar a los pobres, asegurar la gratuidad de los principales servicios sociales, apoyar financieramente a los productores en las zonas rurales, alinear la cooperación internacional a los sectores priorizados, formular proyectos para alcanzar los Objetivos de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2015 y garantizar la participación de los pobres en la solución de sus problemas.

Así, los objetivos de la política social en 2010, mejor dicho en el quinquenio de la administración pública actual, son reducir el analfabetismo, mejorar la calidad de la educación, la gratuidad en primaria y secundaria; mejorar la calidad de los servicios de salud, la gratuidad en el sistema público y ampliar su cobertura a la población; erradicar el hambre entre los más pobres; y aumentar la cobertura efectiva y la calidad de los servicios de agua y saneamiento.

Reitero que sin un crecimientos notable y sostenible de la producción, todos estos propósitos se reducirán a buenos deseos. Sin cooperación externa y  después de garantizarse el creciente pago de la deuda pública interna (el pago de la deuda pública externa ya ha sido reducida a un monto menor del 7% del valor de las exportaciones del país), nuestro presupuesto nacional continúa distribuyendo miseria fiscal como observé en el momento en que Nicaragua recibió la más grande ayuda internacional, cuando nuesro país arribó al Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados el 23 de enero de 2004: no pagar con nuestros impuestos US$212 millones promedio anual en el quinquenio 2002-2006 a nuestros acreedores externos, exclusivamente a los países del Club de París y los organismos financieros multilaterales, y utilizar esos recursos tributarios para financiar los gastos de reducción de la pobreza. Sin embargo, la pobreza entre los nicaragüenses aumentó, porque más de la mitad de esos recursos fue desviada al pago de una deuda interna denunciada como ilícita por la Contraloría General de la República y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República.

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One response

25 03 2010
Cornelio

Estimado,
no voy a gastar espacio en subrayar donde concordamos (sin más producción -yo añado sin una productividad más alta, pues solamente expandiendo lo que hacemos tal como lo hacemos, estamos destruyendo al país- no hay menos pobreza).
Pero: el asunto para mi NO es un asunto meramente de gobierno(s) sino por igual de los otros sectores, en particular de la “empresa privada” (donde incluyo a los Bancos) y del sector académico (institucionalmente, no solo de unos tantos académicos).
Consecuentemente -y hasta más importante- ¿cómo superar el role patético que ambos juegan hasta el momento (y no desde ayer sino desde décadas)?
Saludos

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