7 riesgos económicos de Nicaragua en 2015

23 11 2014

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Los servidores públicos a cargo de la programación económica de Nicaragua en 2015 tendrán que sopesar siete riesgos, unos reales y otros latentes o bastante probables, que se pueden visualizar en el ámbito económico tanto internacional como nacional.

Una preocupación permanente en la economía internacional es la persistente alarma de la desaceleración económica mundial. La Eurozona está anclada al estancamiento, al crecer 0.2% en el tercer trimestre de este año después de haber crecido 0.1% en el segundo trimestre, porque no tiene inversión ni políticas monetarias ni fiscales lo suficientemente expansivas.

Japón, técnicamente en recesión al caer su producción en dos trimestres consecutivos, observó una contracción de 0.4% en su Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año en curso, por lo cual el primer ministro Shinzo Abe decidió postergar la alza de la tasa del impuesto sobre el consumo (IVA) del 5% al 10%. China, con un crecimiento desacelerado de 7.3% en el tercer trimestre de 2014, muy difícilmente cumplirá su objetivo de que su PIB crezca 7.5% en 2014 y recientemente bajó los impuestos y las tasas de interés para aliviar las cargas a las pequeñas empresas.

Por el nuevo deterioro económico europeo, japonés y chino, a finales de octubre los miembros de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos manifestaron que el crecimiento económico de 3.5% en el tercer trimestre del año podría verse afectado en el mediano plazo –la producción industrial manufacturera ya se desaceleró en noviembre-, con la posibilidad de que la tasa de inflación continúe bajando y surja el riesgo de la estanflación o caída de salarios y precios. Una nueva desaceleración del crecimiento económico afectará negativamente el desempeño productivo del país.

En el ámbito nacional ya se visualizan algunos riesgos económicos. La imposibilidad de que se renueve el TPL, como son conocidos los Niveles de Preferencia Arancelaria, por parte del Congreso de Estados Unidos antes de que concluya el año en curso, podría provocar el despido de 7 mil trabajadores de las empresas textileras de zona franca a partir del enero de 2015 (una estimación de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES)- por lo cual la falta de ingresos afectaría a lo sumo a 42 mil personas de las zonas urbanas del país.

Entre junio y el 21 de noviembre de este año, los países productores de hidrocarburos observan con bastante preocupación la caída de 26.7% promedio mensual del precio del barril de petróleo WT|I, que ya arrastró a la caída de los precios internacionales de los combustibles, pero esto beneficia a los países consumidores, como Nicaragua, por el menor monto que tiene la factura petrolera, lo cual está por verse en nuestro país con la tendencia declinante apropiada de los precios de las gasolinas, dieses y gas licuado. Sin embargo, el riesgo latente asociado con los bajos precios del petróleo y sus derivados es la muy probable caída de los precios de los otros commodities en el  mercado internacional, lo que provocaría un descenso en el valor total de las exportaciones de materias primas de nuestro país en el corto plazo.

Otro riesgo proveniente del menor precio internacional del oro negro se concentra en el monto del financiamiento de la factura petrolera que concede Venezuela a nuestro país desde 2007. No se pone en duda que los países asociados con PETROCARIBE continuarán recibiendo el suministro petrolero venezolano en condiciones favorables. Sin embargo, debido a los graves problemas económicos de Venezuela, que en 2014 se reflejan principalmente en una caída de 3% del PIB, una tasa de inflación de 69.8%, un déficit fiscal igual a 14.2% del PIB y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos del orden de 15.9% del PIB, es bastante probable que disminuya el nivel de concesionalidad del crédito petrolero recibido por Nicaragua, que en la actualidad es igual a 50% del valor de la factura de cada embarque de crudo o de combustibles líquidos, con un plazo de 23 años más 2 años de gracia y una tasa de interés anual de 2%.

Otro riesgo que está latente es un nuevo atraso del proyecto hidroeléctrico TUMARÍN, debido a la investigación a diez empresas brasileñas de la actividad de la construcción por una supuesta trama que desvió hasta 3 mil 880 millones de dólares de la empresa estatal PETROBRAS, y que tienen más de 19 mil 400 millones de dólares en contratos con esa empresa estatal. Las diez empresas investigadas, entre las cuales se encuentra el conglomerado Queiroz Galvão, hicieron donaciones en la reciente campaña presidencial, de tal forma que el Partido de los Trabajadores (PT) y las formaciones aliadas del Gobierno brasileño de la presidenta Dilma Rousseff recibieron 48 millones de dólares, los partidos de la oposición recibieron 27 millones de dólares y los partidos que apoyan al Gobierno eventualmente recibieron 3 millones de dólares. Queiroz Galvão y la empresa estatal brasileña ELETROBRAS integran la firma Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) que construirá el proyecto TUMARÍN, con una inversión total de 1 mil 100 millones de dólares en un período de 4 años y una potencia instalada de 253 megavatios. En septiembre de 2014 se confirmó que la ejecución de este proyecto se iniciará en el primer trimestre de 2015, y con la creación de 6 mil empleos directos e indirectos se puede prever que la tasa de crecimiento económico anual de Nicaragua aumente al menos 1 punto porcentual y a lo sumo 2 puntos porcentuales durante el período de ejecución de este megaproyecto.

