La política fiscal de Nicaragua en 2010

19 03 2010

La política fiscal de Nicaragua en 2010 muestra más cambios por el lado de los ingresos que por la vía del gasto. Los dos supuestos gubernamentales para el presupuesto nacional no son válidos desde inicios del año, porque la tasa de crecimiento económico de 1% está superado sólo por el resultado de la producción agroexportable y la tasa de inflación acumulada anual de 3%, que en términos promedio anual iguala el 5%, quedó rezagada por la actual aceleración de los precios internacionales de los hidrocarburos y las materias primas.

Los cambios por el lado de los ingresos provienen de la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, que puso en entredicho la ética profesional de algunos servidores públicos porque apostaron desde un inicio a una nueva recaudación tributaria de US$150 millones (igual a 2.5% del PIB), mientras que el acuerdo económico de agosto de 2009 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicaba sólo US$45 millones (0.7% de PIB). En otras palabras, los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tuvieron que aceptar con beneplácito la reducción de la tasa de 2.5% a 1.0% del pago mínimo definitivo sobre los ingresos brutos.

La reforma castigó más no sólo a los agricultores que al resto de productores, sino también el ahorro de las personas de bajos ingresos y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, encareció los préstamos en el sistema financero nacional y provocó más riesgos a la seguridad alimentaria y más informalidad en el mercado laboral.  También reflejó algunas bondades, entre las cuales se distinguen el incremento de la base exenta del impuesto sobre la renta de los asalariados, el financiamiento del subsidio a trabajadores asegurados activos de bajos ingresos en la adquisición de casas de interés social, y el cobro del impuesto a los intereses devengados en las inversiones por compra de títulos valores emitidos por las instituciones gubernamentales. Sin embargo, estimo que la recaudación equivalente a 0.7% del PIB esperada con la reforma no se cumplirá en 2010, debido a que los agentes económicos están en un proceso de asimilación de las nuevas disposiciones en el pago de los impuestos.

Por otro lado, el reglamento de la ley también “legisló” a favor de las empresas al disminuir la retención del impuesto sobre la renta de 2% a 1% en la compra de bienes y servicios, a los supermercados con la aplicación del 1% de pago mínimo definitivo sobre el margen de comercialización y no sobre los ingresos brutos, y a los pequeños negocios que no tienen ventas anuales superiores a C$1,200,000 con la exoneración del 1% del pago mínimo definitivo.

Lo más preocupante es que el gasto gubernamental en precios corrientes registrado en 2009 fue implantado en 2010, un presupuesto de gastos que fue recortado tres veces por efectos de la recesión económica mundial (o por la menor recaudación de impuestos sobre las importaciones y el consumo)  y por la reducción de las donaciones de divisas líquidas de libre disponibilidad del Grupo de Apoyo Presupuestario. Así, un presupuesto de gastos de un año de crisis ha sido endosado a un año de leve recuperación económica y de estancamiento de la pobreza. Queda otra vez demostrada la incapacidad estatal de ejercer una política fiscal anticíclica, dada la incertidumbre de una posible recaída de la economía mundial. 

La política del gasto continúa concentrándose en inversiones en servicios públicos, energía, red vial y construcción de viviendas; la masa salarial se ajusta con la proyección de una inflación de 3% anual, ya rezagada por la realidad nacional a finales de febrero; las transferencias a las alcaldías ya arribaron al máximo de 10% de los ingresos tributarios establecido por la ley, pero no se ha concluido la reforma que normaliza las responsabilidades del gobierno central y los gobiernos municipales; y el déficit fiscal, similar al registrado en 2009 y muy cercano al 5% del PIB antes del registro de las donaciones externas, obliga a un nuevo endeudamiento interno de US$130 millones porque la cooperación internacional disminuye hasta US$383 millones, y porque también se pagarán US$210 millones en concepto de amortizaciopnes e intereses principalmente a los tenedores de Bonos de la Propiedad Indemnizada y a los inversionistas en Letras Estandarizadas del Tesoro Nacional.

El gobierno avanza muy lentamente en el cambio de la lógica económica del Estado con recursos insuficientes. El gasto de reducción de la pobreza, que se ha redefinido tres veces en el país, ha crecido pero su monto no logra mitigar el impacto de la recesión económica mundial, que se tradujo en un mayor desempleo involuntario y en una reducción de los ingresos de la población. También es muy seguro que las autoridades públicas no diminuirán el consumo público para incrementar la inversión pública en un año preelectoral, debido a la necesidad de atraer votos en noviembre de 2011, pero aún así no debe obviarse el hecho que la planilla de la administración pública aumentó 44,268 puestos de trabajo entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009.

Unos últimos consejos a nuestros servidores públicos: actualicen lo supuestos del presupuesto, reformen el presupuesto nacional antes de junio próximo,  revisen el monto de los impuestos provenientes de la reforma tributaria, recorten el gasto corriente superfluo, legislen sobre las remuneraciones de los empleados públicos para adecentar los altos y los bajos salarios, y traten de coordinar la formulación de una política de empleo para enfrentar con cierto realismo el desempleo involuntario y la creciente pobreza del país.

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