En la semana que pasó se conoció que los estudios de la mega obra “Proyecto de Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua”, estarán concluidos hasta marzo o abril de 2015 y que el 22 de diciembre próximo se iniciará la construcción de un puerto en la desembocadura del Río Brito en la Costa del Pacífico. Esta mega obra es de vital interés nacional, pero la imagen del proyecto está afectada por el secretismo con que se maneja la información para la población en general y por la poca credibilidad de los informes de los voceros. Paul Oquist Kelley, secretario privado de la Presidencia para Políticas Públicas, aseveró inicialmente que este proyecto generaría 1 millón de empleos, en vez de 50 mil empleos directos y 200 mil empleos indirectos como lo afirma la HKND, y una tasa de crecimiento económico de 10.8% en 2014 y 15.0% en 2015, mientras que Telémaco Talavera Siles, actual vocero del proyecto, ha generado expectativas cortoplacistas sobre el proyecto que se contradicen con la magnitud de la obra. A esto se agrega el riesgo latente de la creciente inconformidad social por la falta de información sobre las expropiaciones de las propiedades ubicadas en la ruta seleccionada para el Gran Canal: la población desea saber el precio de las propiedades afectadas, los mecanismos y/o procedimientos de pago, y el lugar de reubicación, entre otros datos sensibles, que traiga certidumbre y tranquilidad a nuestra nación.

Un último riesgo latente en 2015, un año pre electoral tanto en Nicaragua como en Estados Unidos, sería la revisión de la cooperación multilateral, específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA), dada la predisposición del Partido Republicano que ahora tiene una presencia mayoritaria en el Congreso de Estados Unidos, y especialmente la de su ala radical conocida como Tea Party, debido a las quejas de fraudes electorales de la así denominada oposición política del país desde 2008. El BM/IDA suspendió desde 2009 los préstamos para apoyo presupuestario a Nicaragua, por incumplimiento de las condicionalidades de gobernabilidad, y en la actualidad, al no existir un programa económico suscrito con el Fondo Monetario Internacional, el país no ha recibido desde 2012 apoyo presupuestario del BID ni apoyo a balanza de pagos del FMI. Tanto del BID como del BM/IDA, Nicaragua recibió en 2013 aproximadamente 300 millones de dólares en cooperación oficial “atada” a la ejecución de proyectos y programas del sector público.

En conclusión, los objetivos económicos de Nicaragua 2015 estarán sujetos a un mayor número de restricciones económicas. Por eso, los formuladores de las políticas públicas deberán apuntar mejor en la solución de los problemas que se avecinan.





Nicaragua necesita una Ley de Responsabilidad Fiscal

16 11 2014

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Nicaragua ya obtuvo los beneficios de dos iniciativas de reducción de la deuda externa. Una fue la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), que fue impulsada por el Grupo de los 7 (G7) desde octubre de 2006, con grandes costos sociales para nuestra nación por los efectos de las reformas estructurales que se implementaron a partir de 1990 y principalmente desde la suscripción del primer programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 1994, alcanzándose su Punto de Culminación “Flotante” en enero de 2004; otra fue la Iniciativa de Reducción de la Deuda Multilateral (MDRI), promovida el 8 de julio de 2005 por el entonces Secretario de Finanzas de Gran Bretaña, Gordon Bown.

El saldo de la deuda pública externa de Nicaragua bajó de 11 mil 695 millones de dólares en 1994 a 3 mil 384 millones de dólares en 2007, gracias a la condonación de 14 mil 79 millones de dólares entre 1990 y 2007, pero ha quedado pendiente la reestructuración, en el marco de la Iniciativa HIPC, de casi 1 mil 600 millones de dólares con pocos países que no son miembros del Club de París, entre los cuales se destacan por los montos adeudados Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. Con el aval del FMI, que fue nombrado por el G7 como el coordinador mundial de la Iniciativa HIPC, esa deuda pendiente de reestructuración no es honrada con el pago de intereses ni de amortizaciones, hasta que los acreedores muestren la voluntad política de reestructurarla.

Durante el período 2007-2013 el saldo de la deuda pública externa de Nicaragua ha crecido con un ritmo promedio anual de 5%, y sumó 4 mil 532 millones de dólares el 31 de diciembre del año pasado, aunque como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del país disminuyó de 45.4% a 40.3% en ese mismo período. Sin embargo, ese saldo de la deuda pública externa muestra un sesgo hacia abajo, porque el crédito petrolero y la cooperación bilateral de 2 mil 967 millones de dólares facilitados por Venezuela durante el período en referencia se registran como una deuda privada externa, también con el aval del FMI. Como fue conocido en 2007, los términos financieros del crédito del 50% de la factura petrolera son 23 años plazo más 2 años de gracia y 2% de tasa de interés, un préstamo muy concesional como los que nos facilitan el Banco Mundial (BM/IDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Debido a que se desconoce tanto el pago como el saldo de la deuda con Venezuela, con el supuesto que la empresa privada ALBANISA no ha pagado intereses ni amortizaciones de esta deuda y con el supuesto que dicha cooperación es una deuda pública y no privada (aunque la hemos estado pagando con las compras de combustibles en las estaciones de gasolinas y diésel y no con nuestros impuestos), el saldo adeudado por los nicaragüenses ascendería a 7 mil 499 millones y equivaldría al 67% del PIB, por lo que hemos retornado a ese extraño club de países muy endeudados en términos de producción, con la diferencia que hoy Nicaragua se clasifica entre los países de ingreso medio bajo y ya no es visto como un país pobre por la Comunidad Internacional al tener un ingreso bruto per cápita promedio anual de 1 mil 865 dólares en 2013.

Si al dato supuesto de la deuda antes mencionado se adicionara el saldo de la deuda pública interna al 31 de diciembre del año pasado, la deuda pública total ascendería a 8 mil 561 millones y al 76% del PIB a finales de 2013. En otras palabras, de cada 100 córdobas que producimos, debemos 76 córdobas a nuestros acreedores externos e internos, con la observación que el pago anual del servicio de la deuda externa (intereses y amortizaciones) es bastante menor que el pago del servicio de la deuda interna, por la condicionalidad macroeconómica de que el sector público sólo puede contratar nueva deuda externa con un elemento mínimo de concesionalidad de 35%, ya que nuestro país no tiene capacidad de pago en el mercado financiero internacional.

Una donación tiene un elemento de concesionalidad de 100%, es decir, es una cooperación no reembolsable; el de 35% o más significa, por ejemplo, que en 2013 el sector público de Nicaragua contrató nueva deuda externa por 543 millones de dólares con un plazo de 27 años, 13 años de gracia y una tasa de interés de 2.9%, de tal forma que el elemento de concesionalidad fue 44.0%. Cabe recordar que con nuestra manifiesta incapacidad de pago, el abogado Noel Ramírez, desde la presidencia del Banco Central de Nicaragua (BCN), nos endeudó parcialmente mediante una emisión de CENIs Bancarios por la quiebra del INTERBANK con un plazo de 4 años y una tasa de interés (dolarizada) de 21.43%, nunca antes vista en nuestra historia económica y financiera, con la complacencia del entonces Representante Residente del FMI en Nicaragua, Joaquim Harnak, quien se mantuvo en ese cargo entre 1999 y 2002.

Hoy no se prevén más iniciativas para reducir deuda externa y se observa un alto nivel de endeudamiento externo. Es por esto que Nicaragua necesita una ley de responsabilidad fiscal, con la que se facilitaría la rendición de cuentas en las finanzas públicas, y nuestro país podría tener reglas numéricas sobre indicadores económicos clave, tales como el déficit fiscal y la deuda gubernamental para garantizar la sostenibilidad fiscal, y reglas de procedimiento para reforzar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

La responsabilidad fiscal se extendería al gobierno central, las alcaldías, los entes autónomos descentralizados, las universidades públicas y las empresas estatales financieras y no financieras, no habría desviaciones o incumplimientos de las metas del gasto público (excepto cuando el desvió se deba a variaciones de los ingresos), se prohibiría el uso del endeudamiento público para financiar el gasto corriente del presupuesto nacional y se podría regular los sueldos y salarios de los funcionarios públicos.

Con una ley de responsabilidad fiscal desaparecerían las subestimaciones y sobreestimaciones de los ingresos tributarios, un defecto que se ha mantenido en la formulación del presupuesto nacional desde hace más de 20 años, y surgirían las sanciones a los funcionarios públicos desde multas crecientes de meses de sueldo hasta la destitución del cargo del funcionario público. Así se podría evitar algunas sugerencias de sanciones que obstaculizarían el crecimiento económico del país, como la propuesta pública proveniente de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (BAPLI) de asignar menos recursos presupuestarios a las instituciones públicas que subejecuten su gasto inversionista.





La estabilidad macroeconómica y el descontento de la población

9 11 2014

Por la ausencia de la cooperación oficial en divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo a la balanza de pagos y al presupuesto nacional en este año, y que se observa desde 2012, el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha tenido que recurrir en una mayor forma a la compra de divisas, es decir, ha comprado divisas por un monto de 172 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2014 para lograr un aumento de casi 177 millones de dólares en el saldo de las reservas internacionales brutas y continuar garantizando las condicionalidades de estabilización macroeconómica del país, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Por supuesto que para administrar su balance de divisas, el BCN también ha recibido el auxilio de un aumento de US$82 millones en el encaje en moneda extranjera que los banqueros depositan en las arcas de la autoridad monetaria.

Las dos condicionalidades de estabilización macroeconómica se han sobre cumplido en todos los momentos de este año. A finales de octubre recién pasado, el saldo de las reservas internacionales brutas de 2 mil 170 millones de dólares fue equivalente a 2.86 veces el saldo de la base monetaria o dinero de alto poder, que es la suma del saldo de la emisión de dinero y el del saldo del encaje sobre los depósitos en córdobas que los grupos financieros depositan en el BCN, que es superior a las 2.2 veces que se estableció en el cuarto programa económico trienal con el FMI, y que el BCN la elevó hasta 2.4 veces en su política monetaria presentada en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP) 2015-2018, que acompaña la propuesta de Ley del Presupuesto General de la Republica (PGR) 2015 recién presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a la Asamblea Nacional de Nicaragua.

La segunda condicionalidad es que el saldo de las reservas internacionales brutas sea equivalente a 3 meses de importaciones de bienes CIF. Tomando en cuenta el valor promedio mensual de dichas importaciones entre enero y agosto de este año, el saldo de las reservas internacionales al 31 de octubre es igual a 4.61 meses de susodichas importaciones. Por consiguiente, no hay lugar para una especulación en el mercado cambiario.

Al 31 de octubre, cada dólar de reserva internacional neta (tanto del monto adeudado al FMI como del saldo de la deuda interna de corto plazo) del BCN respalda a casi 12 córdobas, mientras que el tipo de cambio oficial de C$26.3824 por US$1 fue igual a 2.2 veces la paridad cambiaria antes mencionada. En otras palabras, la estabilidad del tipo de cambio reptante está garantizada. Sin embargo, este régimen cambiario continúa fortaleciendo la dolarización extraoficial de la economía junto con la proliferación de mecanismos de indexación de precios con el tipo de cambio, obstruyendo la correcta aplicación de la política monetaria y financiera de la autoridad monetaria.

Por otro lado, siempre utilizando los datos del BCN, el mantenimiento de una baja y estable presión inflacionaria también se ha logrado, aunque ha sido torpedeada tanto por la especulación de los precios del frijol desde febrero de este año como por los elevados precios de los combustibles líquidos no obstante la caída acelerada del precio internacional del petróleo observada desde junio de este año.

En octubre, mes en que se inicia una aceleración estacional de los precios al consumidor por la conclusión de la “cosecha de primera” del ciclo agrícola y por la creciente demanda de dinero en el último trimestre del año, la inflación fue apenas de 0.11%, acumulando una presión de 5.04% en el transcurso del año (que es 1.1 puntos porcentuales mayor que la registrada en enero-octubre de 2013) y, en términos interanuales, o sea, entre octubre de 2013 y octubre de 2014, la inflación fue igual a 6.63%, apenas 2 décimas menor que la observada en octubre de 2013.

Este resultado inflacionario es, indudablemente, aceptable para el BCN, ya que programa en una extraña forma la tasa de inflación anual local con la suma de dos dígitos, la tasa de devaluación nominal oficial (5 puntos) y la tasa de inflación de los países de economía avanzada (2 puntos). Pero no se debe obviar el reclamo de los estratos de la población de bajos ingresos por el alto costo de la vida, ya que concentran sus gastos principalmente en la adquisición de alimentos.

Ese reclamo se fundamenta en que la tasa de inflación de los precios de los 53 productos contenidos en la canasta de consumo básico es de dos dígitos en el transcurso de este año. El costo oficial de dicha canasta en septiembre fue de C$12,220.30, el cual refleja una tasa de inflación acumulada de 10.66% a dicho mes, y una tasa de inflación interanual (con respecto a su costo en septiembre de 2013) de 11.19%. Lo preocupante es que el costo de los 23 alimentos incluidos en la canasta se ha incrementado 16.12% debido a las alzas importantes de los precios de los siguientes productos: frijol, ayote, plátano verde, repollo, papa, queso seco, arroz y carnes de res, cerdo y pollo. Además, se agrega el agua.

En la tarea de mantener la estabilidad del tipo de cambio y de los precios al consumidor, el BCN ha colocado Letras Estandarizadas y Títulos Especiales de Inversión en términos netos (colocaciones menos redenciones) por un monto total de 2 mil 17 millones de córdobas entre enero y octubre de este año, una nueva deuda pública interna generada por el BCN, con la consecuente reducción de la base monetaria en 522 millones de córdobas. Este es el costo de la estabilidad, al cual se adiciona una pérdida del BCN de 807 millones de córdobas en el lapso antes mencionado en concepto del pago del mantenimiento de valor y del rendimiento de los títulos valores que ha emitido anteriormente.

Aunque algunos servidores públicos y representantes de los grupos financieros radicados en el país afirman que todo está funcionando bien y no hay que modificar nada, se puede concluir, con base en el escenario macroeconómico descrito anteriormente con datos oficiales, que  la política macroeconómica tiene debilidades desde hace varios años. El reto es concluir las reformas estructurales de la economía, entre ellas la política del gasto público, la política monetaria, el régimen cambiario y el restablecimiento de la política financiera, para que en el largo plazo se logre disminuir la informalidad del mercado, facilitar el acceso a la seguridad social, ampliar la escolaridad promedio nacional, amentar la productividad y, especialmente, reducir el grave desequilibrio comercial externo que nos conduce a un mayor endeudamiento público externo.





Baja de crudo no llega a los bolsillos

6 11 2014

En una amplia entrevista con Trinchera de la Noticia, Avendaño analiza el panorama actual y temas como si bajará el precio de la energía al público o si la economía se beneficiará del brusco cambio impulsado por el petróleo.

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¿Existe un comportamiento análogo entre los precios internacionales del crudo y sus derivados y los precios internos de los combustibles líquidos en Nicaragua?

Ayer martes 4 de noviembre el precio del barril de petróleo WTI, marcador de referencia para Latinoamérica, cerró en US$77.36, lo cual indica que ha caído 26.6% desde el 30 de junio de este año, y también ha arrastrado a la baja a los precios internacionales de los combustibles. Sin embargo, a pesar que en este año se está procesando un poco más de crudo e importando menos combustibles en Nicaragua con respecto a 2013, entre junio y octubre de este año se observa en el mercado local que el precio promedio mensual del galón de diésel pasó de US$4.32 a US$3.97, el precio promedio del galón de la gasolina regular de US$4.89 a US$4.25, y el precio promedio de la galón de la gasolina super de US$5.09 a US$4.66. Son reducciones de precios bastante insignificantes comparadas a la caída importante del precio de su principal materia prima, que es el petróleo.

¿Quién fija los precios de los combustibles líquidos en Nicaragua?

Antes de identificar al fijador de precios, hay que señalar que la industria petrolera en nuestro país es oligopólica, es decir, existen pocas empresas; por ello, la fijación de los precios de las gasolinas y del diésel tiene un carácter exclusivamente monopólico. La empresa que fija los precios de los combustibles líquidos es la refinería de petróleo, hoy propiedad de PUMA que compró a la empresa ESSO todos sus activos en noviembre de 2011.

¿Se está beneficiando el país con los menores precios internacionales del petróleo y de los combustibles?

Es evidente que nuestro país, que es consumidor y no productor, aún no recibe, con la misma celeridad con que suben, los beneficios de los menores precios internacionales de los hidrocarburos desde mediados de este año, porque las empresas radicadas en el país ya hubiesen observado una reducción de los costos de producción y habrían obtenido una mayor competitividad; con la consecuente desaceleración de la tasa de inflación, los consumidores que devengan los más bajos salarios ya hubiesen observado cierto alivio en su poder adquisitivo, que se deterioró con la espiral de los precios de los alimentos desde febrero de este año; y el gasto del presupuesto nacional disminuiría con un menor monto de subsidio para el transporte de pasajeros en autobuses urbanos en la Ciudad de Managua y en Ciudad Sandino. Esto no ocurre porque el principal actor fija los precios de acuerdo con sus intereses. Por otra parte, no disminuiría la tarifa de electricidad, porque hay que cancelar un préstamo sin plazo y sin tasa de interés proveniente del crédito petrolero de Venezuela, que impidió una alza de dicha tarifa en 2012 por el precio creciente del petróleo y, por ende, del fuel oil demandado por las plantas termoeléctricas.

¿El Estado regula los precios de los combustibles?

El Estado de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), sólo regula el precio del gas licuado de petróleo o GLP. La ley no faculta al INE a que supervise la formación de los precios de los combustibles líquidos. No existe la iniciativa del Poder Ejecutivo para regular la formación de precios de estos combustibles y, así, defender el bienestar de los consumidores y los productores. Por lo menos el Poder Legislativo debería mostrar algún gesto para impulsar dicha supervisión. Lo que observo es que hay muchos diputados, pero pocos legisladores.

¿Cree usted que los diputados han fallado al respecto?

Creo que sí han fallado, porque parece que no oyen el reclamo de la población. Desde hace más de 6 años, varios profesionales, entre ellos este servidor, hemos aconsejado a las autoridades nacionales, tanto a los diputados de la Asamblea Nacional como a los funcionarios del poder Ejecutivo, que es necesario supervisar la formación de los precios de los combustibles líquidos con la aplicación del método del Precio Paridad Importación.

¿En qué consiste el método Precio Paridad Importación?

Es un método de cálculo de precios que simula la operación eficiente y equilibradamente rentable de la importación de un bien, mejor dicho, de la importación de los commodities, entre ellos el petróleo y los combustibles.

La regulación de los precios de los combustibles líquidos no significa que el Estado va a fijarlos a su libre arbitrio, mucho menos a congelarlos. En conjunto con la empresa privada, el Estado supervisa la formación de los precios finales al consumidor tomando en cuenta los fundamentos del mercado libre, o sea, tomando en cuenta el precio FOB, los costos del flete (incluyendo el paso del Canal de Panamá), y del seguro (tarifa internacional), los gastos bancarios (cartas de crédito y comisión bancaria) y de internación (muelle y aduana), las pérdidas (principalmente por evaporación) del producto, los márgenes de ganancias (de terminal, mayorista y minorista) y los impuestos (ISC y FOMAV). Entre los países del istmo centroamericano, Costa Rica, Guatemala y Honduras tienen regulación estatal de los precios de los combustibles líquidos.

El método Precio Paridad Importación tiene las ventajas siguientes: regula efectivamente los precios finales de los commodities, controla las utilidades excesivas en los mercados, mejora la focalización de subsidios, permite una mayor fortaleza para enfrentar choques petroleros e introduce racionalidad al subsector de hidrocarburos.

¿Cree usted que se puede establecer esa supervisión estatal de los precios de los combustibles líquidos en Nicaragua?

Por supuesto que sí, y no solamente se puede sino se debe implantar. Se podría establecer, siempre y cuando exista la voluntad política del gobernante, de los diputados de la Asamblea Nacional y principalmente de la Empresa Privada, especialmente ésta última que también tiene  iniciativa para presentar propuestas de ley. Nuestros servidores públicos deben tener en cuenta que, en ciertas ocasiones, la Mano Invisible del Mercado debe estar acompañada de la Mano Visible del Estado, con más razón si el mercado es imperfecto, o sea, si el mercado es monopólico u oligopólico.

 





Carta 33 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Ing. Santos René Núñez Téllez

4 11 2014

4 de noviembre de 2014

 Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Vuelvo a escribirle para reiterarle mi petición que la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua incluya en el Orden del Día la solicitud de dos jueces de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares, con el objetivo que se inicie el proceso de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre Rivas y responda por sus graves injurias y calumnias contra mi persona que difundió en el diario La Prensa el 31 de julio de 2008 y en una carta personal fechada el 2 de febrero de 2011.

El diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, debido a su arrogancia y prepotencia, se escudó en la inmunidad que le confiere su cargo y no se retractó tal como lo manda el Código Penal de la República de Nicaragua, es decir, que el Juez a solicitud del ofendido y a costa del querellado deberá ordenar la publicación de la retractación, de la sentencia de sobreseimiento o el acta del trámite de mediación en que consta la retractación o de un resumen de ella en el mismo medio de comunicación, en la misma forma, espacio, lugar y proporción en que se publicó, siempre y cuando el ofendido la acepte. El diputado Eduardo Montealegre Rivas ha provocado graves daños morales y económicos a mi persona, los cuales han trascendido a los miembros de mi núcleo familiar, por lo cuales también tendrá que responder en su debido momento.

Es por eso que le solicito haga del conocimiento de los miembros de la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua que mi querella contra el diputado Eduardo Montealegre Rivas, quien ha violado mis derechos humanos, es estrictamente personal, sin ningún ánimo político como el que él trató de impregnarla desde agosto de 2008.

Siempre con la confianza en que la Asamblea Nacional de Nicaragua haga respetar y cumplir las leyes, en especial la Constitución de la República, le escribo esta trigésima tercera carta para conocer su respuesta a mi petición que le presenté desde el 8 de mayo de 2012.

Atentamente,

 

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

 

cc:           Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta.

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, Tercer Vicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

Archivo.





Cambio en la hoja de ruta de la Fed no afecta a Nicaragua

2 11 2014

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Nicaragua no será afectada por la decisión del Sistema de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de cerrar su tercer programa de compra de activos o bonos (quantitative easing QE3) el 29 de octubre de este año, aunque mantiene su compromiso de dejar las tasas de interés en niveles bajos cercanos a 0%, mejor dicho, entre 0% y 0.25%, durante “un tiempo considerable” especialmente si la inflación sigue por debajo del objetivo del 2% a largo plazo (la tasa de inflación interanual a septiembre recién pasado fue iguala 1.66%). Sin embargo, la Fed confirmó que seguirá reinvirtiendo los beneficios obtenidos al vencimiento de los valores adquiridos con anterioridad, lo que, en su opinión, debería mantener unas condiciones financieras acomodaticias.

La decisión de la Fed implicará que el mercado financiero internacional comience a resentirse de cierta iliquidez, cuestión que será más visible en las economías emergentes al dejar la Fed de imprimir dinero, haciendo subir los tipos de cambio (si los mercados ya se habrán anticipado con la compra de dólares para tenerlos cuando valgan más) aunque momentáneamente se ha postergado el alza del costo del dinero en el mercado estadounidense afectando a los préstamos y los depósitos (de nuevo, si los mercados se están anticipando, las empresas trasladarían sus capitales a los Estados Unidos para obtener más réditos). Se prevé que la tasa de interés inicie su ascenso en el segundo semestre del próximo año -la última vez que la Fed elevó la tasa de interés fue en junio de 2006, cuando las dejó en 5.25%-, de tal manera que el próximo año observaremos menos liquidez y mayores tasas de interés en el mercado financiero internacional.

La Fed inició su programa en diciembre de 2013, con la compra de 85 mil millones de dólares mensuales en bonos con el objetivo de apoyar una recuperación económica más fuerte y ayudar a que la tasa de inflación anual se situara en el nivel de 2%, tal como lo señala su mandato junto al de pleno empleo. En el momento de la supresión gradual de este estímulo monetario, la Fed compraba 15 mil millones en bonos del Tesoro y del sector privado de Estados Unidos.

Un día después del desmantelamiento del masivo programa de compra de deuda de la Fed, se conoció que Estados Unidos, gracias al gasto público y las exportaciones, moderó su crecimiento económico en el tercer trimestre de este año a una tasa anualizada del 3.5%, menor que la de 4.6% correspondiente al segundo trimestre recién pasado, pero es un ritmo de expansión que se considera sólido para la primera economía del mundo ya que se acerca más al crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) potencial. Este dato se publicó a cinco días de las elecciones a medio mandato para renovar el Congreso estadounidense, pero no podría afirmarse que la economía estadounidense está en expansión: aunque está bien en sus indicadores macroeconómicos, tales como los déficit gemelos –fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos-, persiste el malestar entre los indicadores microeconómicos, tales como la producción manufacturera y la venta al por menor de los bienes de consumo duraderos y no duraderos.

Nuestro país no pierde ni gana con la reciente decisión monetaria estadounidense, sencillamente porque no visitamos el mercado financiero internacional dada nuestra incapacidad de pago, que se ejemplifica con un perenne déficit comercial externo equivalente y próximo a 21% del PIB. Es muy probable las importaciones se encarezcan, pero las empresas, principalmente las comerciales, ya habrán tomado alguna cobertura, mientras que los exportadores podrían beneficiarse porque los bienes se vuelven más baratos cuando el dólar se aprecia. Sin embargo, ambos efectos se neutralizarían en nuestro entorno económico, por la inefectividad de nuestro régimen cambiario al reptar con una tasa de devaluación diaria de 0.0138%.

Es por eso que sólo tenemos acceso a ventanillas de instituciones multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BIRF/IDA), que nos conceden sólo préstamos muy concesionales de divisas líquidas atadas a programas y proyectos del sector público porque el gobierno de Nicaragua no suscribió el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde 2012 nuestro país no recibe préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo a la balanza de pagos, con el fin de aumentar las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN); para apoyo presupuestario, destinado a un mayor gasto social; y para realizar las reformas estructurales pendientes, entre ellas la de la seguridad social, la eficiencia del gasto público, reducir la excesiva dolarización extraoficial y buscar una mejor opción del régimen cambiario, arla actualización del régimen cambiario, el mejoramiento de sistema de educación para incrementar la productividad, la reducción de la informalidad del mercado entre otras.

En 2013 Nicaragua contrató préstamos por US$543 millones a un plazo de 27 años más 13 años de gracia y una tasa de interés promedio ponderada de 2.9%, lo cual, según el BCN indica un elemento de concesionalidad de 44%, que es superior al de la condicionalidad de 35% que establecía el cuarto programa económico trienal suscrito con el FMI.  Ser atendidos sólo en ventanillas multilaterales para recibir cooperación oficial muy concesional fue visible cuando el Club de París nos condonó automáticamente la deuda externa de 1 mil 306 millones con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) el 23 de enero de 2004, que redujo el monto del servicio (intereses más amortizaciones) de la deuda externa efectivamente pagado desde 355 millones de dólares en 1997 (el servicio contractual era del orden de 1 mil 373 millones) hasta 76 millones de dólares en 2004 (el servicio contractual sumaba 292 millones de dólares).

Hoy el saldo de la deuda externa con acreedores multilaterales participa con el 60% en el total de la deuda externa –en octubre de 2006, cuando surgió la Iniciativa HIPC, participaba con el 28% en el saldo total de la deuda externa pública-, por lo cual es bastante probable que los países ricos acreedores nuestros hayan dicho a los servidores públicos de la administración del Ing. Enrique Bolaños que ya no les debíamos y que no deseaban vernos más tratando de contratar nueva deuda externa.

La ilusión que tuvimos con la Iniciativa HIPC fue que los impuestos liberados del pago de intereses y amortizaciones de esta deuda financiarían exclusivamente los proyectos de reducción de la pobreza de los nicaragüenses, pero fueron desviados por un pequeño grupo de servidores públicos al pago de las quiebras bancarias de 2000 y 2001, una deuda pública interna que fue denunciada por la Contraloría General de la República (CGR) como ilícita y que fue acusada por la Fiscalía General de la República por la vía penal en 2008.

En 2004, el primer año en que Nicaragua recibió la masiva ayuda de no pagar deuda externa, el ministro de Hacienda y Crédito público de ese entonces, Eduardo Montealegre Rivas, dijo públicamente que no existían recursos para financiar el vaso de leche escolar a los estudiantes de primaria. Sin embargo, sí existían recursos para pagar una deuda pública interna onerosa e ilícita, como lo fue la de las liquidaciones de cuatro bancos comerciales en 2000 y 2001, pero su proceso judicial está pendiente porque el ex ministro de Hacienda y Crédito Público y hoy diputado Eduardo Montealegre Rivas se escudó en la inmunidad que le confiere su cargo público.

En conclusión, la hoja de ruta de la Iniciativa HIPC en Nicaragua fue cambiada sin objeciones por su coordinador mundial, el FMI, mediante el invento de una fórmula para determinar el monto del alivio de la deuda que se destinaría al gasto de reducción de la pobreza, en vez de asignarlo totalmente, tal como lo mandó a hacer el Grupo de los 7 (G-7) en octubre de 1996.





El clamor antiinflacionario

26 10 2014

Presentación1

Según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Nicaragua, la tasa de inflación acumulada en este año, es decir, el aumento de precios entre diciembre 2013 y septiembre 2014, continúa siendo de un dígito al mostrar el nivel de 4.91%, apenas 8 décimas porcentuales mayor que la tasa de inflación acumulada en el mismo lapso del año pasado. Excluyendo los precios de los alimentos y los combustibles, la inflación denominada como “subyacente” es 4.98% acumulada a septiembre y es menor que la de 5.85% en el mismo mes de 2013.

Además, en términos interanuales, o sea, entre septiembre de 2013 y septiembre 2014, los precios al consumidor han subido 6.49% y reflejan casi 9 décimas porcentuales menos que la registrada en septiembre de 2013. En otras palabras, a septiembre la presión inflacionaria, determinada con el Índice de Precios al Consumidor, es menor que la del año pasado.

Con esos resultados inflacionarios a septiembre de 2014 se puede concluir que la tasa de inflación del IPC no es ni será un grave problema en la economía nicaragüense en este año, no obstante de la alza exorbitante que ha tenido el precio del frijol y cuestionada política monetaria del BCN que establece una meta inflacionaria anual de 7%, que es igual  a la suma de la tasa de devaluación (5%) y de la tasa de inflación objetivo de las economías avanzadas (2%) y fortifica la excesiva dolarización extraoficial de la economía. Entonces, ¿por qué el clamor de los nicaragüenses por la carestía de la vida?

El problema inflacionario de nuestro país radica en la pérdida del acceso de la población a los alimentos. Hoy se observa una aceleración del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico y desde junio de este año se registra oficialmente un salario promedio nacional (o del sector formal de la economía nicaragüense) que ya es inferior al costo de los 23 alimentos incluidos en la canasta de consumo básico. Por lo anterior, se puede concluir que la situación es peor para las personas que devengan el salario mínimo legal o un salario en el mercado informal que ya abarca al 80% de las empresas radicadas en nuestro país.

La tasa de inflación acumulada en este año de los 53 productos de consumo básico es de dos dígitos, 11.39%, y en términos interanuales es igual a 12.53%, al subir su costo total desde diciembre del año pasado en 1 mil 177 córdobas hasta el nivel de 12 mil 301 córdobas en septiembre  recién pasado.

El verdadero problema que resiente actualmente la mayoría de los asalariados es el aumento acumulado anual de 16.11% (20.55% interanual) de los precios de los 23 alimentos incluidos en susodicha canasta, entre los cuales se distingue la gran alza de 2.5 veces del frijol, cuyo precio promedio por libra pasó de C$10.77 en diciembre de 2013 a C$26.39 en septiembre de este año. Otros alimentos cuyos precios se han elevado entre 10% y 30% en el transcurso del años son, en orden de importancia, la naranja, la posta de cerdo, la cebolla blanca, el arroz, la carne de aves (pollo), la posta de res, la leche fluida, el azúcar y el plátano verde.

Sólo el salario promedio nacional pagado en el sistema financiero del país, que es igual a 16 mil 659 córdobas en junio recién pasado, es superior al costo total de la canasta básica oficial. Pero el salario mínimo legal de este año, que fue ajustado con una tasa de 10.53%, es, en términos promedio simple para las actividades no agropecuarias, igual a 4 mil 417 córdobas y equivalente al 54.13% del costo de los 23 alimentos básicos y al 36.14% del costo total de la canasta de consumo básico.

En otras palabras, se requeriría que 2 personas devenguen un salario mínimo no agropecuario para satisfacer las necesidades alimenticias de una familia, cuyo tamaño promedio nacional es de 5.9 personas según la V Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2009. También se requeriría que 3 personas devenguen ese salario mínimo para que adquieran una canasta de consumo básico y satisfagan, en principio, las necesidades familiares de alimentación, higiene personal, higiene del hogar, los pagos mínimos de los servicios públicos (agua y electricidad; se excluye el gasto por uso del celular del costo de la canasta), el transporte en autobuses urbanos (240 viajes por mes) y el vestuario.

Es muy fácil responder que el problema del aumento interanual de 12.53% del costo total la canasta de consumo básico observado en el mes pasado se puede resolver con más producción.

En este año, por ejemplo, se ha observado que la estatal Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) fue incapaz para garantizar el frijol a la población, y que el diputado de la Bancada de la Alianza PLI (BAPLI), Armando Herrera Maradiaga, introdujo una iniciativa de ley para estabilizar los precios del arroz, frijol, aceite, azúcar, leche, queso, huevos y pollo, a la cual no le veo futuro porque podría empeorar el desabastecimiento de los alimentos en el mercado local.

No debemos limitarnos a respuestas cortoplacistas para resolver los problemas en el abastecimiento de alimentos, principalmente de granos básicos. Aumentar la producción demanda la participación del Estado, los productores y los trabajadores, cuestión que se logra en el mediano y largo plazo con una mejor educación técnica, una efectiva transferencia de tecnología para los propietarios de microempresas y pequeñas empresas que no pueden comprarla –incluyendo proyectos para el riego de los cultivos -, el restablecimiento de una real banca estatal de fomento a la producción, la entrega de información económica a los productores de granos básicos, la implementación de un programa que reduzca las pérdidas post cosecha de granos básicos tanto en las fincas como en el proceso de distribución, y la ampliación de la infraestructura económica, principalmente la red de caminos rurales, la introducción de energía eléctrica, agua potable o mejorada y manejo de aguas residuales en las zonas rurales dispersas. Todas estas cuestiones podrían ser abordadas en el diálogo tripartito del Estado, los empresarios y los trabajadores.








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